Torre Pacheco, Jumilla y Las Torres de Cotillas. Son tres municipios de Murcia que han sido noticia este verano. El motivo ha sido por el cuestionable honor de haberse convertido en un laboratorio de Vox para aplicar en esta comunidad autónoma su agenda política racista. En el primero de estos municipios, el partido de Santiago Abascal participó en la campaña de promoción de cacería de marroquíes, y en los otros dos pueblos ha impulsado vetos islamófobos con la intención de prohibir el rezo musulmán. Como el PP estaba involucrado en el primero de estos dos vetos —en Jumilla— el PSOE ha aprovechado y ha convertido esta polémica en uno de los temas del verano. Vox ha decidido impulsar estas políticas en una autonomía que en el retorno de la democracia al Estado español empezó siendo un feudo socialista. Desde 1995, sin embargo, este territorio se tiñó de azul y ha sido una autonomía controlada por el PP. Los socialistas, además, han ido perdiendo peso a medida que han pasado los años, y la formación que ha irrumpido con fuerza en este territorio ha sido Vox, que actualmente da apoyo externo al ejecutivo de Fernando López Miras.
El detonador del caso de Torre Pacheco fue la agresión que tres jóvenes marroquíes propinaron a un señor mayor; que ya fueron detenidos. La paliza se grabó en vídeo y se viralizó en las redes sociales. Eso provocó a mediados del mes de julio diez días de disturbios con enfrentamientos cruzados entre Guardia Civil, ultraderechistas y población inmigrante. Varias cuentas de extrema derecha abogaban por apalear a inmigrantes en las calles del municipio, así como destrozarles los negocios. Durante aquellos días hubo varios heridos, así como cargas policiales. Santiago Abascal evitó condenar las agresiones ultraderechistas, que enmarcó en las "consecuencias" de la inmigración y la "desesperación" de los españoles.
Torre Pacheco y la cacería de marroquíes
Algunos de los vecinos, así como grupos ultras de todo el Estado español —colectivos de extrema derecha como Desokupa—, empezaron a organizarse en las redes sociales para hacer justicia por su cuenta ante lo que consideraban una situación de inseguridad que atribuían a la inmigración. Así, decenas de personas se concentraron en las calles de zonas con alta población de origen extranjero, como el barrio de San Antonio, y protagonizaron persecuciones o episodios puntuales violentos con palos, cuchillos y piedras, que obligaron a la Policía Local y a la Guardia Civil a intervenir para mantener el orden.
Unas semanas más tarde, la Fiscalía movió ficha y dictó un decreto de diligencias a la Guardia Civil para que investigue si Vox participó en una cacería de marroquíes "coordinada". Concretamente, su intención es averiguar si el partido de extrema derecha armonizó sus mensajes en las redes sociales con los de algunos streamers e influencers con el objetivo de promover el odio y la violencia contra inmigrantes en este municipio de Murcia. Ahora, la Fiscalía de Cartagena tiene dos investigaciones en marcha: una contra el líder de Vox en esta comunidad autónoma, José Ángel Antelo, y otra contra "un grupo de personas que a través de las redes incitaban al odio", según informaron a este periódico fuentes del Ministerio Público.
Se pretende averiguar si "había conexión entre ellos o cada uno actuó por su cuenta". La Fiscalía quiere que la Guardia Civil "determine si pudo existir un acuerdo previo de voluntades entre todos, o algunos de los perfiles investigados, por la comisión del delito, difundiendo de manera masiva contenidos que incitaban al odio y la persecución de un colectivo por motivo discriminatorio".
Jumilla y el primer veto antimusulmán
Días más tarde de los incidentes de Torre Pacheco, al principio de este mes de agosto, PP y Vox acordaron en el Ayuntamiento de Jumilla vetar el uso de las instalaciones municipales deportivas para que se celebren actos de la comunidad musulmana. El pacto consiste en una reforma para garantizar que el uso de las instalaciones deportivas sea "exclusivamente para el ámbito deportivo o actos y actividades organizadas por el Ayuntamiento" y "en ningún caso para actividades culturales, sociales o religiosas". No lo menciona explícitamente, pero eso afecta a las dos principales festividades del calendario musulmán (el inicio del Ramadán y la Fiesta del Cordero), que desde hace años congregan a centenares de creyentes en las instalaciones deportivas de este municipio murciano.
El PP decidió reivindicar la decisión tomada en este pueblo, asegurando que no están alineados con Vox con respecto a las políticas racistas. Justificaron que en el acuerdo alcanzado con el partido de extrema derecha no hay ninguna referencia explícita a ninguna religión, aunque la iniciativa se haya traducido en un veto a las celebraciones de ritos musulmanes. El PSOE, ante todo ello, decidió mover ficha.
La semana pasada, el Gobierno presentó un requerimiento ante el Ayuntamiento de Jumilla para impugnar el acuerdo. La delegada del ejecutivo de Pedro Sánchez defendió en un escrito que este veto atenta contra la libertad religiosa, y sostiene que la ley permite que se pueda utilizar un polideportivo para actividades socioculturales. De hecho, recuerda que "hace años" que esta comunidad ha podido celebrar actos en estas instalaciones. El documento también recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional exige que "cualquier restricción de derechos fundamentales esté motivada, sea necesaria y proporcionada", y también hace suya una sentencia del Tribunal Supremo de 2013 sobre la prohibición del velo islámico en espacios públicos en Lleida, en la que se pronunció en contra de vetar este elemento de la indumentaria musulmana.
Las Torres de Cotillas
Días después de haber obtenido los primeros resultados del globo sonda de Jumilla, Vox volvía a hacer un movimiento idéntico. Este jueves, el partido emitía un comunicado anunciando que su concejal de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Movilidad de Las Torres de Cotillas, Pablo Alberto Ruiz, tomaba la decisión de vetar un "rezo islámico ilegal" que se tenía que celebrar en el polideportivo del municipio. Tal como ha informado el mismo partido a través de un comunicado, el acto religioso "había sido autorizado por el PP sin los permisos correspondientes ni el abono de las tasas establecidas para el uso de las instalaciones públicas", motivo por el que la formación de extrema derecha ha decidido vetar este acto.
Los ultraespañolistas presumían de ser un partido que "allí donde gobierna, se cumple la ley". Ahora bien, el alcalde del municipio, el popular Pedro José Noguera, aseveró en declaraciones al periódico La Verdad que el comunicado de Vox estaba cargado de mentiras. Según él, no se ha prohibido en ningún caso este rezo, sino que se comunicó a la comunidad islámica que el polideportivo ya había sido reservado con anterioridad para celebrar otra actividad; y que los musulmanes del pueblo no encontraron inconveniente y acabaron encontrando un lugar alternativo.