El Gobierno ha presentado este lunes un requerimiento ante el Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) para impugnar el acuerdo —alcanzado entre PP y Vox— sobre el uso de las instalaciones municipales deportivas en el que se veta que se celebren actos de la comunidad musulmana. La delegada del ejecutivo de Pedro Sánchez defiende en un escrito que este veto atenta contra la libertad religiosa, y sostiene que la ley permite que se pueda utilizar un polideportivo para actividades socioculturales. De hecho, recuerda que "hace años" que esta comunidad ha podido celebrar actos en estas instalaciones. El documento también recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional exige que "cualquier restricción de derechos fundamentales esté motivada, sea necesaria y proporcionada", y también hace suya una sentencia del Tribunal Supremo del 2013 sobre la prohibición del velo islámico en espacios públicos en Lleida, en la que se pronunció en contra de vetar este elemento de la indumentaria musulmana.
"Ante la deriva extremista de PP y Vox, defendemos la Constitución, los derechos y la libertad religiosa; frenaremos sus medidas ultra como lo hicimos con las trabas al aborto en Castilla y León", ha aseverado en su cuenta de Twitter el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Se ha pronunciado de igual manera en esta misma red social el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres: "Ante la intolerancia no hay medias tintas; PP y Vox no pueden decidir para quién sí que hay libertad de culto para quién no; es un derecho constitucional".
La Conferencia Episcopal condena el veto antimusulmán de PP y Vox
Pedro Sánchez cuenta en esta pugna contra Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal con la Conferencia Episcopal como aliado. La Iglesia española denunció la semana pasada que el acuerdo alcanzado entre PP y Vox es una "discriminación" que "no puede darse en sociedades democráticas. "Las manifestaciones religiosas públicas, entendidas como libertad de culto, están amparadas por el derecho a la libertad religiosa, un derecho humano fundamental protegido por la Constitución española", esgrimía hace unos días la Conferencia Episcopal. "La limitación de estos derechos atenta contra los derechos fundamentales de cualquier ser humano. Y no afecta a solo un grupo religioso, sino todas las confesiones religiosas y también los no creyentes. Hacer estas restricciones por motivos religiosos es una discriminación que no puede darse en sociedades democráticas", subrayaban.
Este fin de semana, Abascal respondió a la Conferencia Episcopal entrando al choque. El líder de Vox aseguró que está "perplejo y triste" por el posicionamiento de la jerarquía eclesiástica "no solo por su posición en materia migratoria y de extremismo islamista, sino también por el silencio ante algunas medidas del Gobierno". Mencionó entonces medidas como el aborto o la ley de eutanasia. A pesar de reivindicarse como católico, el político ultra aseveró que no puede evitar cumplir con su "responsabilidad política". "Si otros no ejercen su responsabilidad, tendrán que rendir cuentas ante otras personas o instancias", añadió.
El acuerdo de PP y Vox contra los rituales de los musulmanes en Jumilla
El acuerdo entre PP y Vox consiste en una reforma para garantizar que el uso de las instalaciones deportivas sea "exclusivamente para el ámbito deportivo o actos y actividades organizadas por el Ayuntamiento" y "en ningún caso para actividades culturales, sociales o religiosas". No lo menciona explícitamente, pero eso afecta, principalmente, a las dos principales festividades del calendario musulmán (el inicio del Ramadán y la Fiesta del Cordero), que desde hace años congregan centenares de creyentes en las instalaciones deportivas de este municipio murciano.