"Que no sea un candidato con cuentas pendientes" exigía Mariano Rajoy para el próximo president de la Generalitat, en su afán de volver a la "normalidad". Las palabras llegaban este sábado, horas antes de que el consejo político de la CUP rechazara investir a Jordi Sànchez, pese a que hacía días circulaban en Madrid informaciones sobre que el juez Pablo Llarena no le dejaría salir de prisión para ir al Pleno. Eso aliviaba la Moncloa, hasta que la hipótesis de un candidato en libertad –pero investigado– amenaza ahora con descolocar a Rajoy en su voluntad de pasar página del procés.

"Tampoco alguien que pueda estar en prisión de aquí unos meses" decían fuentes del Gobierno sobre qué opinión les merecería la opción de Jordi Turull, exconseller de la Presidencia del Govern destituido. Turull no es candidato por ahora, si no que ERC y Junts per Catalunya se han emplazado a continuar las negociaciones en los próximos días. La vía es válida como la de Josep Rull, pese a tener "asuntos judiciales", pues ninguno se encuentra ni en el extranjero, ni en prisión provisional, por lo que ni el Tribunal Constitucional, ni el Supremo pueden aún limitar que se postulen.

De hecho, la vía de Rull o Turull podría reabrir a largo plazo la crisis de investidura: primero, por la imagen de un president en el banquillo, segundo, por si son declarados culpables del delito y apartados del cargo. Ellos dos tendrían que esperar a la sentencia firme para la suspensión, y no quedarían inhabilitados con el auto de procesamiento judicial, como sí Oriol Junqueras y Joaquim Forn. Pasa porque el líder de ERC y el exconseller de Interior cumplen al mismo tiempo las otras dos condiciones que deben darse para la suspensión previa –según la Ley de Enjuiciamiento criminal–: ser acusado por rebelión y encontrarse en prisión preventiva.

El hecho es el 155 se levantaría –en teoría–con el nuevo Govern, pero prolongar la tensión institucional sería un perjuicio para el Partido Popular, después del revés del 21-D. Por una parte, porque los esfuerzos están puestos en los comicios autonómicos y municipales del 2019 y las generales del 2020 por la pugna con Ciudadanos; segundo, porque la legislatura está marcada porque haya Govern –por ejemplo, el PNV no quiere negociar los presupuestos del 2018 si no se levanta el 155, a la vez que Rajoy dice que quiere presentarlos al Congreso antes de semana santa; en tercer término, por retos como las pensiones.

Asimismo, la embestida a Sànchez por parte de la CUP acerca a elecciones, como Puigdemont advirtió en caso de que el Estado impidiese la investidura del líder de ANC. Fuentes del ejecutivo consultadas por El Nacional no se pronuncian sobre si temen nuevos comicios. Ahora bien, recuerdan que eso depende del Parlament –ya que el plazo de cuenta atrás no ha empezado aún. La única segunda opción que creen que pondría en marcha el reloj es que la cámara catalana celebrara un pleno donde declarara incapacidad, cómo quería forzar la oposición y no consiguió.

Al margen de eso, la opción Sànchez amenazaba con generar un nuevo conflicto –pese a que el Gobierno fía al juez la decisión y dice que la acatará. Fuentes jurídicas consultadas por este diario advierten que si Llarena no hubiera permitido al dirigente catalán salir de prisión, este podría haber pedido un recurso de amparo al TC. Incluso, el caso podría acabar en instancias internacionales, como ya ha hecho Puigdemont con la demanda ante la ONU por "violación de derechos humanos" a los líderes independentistas y ciudadanos –denuncia que la Moncloa desprecia.

Ante ese escenario, el Gobierno investiga ya que Puigdemont no se financie con dinero público, según las fuentes consultadas. "Ni un solo euro del erario" será destinado, dicen estas sobre el Consell de la República y su estancia particular –aunque el pasado 22 de febrero el ejecutivo admitiera desconocer el dato. No será, si bien, la última estocada al líder catalán, una vez el fiscal general Julián Sánchez Melgar advirtió que aún se podía "reactivar la euroorden" por sedición o la rebelión, en medio de los rumores que Llarena podría reanudarla en breve.