Mismo guion y misma estrategia. Después de que José Luis Ábalos se acogiera a su derecho a no declarar en el Tribunal Supremo, Koldo García también ha guardado el silencio en su tercera declaración delante de Leopoldo Puente. El que fue asesor en el Ministerio de Transportes ha alegado que no ha podido tener acceso a sus dispositivos para contextualizar los audios que lo incriminan y que apuntan a presuntas irregularidades en adjudicaciones de obras públicas, según cuentan fuentes jurídicas a ElNacional.cat. Son conversaciones de hace siete años y él esgrime que no tiene el bruto de los audios y que quiere saber en qué contexto pronunció las frases en las que hablaba con José Luis Ábalos y Santos Cerdán sobre adjudicaciones. Igual que ayer, el fiscal Anticorrupción no ha pedido su ingreso en prisión preventiva, aunque ha vuelto a reconocer que hay un cierto riesgo de fuga, y le ha reprochado que sea “locuaz” en la prensa y, en cambio, guarde silencio delante del magistrado. Por su parte, las acusaciones populares (lideradas por el Partido Popular) sí que han solicitado enviarlo a la prisión sin fianza. Su abogada, Letica de la Hoz, ha replicado que Koldo está harto del acoso de los medios y ha denunciado que esto le daña personalmente.
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Koldo García ha llegado al Supremo acompañado de su abogada en taxi cuando faltaban diez minutos para las diez de la mañana (la hora fijada para la declaración) con una mochila que ha llevado por si el juez lo envía en la prisión. De momento, las medidas cautelares que tiene en vigor son las mismas que Ábalos: prohibición de salir del Estado y comparecencias quincenales a los juzgados. El juez lo citó después del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que le señala como “gestor y custodio” de los fondos “opacos”. El juez cree que Ábalos y Koldo “pudieran haber mantenido entre sí métodos no transparentes de comunicación de sus respectivos patrimonios, recibiendo indistintamente ingresos irregulares y opacos de diversa procedencia, eventualmente fruto de la comisión de los graves ilícitos penales que se les atribuyen”.
Es la cuarta vez que Koldo acude al Tribunal Supremo y la tercera que se sienta delante del juez. La primera fue el 17 de diciembre, cuando negó que él, Ábalos o Santos Cerdán cobraran comisiones, no reconoció haber cometido ningún delito desmintió las acusaciones de Víctor de Aldama. La segunda fue el 23 de junio, aunque en esa ocasión se acogió a su derecho a no declarar alegando que su nueva defensa (cambió de abogado pocos días antes) no había tenido acceso a todo lo que se ha investigado y esto impedía “ejercer con plenitud el derecho a una defensa efectiva”. En medio, Koldo García se desplazó al Supremo el 18 de febrero para someterse a una prueba caligráfica con el objetivo de comprobar si su letra coincidía con las anotaciones que aportó Víctor de Aldama sobre supuestos amaños en adjudicaciones de obras públicas. A cambio, él presentó varios informes médicos para justificar que su letra podría haberse visto alterada. El informe pericial concluyó que la letra correspondía a Koldo.
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“Hombre precavido vale por dos”
A primera hora, antes de desplazarse al Tribunal Supremo, Koldo García ha acudido al despacho de su abogada, Letica de la Hoz. “Voy a hacer lo que me mande mi departamento jurídico”, ha dicho a los periodistas que lo esperaban en la puerta. “Vamos a calmarnos todos y vamos a ver lo que hacemos”, ha añadido. Y, preguntado por la mochila que llevaba, se ha justificado: “Hombre precavido vale por dos”. “Algunos medios de comunicación han dicho muchas cosas de mí que no son correctas”, ha remachado.
Koldo prepara su comparecencia en el despacho de su abogada: "se puede justificar todo en la vida" pic.twitter.com/YyrkheFX7M
— Noticias Mediodía (@MediodiaOC) October 16, 2025
Chistorras, soles, lechugas y folios
El informe de la UCO también destapó el lenguaje que utilizaban Koldo García y su exmujer, Patricia Úriz, para “referirse a billetes de alto valor” y que supone un “indicio más del interés en ocultar la existencia de este dinero en efectivo”. Las chistorras serían billetes de 500 euros, los soles eran billetes de 200 euros y las lechugas, billetes de 100 euros. De forma similar, Ábalos reclamaba “folios o cajas de folios” cuando quería dinero. Además, el exasesor del entonces ministro y su exmujer hacían referencia en sus conversaciones a la existencia de una contabilidad A y B vinculada a los gastos de Ábalos. “Esta diferenciación implicaría que ciertos desembolsos quedarían pendientes de una reposición posterior, ya fuera como parte de una liquidación formal de gastos o por una previsión de devolución por parte de Ábalos”, indicaba la Guardia Civil.
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“Significativas zonas de intersección” entre los patrimonios de Koldo y Ábalos
Después del informe de la UCO, el juez Leopoldo Puente concluyó que entre los patrimonios de Ábalos y Koldo podrían existir “significativas zonas de intersección”, de tal modo que Koldo “vendría haciéndose cargo regularmente de pagos que corresponderían” a Ábalos, como la pensión alimenticia de uno de sus hijos, nóminas de su empleada doméstica, regalos a sus amistades, cuotas hipotecarias o viajes. So unos pagos que alcanzan un importe “verdaderamente significativo en términos económicos”. Sin embargo, señalaba que no se han encontrado “contrapartidas” en favor de Koldo García que pudieran “compensar la realización de dichos gastos”. Y apostillaba: “O bien el señor García realizaba dichos pagos sin contrapartida explícita alguna o bien el señor Ábalos le habría devuelto las cantidades adelantadas en dinero metálico o de otro desconocido modo”.
Koldo pidió archivar la causa y acusó al Supremo de investigar más de lo que autorizó el Congreso
El martes, la abogada de Koldo García, Letica de la Hoz, presentó un escrito en el Tribunal Supremo pidiendo la nulidad de las actuaciones judiciales y el archivo de la causa alegando que el juez está investigando “hechos distintos a los autorizados” en el suplicatorio que el Congreso concedió a José Luis Ábalos para levantarle la inmunidad. Su defensa considera que la “extensión de la investigación a hechos no autorizados vulnera el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley”, dado que se les “priva del derecho a la doble instancia penal”. El escrito recuerda que, inicialmente, el Congreso autorizó al Supremo a investigar a Ábalos por las “supuestas adjudicaciones irregulares” a Soluciones de Gestión (una empresa vinculada a Víctor de Aldama) de contratos de material sanitario durante la pandemia de coronavirus, pero advertía que, posteriormente, “ha ido extendiendo las pesquisas”. Incluso abrió una pieza separada para investigar los presuntos amaños de obra pública.
“Cualquier diligencia que se dirija a la investigación de hechos nuevos o de nueva noticia que no fueran expresamente incluidos en la solicitud de suplicatorio original constituye una extralimitación del ámbito material autorizado por la Cámara”, esgrimía. Asimismo, denunciaba una “inconexión y extralimitación” del objeto de la investigación aduciendo que carece de “toda conexión material con el objeto tasado y delimitado del suplicatorio”. “Esta inobservancia determina, como consecuencia ineludible, la nulidad de pleno derecho de todas las actuaciones y resoluciones judiciales que versen sobre los hechos no expresamente autorizados”, remachaba.
En concreto, subrayaba que los hechos para los que se pidió el suplicatorio fueron la adjudicación de varios contratos públicos en el marco de la pandemia, los alquileres de la vivienda en la que residía quien entonces era pareja sentimental de Ábalos, el alquiler con opción a compra de un chalet en La Alcaidesa (Cádiz) y el piso de unos 250 metros cuadrados en el Paseo de la Castellana. Sin embargo, recalca que a lo largo de la instrucción el magistrado también ha puesto la lupa en la financiación pública de Air Europa, gestiones realizadas en favor de Villafuel para la licencia de operador de hidrocarburos, gestiones de Víctor de Aldama con Carlos Moreno (jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero) para la “obtención de aplazamientos tributarios” o la colocación en empresas públicas de Jéssica Rodríguez y Claudia Montes.