La Abogacía Catalana reclama que la separación de los hijos de sus padres -es decir, la declaración de desamparo- lo resuelva un juez y no la Generalitat -en un procedimiento administrativo, como se hace ahora- y que un letrado asista al menor en todos los procedimientos. Lo ha defendido este jueves la abogada Sílvia Giménez-Salinas, copresidenta del Observatorio de los Derechos de las Personas del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), en una jornada a la Abogacía de Barcelona, presentada por el decano del Icab, Jesús M. Sánchez y bautizada La problemática de la DGAIA. Justamente, se ha aprovechado el debate social a raíz del estallido de dos crisis (económica y por el caso de la menor explotada sexualmente cuando estaba bajo la guarda de la DGAIA) y el anuncio, este lunes, del Govern que creará un nuevo organismo, la Dirección General de Prevención y Protección de a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA), para sustituir la DGAIA y mejorar la prevención y la protección de menores vulnerables.
Giménez-Salinas es coautora junto con Marta Martínez, decana del Colegio de Abogados y Abogadas de Tortosa, de un detallado informe sobre la atención jurídica de los niños, elaborado y aprobado en mayo 2024 por el Consejo de la Abogacía Catalana (CICAC) y que ahora han vuelto a reivindicar. Para hacer realidad la judicialización del proceso de desamparo, pero, hace falta una reforma de la normativa española, a pesar de que la ley de Derechos y Oportunidades en la Infancia y la Adolescencia de (LDOIA) de Catalunya, aprobada el 2010, ya prevé la asistencia letrada a los menores, pero no se ha desarrollado, denuncian los abogados.
Abogados de oficio
Giménez-Salinas ha detallado que anualmente hay unos 10.000 menores en procesos de desamparo en el Estado español, de los cuales solo en 2.000 casos los progenitores presentan oposición ante los tribunales (un 2% son aceptados), y ha declarado que eso no significa que el resto de padres no defienda a sus hijos. "Hace 40 años que el sistema no funciona; lo decimos todos, hace falta un sistema que sea garantista, de contradicción, y aclarar los plazos del proceso de desamparo, porque no puede durar años", ha reclamado Giménez-Salinas. En este nuevo sistema de desamparo, ha indicado que hace falta el asesoramiento por parte de abogados a los padres y a los adolescentes. "Somos observadores de la sociedad y hacen falta recursos para mejorar la asistencia y ofrecerles abogados de oficio y justicia gratuita", ha añadido Martínez.
La exdecana del Icab también ha compartido el posicionamiento y "el buen trabajo" de la síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas ("mi hermana", ha dicho), que defiende que se dé más apoyo a las familias antes de separarlas de sus hijos. "Se indica que en el 32% de los casos el desamparo es por negligencias y eso se podría mejorar dando más recursos a las famílias", ha manifestado Sílvia Giménez-Salinas, en referencia a los datos del informe de la Sindicatura de Greuges sobre los menores atendidos por la DGAIA.
Jueces especializados y cambios rápidos
En la jornada, la síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, ha dado apoyo a la iniciativa de la Abogacía Catalana de forma clara. "Judicializar el proceso es una garantía, si no, no hay nada que hacer", ha manifestado la síndica. Ha añadido que en este procedimiento hace falta que "haya jueces especializados" y que se actúe de forma rápida. "La lentitud es la principal queja de los ciudadanos hacia la administración", ha asegurado, además de insistir que mientras no lleguen las reformas legales, abogados y administraciones han de trabajar de forma conjunta.
"Se llega tarde"
Antes, Francisco Javier Tabuenca, fiscal delegado de menores y coordinador de la sección de menores de la Fiscalía Provincial de Barcelona, ha confesado que en la mayoría de los procedimientos de desamparo de los menores "se llega tarde" y ha asegurado que "hay que mejorar la protección de los menores por parte de todos, desde la Fiscalía a las administraciones." Tabuenca ha apostado para que el sistema sea "más transparente" y que "las familias no lo vean como una amenaza".
La copresidenta del Observatorio de los Derechos de las personas del ICAB, Erika Torregrossa, que ha conducido el acto, también ha explicado la jurisprudencia del Supremo, que para determinar la edad de un menor no acompañado es válido el documento que aporta, a pesar de que las pruebas de los forenses digan lo contrario.
Por su parte, Teresa Llorens, secretaria de Infancia, Adolescencia y Juventud de la Generalitat, ha explicado "los cinco ejes para mejorar el sistema" de atención y protección a los menores vulnerables, que avanzó la consellera de Drets Socials. "Queremos un sistema de confianza, de derechos, y un servicio de calidad para los niños, y hacen falta alianzas con el mundo local, el tercer sector y el ámbito judicial", ha afirmado.
Más recursos
La vicedengana del Colegio de Procuradors, Margarita Ribas, también ha apostado por dar "acompañamiento a las familias y los menores", de los cuales ha indicado que "se fían de sus educadores si están bien implicados" y ha alertado que hay bastante menores no acompañados que "no tienen referentes" y que llegan a Catalunya. Todos los profesionales han coincidido en afirmar que faltan más recursos para mejorar los sistemas de atención y protección de los menores.
