Más polémica sobre la gestión del Departament de Drets Socials. La Sindicatura de Cuentas ha detectado pagos indebidos de prestaciones de Drets Socials, que cifra en 167,5 millones de euros en el periodo comprendido entre 2016 y 2024. Es la principal conclusión a la que llega un nuevo informe de la Sindicatura. El año pasado ya se señalaron carencias graves en la contratación de centros de menores y ahora también apunta deficiencias en las ayudas sociales. En un informe sobre las prestaciones económicas de derecho subjetivo del ejercicio 2022, el ente fiscalizador pone de manifiesto la "falta de seguimiento y control eficaces en la gestión de las prestaciones", que ha provocado "la existencia de casos que podrían incurrir en incompatibilidades y un volumen elevado de pagos indebidos". En general, las prestaciones con un volumen más elevado de gasto del departamento están vinculadas a la Renta Garantizada y a la Ley de Dependencia.
"Falta de seguimiento y control"
El informe es contundente y no solo hace referencia en los pagos indebidos, sino que también constata que los importes no llegan a las personas que realmente lo necesitan, y por lo tanto no se ha promovido un marco de transparencia y pone de manifiesta la "falta de seguimiento y control en la gestión" ligada a una falta de transparencia. Del total, hasta 70,6 millones de euros se han destinado a dependencia; 43,8 millones en pensiones no contributivas; 36 millones de euros a la renta garantizada de ciudadanía y 15 millones en complementos de pensiones no contributivas. Unas cantidades que no se tendrían que haber pagado a los usuarios a los cuales se destinaron porque no cumplían con los requisitos necesarios. La Sindicatura constata que la definición de la población que puede recibir una prestación presenta carencias importantes, esto deja fuera mucha gente. Además, considera que la cuantía destinada a las prestaciones económicas es insuficiente y cree que el volumen de recursos necesarios se estima en cerca del doble del asignado para dar respuesta a la pobreza extrema en Catalunya.
La Sindicatura de Comptes señala que casi 156 millones de euros ya están en trámites de la reclamación, pero al menos 7,17 pertenecen a expedientes prescritos, es decir que no se podrán recuperar. De estos, la Sindicatura ha detectado que 4,7 millones son prestaciones de la DGAIA a extutelados que no se tendrían que haber abonado entre 2019 y 2022. Además, indica que "no se ha fomentado una cultura de regularidad y transparencia de las actividades financiadas con fondos públicos, ni se difunden resultados vinculados a las actividades" y subraya que la definición "de la población elegible y de las cuantías de las prestaciones presenta carencias que limitan el acceso y protección a personas en situación de pobreza". También señala que algunos pagos "presentan incompatibilidades con otras prestaciones y con las rentas del trabajo". El informe también advierte de que los 167 millones de euros podría ser todavía más elevado, ya que, según se detalla, todavía hay 32.000 expedientes con la prestación de la Renta Garantizada que se tienen que analizar.
Sin acceso a los datos
El informe de la Sindicatura también apunta que la conselleria de Drets Socials no tiene "acceso directo ni disponibilidad inmediata de la totalidad de los datos vinculados a las prestaciones económicas que gestiona". Así pues, detalla que las ayudas se administran con hasta ocho aplicaciones informáticas diferentes, externalizadas a hasta cuatro proveedores, y que, a veces, la misma prestación se fragmenta en dos aplicaciones. En este sentido, la Sindicatura concluye que "dificulta la extracción de datos" y provoca que la tramitación de las prestaciones se dilate en el tiempo, entre tres y seis meses. Con respecto a las ayudas a los jóvenes tutelados, el tiempo de espera para recibir las primeras prestaciones se puede alargar hasta 10 meses. Además, los atrasos provocan cobros repentinos de hasta cinco y seis mensualidades de golpe.
La Sindicatura señala hasta un centenar de casos que cobran dos prestaciones a la vez, que tendría que ser incompatible. Además, indica que el 2022, 1.241 personas cobraban la renta garantizada metro tenían un contrato laboral a tiempo completo, que, precisamente, evitaría el cobro de la prestación.