El Departament de Drets Socials todavía “no ha verificado todos los pagos indebidos” que habría abonado en prestaciones a menores tutelados, que sumarian unos 167 millones euros en pagos indebidos entre los años 2016 al 2024, según alertó la Sindicatura de Cuentas en un informe. Añade que tiene “más de 10.000 expedientes, que deben ser analizados individualmente”, y que como no hay un sistema informatizado compartido, su análisis “puede durar años” si no tiene una plantilla de refuerzo. Esta es la respuesta de la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA) -sustituta de la DGAIA, después de destaparse el escándalo de irregularidades, hace siete meses-  a una reclamación de información de ElNacional.cat sobre las cantidades condonadas y personas beneficiarias, a través de la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP).

El Govern anunció que condonaría los pagos indebidos a jóvenes extutelados -que sumarían unos 4,6 millones- a causa de su situación de vulnerabilidad y siempre que se demostrara que no se había aportado información falsa por parte del beneficiario. La mayoría de casos, según indicó la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, era porque los jóvenes trabajaban y ya no podían tener derecho a esta prestación. El pasado 2 de octubre entró en vigor el decreto ley 20/2025, que aprueba la condonación de los pagos a los jóvenes, pero la administración catalana declara que aún no puede dar ninguna cifra concreta. De nada.

Suspensión cautelar

No obstante, en su respuesta a este diario, Drets Socials precisa que “se han dictado las resoluciones de inicio y de suspensión cautelar de los cobros, y se están elaborando los modelos de informes y resoluciones que deberán emplearse en el proceso”. Los pagos indebidos oscilan entre los 6.800 y los 36.400 euros. Según más datos de Drets Socials, hasta junio de 2025 había 2.354 extutelados con ayudas y un presupuesto de 7,8 millones de euros, y 1.236 menores en viviendas asistidas.

Descontrol y retrasos

La consellera Mònica Martínez justificó el descontrol con los recursos públicos por parte de la DGAIA por la falta de medios, un periodo excepcional con la pandemia de la covid-19,  y la llegada de más menores migrantes solos con necesidades. Problemas confirmados en la auditoría encargada por su departament, aunque todavía se alega falta de recursos para hacerles frente.

La Sindicatura de Greuges, en su informe, también alertó de falta de control en los servicios privatizados de menores tutelados. Además, la síndica Esther Giménez-Salinas pidió la condonación de la deuda a los  jóvenes extutelados al evidenciarse que la mayoría de casos era por negligencias y retrasos de la administración, y reclamaba una “reducción urgente de los tiempos de tramitación”. Informaba que la administración catalana tarda una media de 10  meses en responder las solicitudes de prestación económica, y para extinguir un expediente, pasan 18,1 meses.

Sin medios

En concreto, en la reclamación de información, la DGPPIA responde: “La determinación de los importes condonados presupone, necesariamente, que se hayan revisado todos los expedientes afectados; que se haya verificado si las personas interesadas cumplen los requisitos de vulnerabilidad previstos en el decreto; que se haya comprobado la ausencia de engaño o de aportación de información falsa; que se hayan dictado las correspondientes resoluciones declarativas de no exigibilidad; y que se hayan certificado los importes anulados por parte de los órganos económicos competentes. Ninguno de estos procesos se encuentra actualmente finalizado”.

En la respuesta, fechada el 25 de octubre pasado y comunicada esta semana, la DGPPIA añade que “la aplicación del Decreto ley 20/2025 obliga a revisar, de manera exhaustiva e individual, todos los expedientes de las prestaciones siguientes desde el año 2016 hasta el 2025: la prestación para jóvenes extutelados, la prestación para menores en riesgo y la prestación para el acogimiento de menores tutelados”. Asegura que “las unidades gestoras han informado que el volumen de expedientes a revisar es extraordinariamente elevado, de más de 10.000 expedientes que deben ser analizados individualmente, volumen que aún puede incrementarse a medida que se actualicen los datos”. Además, detalla que “los expedientes no disponen de un sistema de información automatizado unificado”, hecho que aún dificulta más su revisión.

Se expone que el trabajo de revisión exige: “comprobar la concurrencia de los requisitos de vulnerabilidad (RGC, IMV, ingresos 2024); verificar la inexistencia de información falsa o manifiestamente errónea; revisar los Planes de Trabajo e Inserción en el caso de jóvenes extutelados; consultar múltiples interoperabilidades (INSS, SEPE, AEAT, Catastro, TGSS, padrón, etc.); verificar el estado de la deuda (voluntaria, fraccionamiento, vía ejecutiva); elaborar los informes técnicos preceptivos; y, finalmente, dictar las resoluciones del director y obtener la fiscalización favorable de la Intervención General, indispensable para la nulidad de los créditos”.

Ninguna condonación aprobada

Por todo ello, Drets Socials declara que “solo se ha iniciado parcialmente la revisión de una tipología de expedientes”, sin dar más detalles. Igualmente, afirma que se ha iniciado la revisión de los Planes de Trabajo Individual (PTI) de los jóvenes extutelados, “imprescindible para determinar la posible existencia de engaño”. No obstante, asegura que “hasta la fecha no se ha dictado ninguna resolución de condonación efectiva”, y, por tanto, no puede aportar ningún dato o cifra de dinero condonado, solicitados por este diario, en un procedimiento de transparencia.

Y, preguntada cuánto tardará en ejecutar este control de los expedientes, Drets Socials responde que “depende de la incorporación del personal de refuerzo necesario para afrontar el volumen acumulado. Se afirma que “desde la Subdirección General de la renta garantizada de ciudadanía, encargada de la revisión de los expedientes, se ha solicitado el aumento de personal de refuerzo para poder estabilizar la situación. Sin este refuerzo, el plazo de finalización es indeterminado y se alargaría durante años, teniendo en cuenta el volumen y la naturaleza manual e individualizada de las tareas”.

Paralelamente, se espera que la Oficina Antifraude de Catalunya determine si la gestión de una de las entidades gestoras de ayudas tiene indicios delictivos, mientras la Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha solicitado que se investigue la "posible responsabilidad contable" de la Generalitat. Y, la comisión de investigación del Parlament se reanudará a mediados de este mes.