El Tribunal de Cuentas (TCu) ya ha abierto una investigación sobre los pagos indebidos de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), según han informado fuentes del organismo a ElNacional.cat este martes. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas le pidió esta investigación, tras recibir el informe 6/2025 de la Sindicatura de Cuentas, la cual cifra en 167 millones de euros los pagos indebidos (no solo a jóvenes extutelados) en las diferentes prestaciones subjetivas de la Generalitat durante los años 2016 a 2022.
En concreto, el Departamento Tercero de Enjuiciamiento, que encabeza el consejero Diego Íñiguez Hernández, ha abierto unas diligencias preliminares sobre los gastos de la DGAIA, en las cuales, después de escuchar a las partes -en este caso al Departament de Drets Socials, responsable de la extinta DGAIA- decidirá si las archiva al no ver ninguna irregularidad contable, o, por el contrario, designa a un instructor para iniciar la investigación propiamente dicha y dilucidar si se puede atribuir a algún cargo público una responsabilidad contable por una supuesta gestión negligente.
"Falta de transparencia"
En su informe, la Sindicatura de Comptes aseguraba que hay un “elevado volumen de pagos indebidos ordenados por el Departament de Drets Socials” y que “considera que los pagos indebidos detectados no responden solo a errores administrativos sino a problemas estructurales, por la falta de un marco de transparencia, regularidad y buen gobierno”. La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez, anunció cambios en la gestión de las prestaciones externalizadas, a pesar de que esta semana se ha sabido que ha prorrogado la gestión del Servicio de Seguimiento y Valoración de la prestación económica para jóvenes extutelados (SEVAP) a la Fundación Resilis, denunciada por haber protagonizado irregularidades.
Comisión de investigación sobre la DGAIA
Paralelamente, el Parlament de Catalunya ha constituido este martes la comisión de investigación sobre la actividad de la DGAIA, sesión que ha presidido el president de la cámara, Josep Rull. La comisión, aprobada por unanimidad del pleno, debe analizar e investigar la actividad de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) entre los años 2011 y 2025, y tratará la presión en el sistema de protección de menores -ante la llegada de menores no acompañados-, casos de violencia sexual contra niños tutelados, la garantía de los derechos de los menores o las mejoras en el sistema de protección. La creación de la comisión se decidió a raíz de dos polémicas surgidas antes del verano: la falta de control de los pagos a algunos menores extutelados y las agresiones sexuales a menores tutelados.
Una vez constituida, los miembros de la comisión han ratificado al diputado Jordi Riba (PSC) como presidente y han elegido a las diputadas Anna Balsera (ERC) como vicepresidenta y Àngels Planas (Junts) como secretaria. También forman parte de la comisión: los diputados Mónica Ríos (PSC-Units), Ennatu Domingo (Junts), Joan Ignasi Elena (ERC), Montserrat Berenguer (PP), María Elisa García (Vox), Núria Lozano (Comuns), Pilar Castillejo (CUP-DT) y Rosa Maria Soberana (AC).
En su primera intervención como presidente, Riba ha animado a los diputados a poner en marcha la comisión con la elaboración del plan de trabajo, y ante la temática, que ha calificado de “delicada y sensible”, según informa la agencia ACN, les ha pedido que actúen “en consecuencia y con responsabilidad” para ir “hasta el fondo de la cuestión”.