Los incendios de este verano en varios puntos del Estado español han provocado una reyerta entre el PP y el PSOE que se ha alargado durante semanas. Si bien en julio la polémica giró fundamentalmente en torno a las cacerías racistas de Torre Pacheco (Murcia), este agosto el 'boxing' político ha pivotado sobre las llamas. El Gobierno denunciaba la negligencia de las autonomías del PP mientras el partido de Alberto Núñez Feijóo acusaba al ejecutivo de Pedro Sánchez de desentenderse y pedía más implicación y medios. Los populares, a grandes rasgos, han recurrido a un comodín que utilizan habitualmente cuando hay emergencias como esta: pedir a más y más y más ejército. Al fin y al cabo, la pugna ha acabado agitando el fantasma de la recentralización de competencias, un espectro que siempre enciende las alarmas de Catalunya y Euskadi.
Este lunes, Feijóo empezaba la semana presentando un plan de 50 medidas de ayuda, recuperación y prevención ante los incendios. Más allá de la propuesta de crear un registro estatal de pirómanos y obligarlos a llevar pulsera geolocalizadora, el líder de los populares incluía en su lista medidas que amplifican la responsabilidad del Estado ante las llamas forestales, aunque estas competencias dependan únicamente de las autonomías. Feijóo abogaba por crear un Fondo Forestal Estatal, modificar la ley de montañas del Estado y aprobar una ley de "coordinación de servicios de gestión de incendios y salvamento" para "aprovechar de forma inmediata y eficaz las capacidades de los 20.000 bomberos que hay en España". También pedía "reforzar la estructura de la Unidad Militar de Emergencias con la creación de nuevos batallones para garantizar tiempos de respuesta más rápidos en todo el territorio estatal", así como "establecer criterios objetivos y transparentes para la movilización de todos los recursos de las administraciones públicas —bajo el liderazgo de profesionales— para garantizar rapidez y coordinación entre administraciones".
La respuesta del Gobierno, días después de que Sánchez alargara la mano al PP para alcanzar un pacto de estado contra el cambio climático, ha sido que todas las ideas son ahora mismo "bienvenidas" y que "estudiará" las propuestas anunciadas por Feijóo. Este miércoles, la ministra de Defensa, Margarita Robles, era entrevistada en la Cadena SER. Se le preguntó en más de una ocasión si el Gobierno del PSOE sería partidario de una modificación legal para que el ejército pudiera actuar sin la necesidad de que una comunidad autónoma pidiera su intervención. "Las leyes se pueden modificar en cualquier momento; tienen que ser fruto de un pacto de estado y de trabajo conjunto", respondía la ministra socialista; aunque insistía en que las fuerzas armadas "se tienen que mirar siempre de forma complementaria y subsidiaria".
La fijación del PP en el ejército en grandes emergencias
La realidad es que, bajo el gobierno de Sánchez, el PP ha utilizado habitualmente al ejército como un comodín para exigir más intervención del Estado. Durante la pandemia del coronavirus, el entonces líder del partido, Pablo Casado, pidió que el ejército se desplegara en Catalunya. Y también pidió ayuda de las fuerzas armadas Isabel Díaz Ayuso para gestionar la covid, cosa que sí que aceptó esta vez el presidente del Gobierno. La lideresa madrileña pidió hacer exactamente lo mismo el pasado abril en motivo del apagón eléctrico general. Durante la DANA, el presidente valenciano Carlos Mazón intentó excusar su gestión negligente en una supuesta lentitud en el despliegue militar.
El independentismo sale en defensa de sus competencias
Ante el ruído, el independentismo ha salido esta semana en defensa de sus competencias. Se vio en el Senado, porque el PP ha utilizado su mayoría absoluta en esta cámara para obligar a varios ministros a comparecer. Han declarado la ministra de Defensa, Margarita Robles; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y el ministro de Agricultura, Pesca y Ganadería, Luis Planas.
Este martes, cuando era el turno de Robles, el senador de Junts per Catalunya Eduard Pujol lanzó una "advertencia" a PP y PSOE: que no "jueguen ni con el fuego ni con las competencias de Catalunya; no nos amenacen con recentralizaciones". Volvió a insistir en esta misma idea el miércoles, durante la comparecencia de Aagesen. Se dirigió directamente a los populares y les aseguró que "su problema no es el diseño de las autonomías, sino su obsesión enfermiza con Catalunya". "Hace 50 años que siempre están fijándose en las competencias que tiene o no tiene Catalunya; después PP y PSOE siempre han querido allí donde han gobernado las competencias exigidas antes por Catalunya; estos días lo más grave es que o bien han olvidado por qué querían también las competencias o directamente no lo han sabido nunca", aseveró.
Y también hizo exactamente lo mismo aquel día el senador de Esquerra Republicana Jordi Gaseni, que cargó contra cualquier idea que pase porque los bomberos de la Generalitat "pasen a depender del Estado". "No permitiremos que se diluya su profesionalidad y eficacia ante una centralización improvisada", espetó en un discurso en el que también defendió que "la proximidad, el conocimiento del territorio y la especialización" es lo que permite que un cuerpo de bomberos "funcione tan bien".
Se trata de un debate que también remueve al nacionalismo vasco. Uno de los senadores que también defendió las competencias de su país, en este caso de Euskadi, fue el senador del PNV Igotz López, que quiso recordar que "la competencia de gestión de las montañas es de las comunidades autónomas, no del Gobierno". Quizás algunas se han visto superadas y para encubrir su incapacidad han querido señalar y trasladar a otros sus responsabilidades, cosa que da alas a los partidos de extrema derecha; están alimentando el monstruo que los devorará con propuestas descentralizadoras que no admitiremos nunca", señaló en su discurso; dirigido fundamentalmente al PP. Y, finalmente, defendió la "coordinación" entre administraciones, no la "recentralización".