La asociación Acció Cassandra ha presentado un recurso de apelación a la Audiencia de Barcelona para que ordene la admisión a trámite de la querella que presentó contra cuatro exconsellers y altos cargos, a los que acusa de malversación en la gestión de la extinta Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). El titular del juzgado de instrucción 27 de Barcelona rechazó, el 8 de abril pasado, investigar los hechos denunciados al asegurar que “no se apreciaban indicios de delito suficientes" ni “una individualización concreta” de los hechos atribuidos a cada querellado. En el recurso, los abogados Lluís Gibert y Josep Rosell afirman que el instructor ha hecho “una valoración insuficiente y precipitada” de los hechos denunciados, acción que “vulnera el derecho de tutela judicial efectiva”. Por ello, piden al tribunal superior que revoque la resolución del juez y le haga investigar las irregularidades denunciadas, según el recurso presentado y al que ha tenido acceso ElNacional.cat este miércoles.
La querella de Acció Cassandra, como acusación popular, se dirige contra los últimos cuatro exconsellers de Asuntos Sociales: los republicanos Dolors Bassa (2016-2017) y Chakir El Homrani (2018-2021), y sus sucesores Violant Cervera, de Junts, (2021-2022) y Carles Campuzano, con ERC, (2022-2024). También contra el exsecretario Josep Ginesta y tres exdirectores de la DGAIA, entre otros. Precisamente, los exconsellers Cervera y Campuzano rindieron cuentas de su gestión ante la comisión de investigación de la DGAIA en el Parlament este lunes. Unas semanas antes lo hicieron Bassa y El Homrani. Los cuatro descartaron haber permitido acciones irregulares, a pesar de admitir dificultades de control.
Individualizar acciones
Las irregularidades en la gestión de la DGAIA se centran en el informe 6/2025 de la Sindicatura de Cuentas, que cifra en 167 millones de euros los pagos indebidos en las diferentes prestaciones subjetivas existentes durante los años 2016 al 2022.
En su resolución, el titular del juzgado de instrucción 27 de Barcelona, el magistrado Xavier Paulí, aseguró que el informe del Síndic de Greuges sobre el descontrol de la DGAIA no recogía indicios delictivos, sino administrativos, que el Govern ha asegurado que intenta arreglar. Para Acció Cassandra, los informes de la Sindicatura de Cuentas y de la de Sindicatura de Greuges desvelan “problemas estructurales importantes” que se deben investigar por la vía penal y paralelamente a la vía administrativa.
En cuanto a individualizar acciones, los abogados responden que “los cargos políticos tienen el deber de control y garantía”, en su “responsabilidad jerárquica”. Y, en concreto, denuncian un “conflicto de intereses en el caso Ricard Calvo por haber pasado de directivo de Plataforma Educativa/ Resilis a director general de la DGAIA (2016-2017) y luego volver a las mismas entidades gestoras de recursos asistenciales”. También citan “los pagos indebidos persistentes”, y el acoso a un alertador de corrupción y trabajador de entidades en Girona, que investiga la Oficina Antifraude de Catalunya.
En cuanto a la crítica del juez de que la querella se basa en informaciones periodísticas, Acció Cassandra replica que “no solo” se aportan noticias e informes, como el de la plataforma de Octuvre.
Finalmente, la entidad aprueba media docena de resoluciones de la Audiencia de Barcelona que ordenan la investigación de hechos denunciados si son verosímiles. También recuerdan que el Tribunal Supremo “exige que la querella aporte datos o elementos fácticos que indiciariamente puedan aparecer como constitutivos de delito”, pero Acció Cassandra añade que el alto tribunal “no exige prueba plena”.
Por todo esto, la entidad pide a la Audiencia de Barcelona que ordene al titular del juzgado de instrucción 27 de Barcelona que admita a trámite la querella de la DGAIA y pida las diligencias de investigación solicitadas.