Casi dos meses después de la entrada en vigor del artículo 155 de la Constitución, Mariano Rajoy testará en las urnas el pulso de la ciudadanía catalana sobre el intento de detener el proceso soberanista mediante la toma de control de la Generalitat y la "decapitación" de sus dirigentes, vía destitución por decreto. El presidente confía en haber impedido el camino hacia el Estado propio, avisando de que el 155 se podría volver a aplicar en caso de que el nuevo gobierno retome la DUI, pero en la Moncloa podrían ver reprobada la estrategia seguida con Catalunya si el independentismo se vuelve a imponer.

"España gana frente a los que la quieren liquidar" decía Rajoy a la cúpula dirigente del Partido Popular el lunes posterior a la aplicación del 155, según informaban fuentes presentes en la reunión. El PP estaba sorprendido por el viaje de Carles Puigdemont y cuatro consellers a Bruselas, en un momento en que se desconocía que la estancia sería indefinida y antes de que el resto del govern fuera encarcelado. Los populares, si bien, se decían tranquilos y asumían el fin del proceso porque los Mossos d'Esquadra "se posicionaron al lado de la Constitución" –cómo relataba un dirigente.

La calma se acabó de instaurar después de que la intervención de la Generalitat cursara sin oposición del funcionariado. "Antes tenían miedo a firmar documentos" exponía la vicepresidenta este lunes en la comparecencia ante el Senado, donde cargaba contra "el engaño masivo del proceso". Santamaría exponía algunas de las más de 100 medidas impulsadas en 9 Consejos de Ministros: el retorno de los bienes de Sijena, la liquidación del Diplocat, el desarbolamiento de la hacienda catalana y la destitución del antiguo mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, entre otras.

La cuestión es que algunas de las medidas han avivado los ánimos del independentismo, que ve estos comicios como un plebiscito donde derrotar las acciones del Gobierno. La dicotomía, si bien, es doble: mientras que la candidatura de Junts per Catalunya propone restaurar el "gobierno legítimo" de Carles Puigdemont, ERC apuesta por la vía de negociación bilateral pasado el 21-D. Por ese motivo, los republicanos ya han presentado una moción para que el Congreso se pronuncie sobre si la Moncloa tendría que dialogar bilateralmente con el govern resultante.

Ante ese escenario, el ejecutivo considera que el proceso está "kaputt", como lo calificaban fuentes de vicepresidencia en la celebración del 39º aniversario de la Carta Magna. A la no oposición de los funcionarios al 155 y el presunto abandono de la vía unilateral, se sumaría el contexto de procesos judiciales para Carles Puigdemont —a pesar de la retirada de la euro orden de detención— y la situación de prisión para Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, después de la puesta en libertad del resto del govern destituido.

Sin embargo, el resultado del 21-D podría suponer un golpe para la Moncloa y el PP. Los sondeos apuntan a la baja para el partido que aguanta al ejecutivo, con el riesgo de contagio que eso podría suponer a escala estatal en la lucha con Cs por el espectro del centroderecha. En segundo lugar, Rajoy podría ver cuestionada la estrategia seguida con Catalunya, ante la posibilidad de que los independentistas reediten una mayoría –que no tendría que implicar la continuidad de la vía unilateral–, donde PSOE, Cs e incluso Podemos podrían pedirle excusas.

El hecho es que el gallego seguirá las elecciones en la sede del PP en Madrid, como también harán sus homólogos Pedro Sánchez y Pablo Iglesias –Albert Rivera será el único que lo hará desde Barcelona. Se prevé que la reflexión sea profunda, ya que el jefe del ejecutivo ha convocado a sus barones el día siguiente. Según algunas fuentes de la dirección popular, la estrategia del día 2 pasaría por favorecer la vía Iceta, con apoyo de Cs para evitar la toma de control del independentismo, al par que reivindicar el "retorno a la legalidad", a pesar de un escenario post-electoral que amenaza con avivar el malestar en Génova.