El PSOE ha admitido ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid que abonó un total de 15.612,04 euros brutos a Leire Díez por los servicios prestados como periodista al PSOE de Cantabria durante el año 2017. Aun así, el partido asegura que Díez “no ha tenido relación laboral ni consta que haya ocupado cargos orgánicos dentro del partido”. La documentación, avanzada por el diario ABC y a la que ha tenido acceso Europa Press, también detalla que Díez fue militante socialista desde el 18 de abril de 2006, inicialmente en la agrupación de Portugalete (Vizcaya) y posteriormente en la de Vega de Pas (Cantabria), hasta causar baja el 4 de junio de 2025. En este periodo, fue concejala en el Ayuntamiento de Vega del Pas entre los años 2011 y 2015 dentro del Grupo Municipal Socialista.

El juez requirió al PSOE que informara si Díez “es o ha sido afiliada al PSOE y, en su caso, la fecha de alta y cese”, así como si desarrolló “alguna actividad en el seno del partido y si recibió algún tipo de remuneración por esta actividad”. Además, ha solicitado a la Comisaría General de Policía Científica que mejore el audio de una grabación aportada por el fiscal Ignacio Stampa sobre una reunión con Díez, indicando que “en caso de no ser posible técnicamente se proceda a su transcripción”. En paralelo, el magistrado también ha pedido que se determine técnicamente si la grabación de una reunión con el imputado en un caso de hidrocarburos, Alejandro Hamlyn, “pudo ser efectuada por uno de los asistentes a la reunión o por un tercero ajeno”.

Detención e investigación judicial

La Guardia Civil detuvo el pasado 10 de diciembre a Leire Díez y al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, por presuntas irregularidades en contrataciones públicas. La operación, ordenada por la Audiencia Nacional, se enmarca en una causa bajo secreto de sumario dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 6, con la participación de la Fiscalía Anticorrupción. Díez también figura como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho en otra causa del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid. El magistrado Arturo Zamarriego considera que la exmilitante “lidera” una “actuación delictiva, continuada y coordinada” con el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol para “recabar información comprometida o irregular” con el objetivo de “anular o malbaratar” investigaciones en “casos relevantes que afectan a políticos y empresarios”.

Durante su declaración, Díez reconoció que mantuvo dos reuniones con el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, pero aseguró que lo hizo “como periodista” y que “no tiene ningún vínculo con el partido ni ofreció favores”.