Hoy festejan los que ayer lloraban. Hoy gozan los que hace pocos días se lamentaban de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de declarar eurodiputado a Oriol Junqueras —y de rebote a Carles Puigdemont y a Toni Comín— y todo lo veían una humillación a España y su justicia. Hoy, en cambio, es el día que el Parlamento Europeo "se alinea" o "da apoyo" o "respalda" la decisión del Tribunal Supremo español de inhabilitar a Junqueras. Es lo que tiene el periodismo de hooligans, que explica los avatares del caso como si de un combate de boxeo se tratara. Ahora el mío toca la cara al otro —¡qué gran golpe!— y ahora el otro castiga la cara del mío —¡es un golpe bajo! Así van las portadas de hoy y de todos estos días.
El Parlamento Europeo y su presidente no podían hacer ayer otra cosa que cancelar el acta de Junqueras. Están obligados a respetar las decisiones judiciales de cada estado miembro y a "tomar nota", que en el argot comunitario quiere decir ejecutarlas y "sin demora", es decir, tan rápidamente como pueda. "El Parlamento [Europeo] no dispone de ningún margen de apreciación en esta materia", dice la doctrina jurídica europea, establecida en la sentencia del caso C-208/03 P, que enfrentó a Jean Marie Le Pen contra el Parlamento Europeo. En asuntos como que ahora se ventila, "el papel del Parlamento no es declarar la vacante del escaño sino, simplemente, tomar nota de la vacante ya declarada por las autoridades estatales".
Por eso son fuegos fatuos todos esos titulares —como el de La Razón, el de El Periódico o el de El Punt Avui— que, con histeria futbolera, quieren transformar un trámite obligado en una decisión política de la cámara europea. A la decisión del Supremo todavía le queda un buen tramo por correr en las salas del Tribunal General de la UE y de su superior, el TJUE. La partida es larga, por mucho que se esfuercen las terminales mediáticas de unos y otros en vender victorias inapelables antes de tiempo.
¿Cómo acabará la cosa? No se sabe. Lo que sí que se conoce es el criterio del Abogado General de la UE y el del TJUE, que no han cambiado, como tampoco el espíritu del presidente del Parlamento Europeo, David-Maria Sassoli. Tampoco se pueden modificar ya sus actuaciones —ni las del Supremo, que no hacen mucha gracia en Luxemburgo.
Hacer portadas a puñetazos o escogiendo los hechos que convienen al relato fabricado previamente daña a la información —y a la realidad.
Dos guerras más
La otra guerra de las portadas se libra en torno a la composición del gobierno de Pedro Sánchez. La caverna no le da tregua, ni cien días de gracia ni medio céntimo. El gobierno de coalición dispone, sin embargo, de diarios más favorables, que procuran presentar los 23 ministerios con un color más agradable, como hace El País (quien lo ha visto y quien lo ve), que habla de ministerios "técnicos", de "fuerte perfil económico"; o El Periódico, que dice "gobierno con nervio económico", etcétera; o La Vanguardia, que califica de "pesos pesados políticos y económicos", una hipérbole bienintencionada ad maiorem Sánchez gloriam.
El tercer frente del día: la inhabilitación de Quim Torra como diputado. Mientras la caverna sale "con el expresidente", La Vanguardia dice que el "se defiende del Tribunal Supremo". ¿Mande? El Supremo no ha decidido nada —de momento— sobre el fondo de la cuestión, sólo ha rehusado las cautelarísimas que pedían suspender la decisión de la Junta Electoral Central. Ya veremos qué pasa. Esta es una batalla que nada más empieza. Calma.
Entre tanto ruido de togas, sin embargo, pasa desapercibida la noticia que el déficit fiscal entre Catalunya y España asciende a más 33.000 millones, que es la diferencia entre la aportación de los catalanes y lo que les retornó el Estado español entre 2015 y 2016. Ahí es nada.
