La Dirección General de Policía justifica las cargas de los cuerpos policiales españoles del 1-O en varios municipios de Girona por la no intervención de los Mossos ante la ocupación de los colegios electorales y la celebración del referéndum.

Así lo detalla en un informe enviado a petición del Juzgado de Instrucción 2 de Girona, que está investigando los hechos tras admitir la querella colectiva por las cargas interpuesta por los Ayuntamientos de Girona, Sant Julià de Ramis y Aiguaviva ​y que recoge más de 200 denuncias de particulares.

En el documento, se explica que la Policía constató en 21 locales de la provincia una "vigilancia de Mossos d'Esquadra exigua", con dos agentes por colegio de media. Por eso, la Policía tuvo que replantear su planificación inicial al ver que, según argumentan, la función que había sido encomendada a los Mossos de impedir la votación "no se llevó a efecto".

En algunos colegios -prosigue textualmente el informe- encontraron "actitud hostil y de hostigamiento" por parte de personas concentradas, y tuvieron "la impresión de que la actitud de los congregados no es algo espontáneo, sino que responde a una planificación previa, con distribución de tareas entre ellos".

Hubo un "efecto llamada a través de móviles y mensajes, de tal manera que la multitud congregada cada vez es mayor, añadiéndose un plus de retraso y peligrosidad" a la actuación policial.

En concreto, en el Institut Josep Dalmau Carles, según el informe, los agentes se encontraron con 350 personas y un vehículo de Mossos "que no interviene", y un grupo de concentrados hizo resistencia activa impidiendo la entrada de los policías, que tuvieron que levantar uno por uno a los que obstaculizaban la entrada.

Finalmente, accedieron al colegio y requisaron urnas, papeletas y documentación del censo con números de DNI y listado de votantes, y se detuvo a un menor por un delito de atentado a un agente de la autoridad al darle patadas y puñetazos.

El juez de Girona había pedido previamente al Gobierno español qué agentes actuaron y cómo actuaron en los colegios durante el 1-O en Girona, Sant Julià de Ramis y Aiguaviva, tras recibir 200 denuncias y una querella. El juzgado ha abierto un total de diez diligencias previas -una por cada colegio en esos municipios-.