Los conservadores del CGPJ han maniobrado para evitar la reforma de La Moncloa para desbloquear el Constitucional, mediante la solicitud de convocatoria de un pleno urgente y extraordinario para votar a los candidatos del tribunal de garantías antes de que se apruebe la propuesta del Gobierno y entre en vigor. Una propuesta que ven como una "amenaza", tal como han trasladado a Efe y Europa Press este viernes. La cosa es que el Gobierno ha propuesto pasar de una mayoría de tres quintas partes a una mayoría simple para que el órgano de gobierno de los jueces designe a sus dos candidatos al TC y que, en caso de que siga incumpliendo, se puedan exigir a sus vocales responsabilidades — que pueden llegar a ser penales|penaltis. Unas propuestas que los vocales conservadores han considerado que son una forma de presión, mientras que los progresistas las han tildado de solución al bloqueo actual.
Las fuentes consultadas creen que se trata de una "injerencia demoledora", un "chantaje" e, incluso, una "amenaza" con el simple objetivo que se admita el nombre propuesto por el sector progresista: José Manuel Bandrés, magistrado del Tribunal Supremo. Es por esto que los conservadores se han mostrado "alucinados" y "preocupados" con la reforma presentada por el PSOE y Unidas Podemos. Una reforma que los trata "casi como delincuentes" con el fin de "copar las instituciones que no controlan", de manera que han acusado al ejecutivo estatal de "jugar con fuego" porque "está a punto de cargarse la separación de poderes y el estado de derecho".
Convocar un pleno urgente del CGPJ
El sector conservador ha señalado que la reforma contempla que cada uno de los 18 vocales proponga y vote solo a un candidato, de manera que garantizará que los dos más votados sean los aspirantes de cada bloque. Es decir, que los progresistas se asegurarían la designación del mencionado Bandrés. Un perfil al cual los conservadores se oponen. Es por esto que se han reunido este mismo viernes para estudiar la posibilidad de pedir al presidente interino del Consejo General del Poder Judicial, Rafael Mozo, que convoque un pleno urgente y extraordinario para votar los dos candidatos del TC antes de que esta reforma se apruebe y entre en vigor.
Con Bandrés y la entrada de los ex altos cargos del PSOE Juan Carlos Campo y Laura Díez, los socialistas cerrarían que el magistrado Cándido Conde Pumpido presida el Constitucional. "Les va todo en esto", dice un vocal conservador, consciente que La Moncloa anhela el cambio de mayorías en el tribunal de garantías — con el objetivo de lindar con solvencia la revisión de la agenda social de Pedro Sánchez en el TC. En conclusión, los conservadores creen que la reforma supone "forzar" y generar "distorsiones en el funcionamiento habitual". "Es poner en peligro las instituciones", han resumido.
Los conservadores tendrán que cumplir la ley
Sobre las posibles responsabilidades penales, han insistido en la idea de que se trata de una "amenaza" y que "no hay por donde cogerlo". "¿Qué harás ahora? ¿Declararte en rebeldía?", se ha preguntado un vocal, que también ha reconocido que ahora tendrán que cumplir la ley — aunque han asegurado que lo han cumplido hasta ahora. De hecho, se han mostrado molestos por las acusaciones que el bloqueo que perpetran es una tarea de oposición a Sánchez solicitada por Alberto Núñez Feijóo. "No hay retraso ni bloqueo ni nada", han insistido, aunque ya han pasado tres meses desde que se agotó el plazo para nombrar a los candidatos del TC.
El próximo 22 de diciembre el pleno tenía que votar a los candidatos, que no es el mismo que nombrarlos. "No sabemos qué pasará", han señalado las fuentes conservadoras. Solo tienen una cosa clara: "Todo esto lo pone patas arriba". En cambio, los progresistas han celebrado la reforma y han recordado que el Congreso de los Diputados existe para ofrecer soluciones al "doble boicot" del sector conservador tanto a la renovación del CGPJ como del TC.