El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha asegurado este jueves que la decisión del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que defiende que hace falta demostrar que hay "deficiencias sistémicas" en el sistema judicial del Estado para rechazar las euroórdenes contra los líderes independentistas reclamados por el 1-O, es una "mala noticia". A su entender "todo lo que no ayude a desjudicializar el conflicto político en Catalunya no es una buena noticia". "Nosotros pensamos que el conflicto político en Catalunya se resolverá, si se puede resolver, mediante el diálogo y las soluciones democráticas, y todo lo que contribuya a seguir judicializando un conflicto político nos parece una mala noticia", ha dicho en declaraciones en el patio del Congreso de los Diputados.
Una opinión que no es vinculante
La opinión del Abogado General, Richard de la Tour, no es vinculante, pero suele coincidir con las sentencias que emite el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que, en este caso, marcará el futuro judicial en Bélgica del expresidente Carles Puigdemont. De la Tour opina que Bélgica se extralimitó en el rechazo a la euroorden del exconseller Lluís Puig, la cual denegó por riesgo de vulneración de los derechos fundamentales y al cuestionar la competencia del Tribunal Supremo para juzgar los implicados en el caso del 1-O. A pesar de referirse a los motivos por los cuales Bélgica rechazó la extradición de Puig, los argumentos que el tribunal dé en la sentencia definitiva afectarán al resto de euroórdenes contra líderes independentistas, incluida la de Carles Puigdemont. En las conclusiones, el letrado defiende que la autoridad judicial que tiene que decidir sobre la extradición no puede "controlar" si el Tribunal Supremo es competente porque sería contrario al "principio de autonomía procesal", por el cual los estados pueden designar la autoridad judicial competente para emitir euroórdenes.
La opinión del abogado general del TJUE responde a las preguntas prejudiciales que Llarena presentó en marzo del 2021 después de la negativa de Bélgica a extraditar al exconseller Lluís Puig al ver un riesgo de vulneración del derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia. Eso marcaba un precedente para el resto de euroórdenes y Llarena envió al TJUE hasta siete preguntas en las cuales exponía sus dudas sobre la interpretación que hacen a los magistrados belgas de la normativa que regula las euroórdenes. Concretamente, Llarena preguntó al TJUE si Bélgica puede examinar el riesgo de vulneración de derechos fundamentales en el caso de los exiliados. En caso de que así sea, también pedía aclarar si la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias vinculado a la ONU es un elemento lo bastante sólido. Además, el juez del Tribunal Supremo quería saber hasta qué punto Bélgica puede rebatir su competencia para juzgar los implicados en el caso del 1-O.