“No era necesario, para neutralizar ningún bulo, [decir] de dónde había salido o dejado de salir la propuesta de conformidad y si se había parado desde arriba. No requería de esto. Y sí era un relato público o institucional de confesión y culpabilidad firmado y en boca del Ministerio Fiscal”. En el turno de conclusiones del juicio del fiscal general del Estado, que llega a su fin después de dos semanas en el Tribunal Supremo, Gabriel Rodríguez-Ramos, el abogado de Alberto González Amador, ha cuestionado de raíz la nota de prensa que difundió la Fiscalía el 14 de marzo con detalles del caso de presunto fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y ha acusado a Álvaro García Ortiz, que ayer volvió a negar la autoría de la filtración, de haber “destrozado” la presunción de inocencia de la pareja de Isabel Díaz Ayuso: “No es que se transmitiera a los medios la existencia de un procedimiento penal. Se transmite que es un delincuente confeso, se tiene una sentencia pública de condena antes de que ni tan siquiera existiera ningún procedimiento penal. No había reparto de la denuncia y ya era el delincuente confeso”. Y ha esgrimido que se ha dictado una “sentencia popular de delincuente confeso” y que ha habido “representantes políticos ejecutando esa sentencia popular diariamente”.
En una intervención que se ha alargado una hora y cuarto, el letrado ha lamentado que el “relato institucional de confesión y culpabilidad” era un elemento de la nota de prensa “indiscutiblemente innecesario” para “neutralizar el supuesto bulo de que la Fiscalía habría propuesto un pacto y que el pacto se habría parado desde arriba”. “Su inclusión jamás podría estar justificado por ningún fin expresado por el acusado. Neutralizar que el fiscal del asunto hubiera impulsado la conformidad o que se hubiera parado desde arriba no requiere decir que ha reconocido ningún delito”, ha alegado. Como acusación particular, pide cuatro años de cárcel para el fiscal general del Estado, una multa de 108.000 euros y una indemnización de 300.000 euros.
Gabriel Rodríguez-Ramos ha argumentado que las conductas del Ministerio Fiscal “se alinean de forma plena con el relato” que el 13 y 14 de marzo “integraba la política de comunicación” del Gobierno y del PSOE, “siendo idénticos el relato institucional de confesión y culpabilidad del Ministerio Fiscal y el relato político del delincuente confeso, como idéntico fue el método utilizado para construirlo”. “¿Qué consecuencias ha tenido esto para Alberto González Amador?”, se ha preguntado. Y él mismo ha contestado: “Que te marquen y te conviertan en manera política del Gobierno de España bajo el relato institucional del Ministerio Fiscal de confesión y culpabilidad arrasa tu derecho a la intimidad y a tu protección de datos y arrasa, en el procedimiento penal, la presunción de inocencia y el derecho de defensa”. “Y esto apuntalado día a día por el Gobierno. Esa maquinaria de comunicación genera continuos daños en áreas tan elementales como la vida familiar”, ha apostillado.
“Su estrategia consideraba que las revelaciones previas por periodistas le habilitaban para publicar el contenido que quería integrar en la nota”
El abogado de Alberto González Amador ha establecido un paralelismo y una causalidad entre la nota de prensa que se difundió el 14 de marzo y la filtración del famoso correo del 2 de febrero: “Su estrategia [del fiscal general del Estado] consideraba que las revelaciones previas por periodistas le habilitaban para publicar el contenido que quería integrar en la nota”. “Que estuviera en los medios no eliminaba la tipicidad de la nota en este caso y la búsqueda de esta protección a través de la filtración de la Cadena SER lo único que hizo fue aumentar la tipicidad de sus conductas y las consecuencias lesivas derivadas”, ha añadido.
Y ha cerrado su argumentación: “Imitando los métodos de revelación políticos, ese email había sido transmitido como método para activar su relato institucional de confesión y culpabilidad como parte de su estrategia para eludir la responsabilidad posterior”. “Son secretos de un particular que se revelan a la Cadena SER como estrategia para sellar institucionalmente por el Ministerio Fiscal el relato de confesión y culpabilidad buscando una cobertura legal, aunque mal diseñada”, ha remachado.
“No hay ningún compromiso con su fuente, salvo que sea su fuente”
Gabriel Rodríguez-Ramos ha puesto a Miguel Ángel Campos, periodista de la Cadena SER, en la diana, ha cuestionado que tuviera el correo el día 13 de marzo al mediodía y ha sostenido que el fiscal general del Estado fue su fuente. “¿Qué problema supondría para el secreto de las fuentes de Miguel Ángel Campos enseñar su chat con Álvaro García Ortiz y con Mar Hedo [jefa de prensa de la Fiscalía], mostrar que no hay comunicaciones, que no son su fuente? No hay ningún compromiso con su fuente, salvo que sea su fuente”, ha argumentado. Y ha querido desmontar la cronología del trabajo que hizo el periodista, que el martes relató que tuvo conocimiento de la confesión de la pareja de Ayuso el día 13 de marzo al mediodía, cuando acudió al despacho de su fuente y pudo leer el correo del 2 de febrero en la pantalla del ordenador.
“No existe un solo elemento objetivo distinto de la manifestación del periodista que soporte la afirmación. No tiene el email recibido, no tiene una foto, no comparte con nadie las notas o la información. Dice que llama a mucha gente por la tarde, pero no aporta soporte alguno”, ha lamentado el abogado. Finalmente, ha usado el mensaje de WhatsApp que el periodista envió a Carlos Neira aquel día a las once de la noche como argumento: “¿Me quiere decir que tiene usted una noticia que le calienta las manos, pero no la puede publicar y no intenta mandarle un WhatsApp por la tarde a ver si salta la liebre?”.
“Nunca se ha impulsado investigación alguna en la Fiscalía General del Estado”
Asimismo, ha puesto en duda que la Fiscalía no investigara las filtraciones sobre el caso de Alberto González Amador: “Nunca se ha impulsado en la Fiscalía General del Estado investigación alguna de la filtración de la denuncia del Ministerio Fiscal, del expediente tributario publicado por elDiario.es, de la que se ha dado publicidad por la Fiscalía General del Estado o de la filtración del email del 2 de febrero. Y ello por qué ellos eran los autores”. Y ha considerado que el hecho de que el fiscal general de Estado pidiera que le enviaran los correos entre el fiscal Julián Salto y el abogado Carlos Neira a su cuenta personal de Gmail es “clave” porque permitió salir del “circuito de trazabilidad” del Ministerio Fiscal.