El presidente del Gobierno Mariano Rajoy no era ajeno a las maniobras de la Operación Catalunya. Así lo certifican nuevos documentos y audios a los que ha tenido acceso ElNacional.cat sobre la persecución a la que se sometió a políticos y empresarios catalanes (incluidos directivos del Barça) con la utilización de recursos públicos para combatir el movimiento independentista. Además, esta información, validada por testigos que formaban parte del operativo, demuestra que el ministro del Interior, Jorge Fernández Diaz, y el mismo Rajoy ordenaron poner en marcha la Operación Catalunya en septiembre de 2012, tras la Diada masiva de aquel año y después de que el entonces president Artur Mas exigiera sin éxito en Moncloa un pacto fiscal para Catalunya.
🔴 NUEVA INFORMACIÓN: Un documento de Interior fija líneas de investigación contra los Pujol y empresarios catalanes
La Operación Cataluña consistió en un espionaje a políticos y empresarios sin amparo judicial y con acciones paralelas a las realizadas por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Lo confirman unas treinta notas informativas de la policía española entre los años 2012 al 2014, que iban directamente a los responsables de Interior. El comisario José Manuel Villarejo informaba al entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, mano derecha del ministro Fernández Díaz, de las investigaciones ilícitas que realizaban contra políticos catalanes, con el pago a informadores, según las conversaciones grabadas por el policía. Las notas recorrían diferentes despachos del gobierno del PP. Las recibía el ministro Fernández Diaz y este las enviaba al presidente Rajoy, según ha podido saber ElNacional.cat de fuentes involucradas en estas actuaciones. Son documentos y audios completos. Sin ninguna base legal incriminaron a dos presidentes de la Generalitat, Jordi Pujol i Artur Mas. Los dos, de Convergència Democrática de Cataluña (CDC), partido disuelto el julio de 2016.
Implicación del PP
La prueba de que el cerco policial a políticos y empresarios que defienden la independencia de Catalunya se hacía con la implicación de responsables políticos del PP, lo evidencia uno de los muchos audios que grabó el excomisario Villarejo, en este caso, cuando se entrevista con el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, el 14 de marzo de 2014. El diario Público difundió por primera vez este audio en octubre de 2021, y se centraba en explicar cómo Villarejo le informaba de que el presidente Mariano Rajoy (a quien llama el barbas o el asturiano) le había dado carta blanca para investigar y controlar la información que tenía el extesorero del PP Luis Bárcenas, y le anunciaba que le haría "una nota sobre el control de togas del CNI para que no vuelva a pasar lo de la Gürtel".
Ahora, ElNacional.cat ha accedido a la grabación completa y ha comprobado que la Operación Catalunya estaba en marcha. En concreto, cuando Martínez le pregunta sobre otro caso, Villarejo se excusa y le responde: "Estamos también en el otro tema de los catalanes y tal; tenemos un grupo de confianza..." En otro momento de la conversación, critica al comisario Marcelino Martin Blas, comisario de Asuntos Internos por promover una investigación encargada por el fiscal José Grinda a una parte de policías por supuestamente ayudar a una trama china, a espaldas del juez Fernando Andreu en el caso Emperador. Cuando le transmite su queja directamente a Marcelino, Villarejo afirma: "Vi al otro muy agobiado y enseguida soltó las cosas que están haciendo en Andorra, las gestiones y los datos que está consiguiendo M [Marcelino]. Y que eso va muy bien, y les digo: así me gusta, pero no nos tenemos que pegar un tiro en el pie", refiriéndose a la investigación a la misma policía. Es una afirmación hasta ahora no difundida.
Acusación de pedofilia a Grinda
Incluso, en la conversación con el secretario de Estado, el excomisario Villarejo acusa al fiscal Grinda de pedofilia. Hubo un proceso judicial contra el fiscal que se cerró porque Grinda aseguró que no sabía que la chica con quien había contactado era una menor. Villarejo se muestra enfadado con el fiscal porque ha hecho abrir a Martín Blas una investigación a policías del caso Emperador, donde ha incluido a su propio hijo:
JMV: “Marcelino estaba muy nervioso y es muy ignorante. Todo el mundo sabe que los sumarios son una cosa seria y que no se puede hacer una investigación paralela solo porque lo diga el fiscal. Y que Grinda lo ha pedido verbalmente”.
FM: “Y tu hijo sale en este informe que han elaborado?”
JMV: “Sí, en el informe gordo, y el hijo de Carlos [otro policía]. Todo demencial”
FM: “Mira que chungo es Grinda que dice que Asuntos Internos le ha llevado una denuncia contra los colegas, mientras la Udico ha dicho que no hay nada.”
En la conversación los dos bajan mucho la voz, y el excomisario afirma que “ha hablado con muchos y que, aparte de retorcido, Grinda no tiene fundamentos y casi todo lo pierde”, y Martínez le responde: “Es malo técnicamente.” El excomisario asegura: “Tengo el permiso de Eugenio (refiriéndose a Eugenio Pino, entonces Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía) e iré a Galicia y le sacaré esto de la pedofilia a este chico. Tienes mi bendición, dijo”. Y detalla: “Este hijo de puta que se permite jugar, con la que está cayendo.”
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BPA, "forzada y obligada"
La primera actuación de la policía política fuera del Estado español es en Andorra. Un grupo de policías —que después se ha sabido que eran dirigidos por el comisario de la policía española Marcelino Martín Blas (que se hacía llamar Félix), con el inspector agregado de Interior en la Embajada espanyola en Andorra, Celestino Barroso— consigue de forma ilegal las cuentas de la familia Pujol Ferrusola en la Banca Privada de Andorra (BPA). En la nota policial informativa, fechada el 1 de julio de 2014, se admite: "Parte de estas informaciones, aunque de manera forzada y obligada por las circunstancias, las habrían facilitado los propios responsables del BPA ante el temor de poder perder la licencia para ejercer en España como la banca privada a través de la marca Banco Madrid, han optado por aceptar prestar colaboración con las autoridades judiciales y fiscales españolas." En la nota sale un pantallazo de las cuentas de Marta Ferrusola, y de sus hijos Marta, Mireia, Pere y Oleguer, titulares también de las cuentas, y precisa que hicieron once ingresos por valor de 3,4 millones de euros entre los años 2011 y 2012. En aquel momento, solo un juez de la Audiencia Nacional investigaba los negocios de Jordi Pujol Ferrusola en una causa abierta en 2012. No de la familia.
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La falsa nota Falciani
La policía patriótica incluso falseó una nota informativa en noviembre de 2012 en el cual asegura que en la lista Falciani sobre evasores fiscales en el banco HSBC está Jordi Pujol Ferrusola, del cual se asegura que tiene una empresa de marmol. Hay prensa española que pica y publica esta información falsa.
El caso de la BPA es una investigación sin amparo judicial, que se admite en la misma nota: "Dadas las graves dificultades que el proceso de identificación de las cuentas de los Pujol está propiciando, sería aconsejable continuar con los contactos de los responsables del BPA, con el fin de mejorar la hasta ahora remisa actitud a la colaboración para aportar concreción del volumen de lo que son titulares." Y afirma: "Sin poder determinar todavía este volumen, verbalmente uno de los responsables ya mencionados, mencionó de manera velada que ni siquiera ellos podrían determinar con total exactitud cuánto dinero es de titularidad propia, aunque conste a nombre de fiduciarios, así como cuánto manejan uno o varios de los hijos de Pujol aunque finalmente proceda de fondos externos que tienen asignada su representatividad. En ningún caso, en el BPA el volumen propio sería inferior a 500 millones y en caso de referirse a fondos indirectos, de unos 1 .500-1.800 millones de €, de los cuales se desconocería el nivel porcentual que tendrían ellos."
Todo ello desmostraria hasta qué punto los policías trabajaban a partir de una especulación sobre el dinero que podría tener la familia Pujol en el BPA. Los titulares de la BPA, los hermanos Higini y Ramón Cierco, siempre han negado haber dado esta información bancaria.
El expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, confesó que la familia tenía dinero no declarado en Andorra, proveniente de una herencia de su padre Florenci, el 25 de julio de 2014, forzado por la policía política cuando el diario El Mundo publicó el pantallazo de las cuentas en el BPA el 7 de julio. El diario español ya había sido utilizado por las cloacas del Estado para publicar informes falsos de la Udef, uno de ellos no aceptado por el fiscal Emilio Sánchez Ulled y el juez del caso Palau de la Música, Josep Maria Pijuan para hacer registrar la sede de Convergència, cuando ya había bastantes indicios y acusaciones del cobro de comisiones de CDC, tal como fue condenado el partido.
La confesión del presidente Pujol blanqueó y legalizó las investigaciones ilícitas y una jueza de Barcelona abrió una investigación a la familia, que el 4 de diciembre de 2015 accedió a traspasar el caso a su homólogo de la Audiencia Nacional que hasta entonces solo investigaba al primogénito. Ahora, sí, de forma oficial el banco andorrano entregó al juez español los datos bancarios de los Pujol.
Dos audios clave
Las notas policiales y los audios confirman que la familia Pujol Ferrusola era investigada de forma ilegal después de la comida de La Camarga, que mantuvieron la entonces líder del PP Alícia Sánchez-Camacho y la expareja Jordi Pujol Ferrusola, Vicky Álvarez, que sin saber que estaba siendo grabada, le explica el supuesto dinero que mueve la familia y con cuentas en Andorra, el 7 de julio de 2010, que se difundió en 2015. Precisamente, una conversación grabada por Villarejo y, desvelada ahora, destapa que el 26 de junio de 2013 ya informa al secretario de Estado de Seguridad sobre las pesquisas contra los Pujol. Le detalla que "los Pujol tienen mucho dinero en cuadros en Andorra" y que también implica a Artur Mas y a Convergència. Extremos nunca probados.
Cuando un año después todo estalla y el presidente Pujol confiesa que la familia tiene dinero no declarado en Andorra, en una nueva conversación del 22 de agosto de 2014, Villarejo y Francisco Martínez se rien de los que dicen que la filtración ha sido del CNI, hecho que reafirma su autoría: "Ahora se apuntan el tanto." Es en esta conversación que Villarejo también le pide que le renueve su identidad falsa con el nombre de Javier Hidalgo, como le conoce Álvarez y otros confidentes a sueldo.
La familia Pujol Ferrusola está pendiente de juicio por blanqueo de capitales y asociación ilícita. Los negocios del primogénito, que cobra por hacer de intermediario con empresas, se considera ilegal. Ni Villarejo ni Vicky Álvarez son testigos de la Fiscalía ante la ilegalidad de sus actuaciones.
Bancos cerrados
La colaboración forzada de los propietarios de la BPA, los hermanos Ramon e Higini Cierco, no les sirvió de nada. Las autoridades americanas alertaron del riesgo de su banco en el blanqueo de capitales, a través de una nota, que los titulares de la BPA sostienen que fue manipulada por responsables españoles. La BPA y su filial, el Banco Madrid, fueron obligados a cerrar. Recientemente, La Audiencia Nacional ha desestimado que el Gobierno tenga que indemnizar a los titular por el cierre del banco, después de aclararse que no había cometido ninguna irregularidad, resolución que los Cierco ya han anunciado que recurriran.
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Villarejo y el Congreso
José Manuel Villarejo, comisario de la policía española ahora jubilado y con la primera condena por dirigir un grupo policial a sueldo de empresarios y políticos y por intentar tapar ilegalidades del PP (caso Gürtel y Kitchen), además de ir contra Podemos y contra políticos catalanes, ha insistido en que actuaban por encargo de dirigentes populares con la aportación de grabaciones de entrevistas que mantenía con cargos del PP. Afirmación ratificada ahora con los nuevos documentos,confirmados por otras fuentes de la operación. Los nuevos documentos podrian aportar novedades substanciales en la comisión de la Operación Catalunya que se deberá abrir en el Congreso de los Diputados, después de que Junts ha arrancado al PSOE este compromiso en las negociaciones de investidura de Pedro Sánchez.
La misma comisión en el Parlament no comportó ninguna responsabilidad penal ni política; además, meses más tarde se supo que la exlíder del PP catalán Alicia Sánchez-Camacho, entonces senadora, mintió a la cámara catalana cuando aseguró que nada sabía del espionaje a empresarios y políticos catalanes, mientras en un audio se la oye pedir a Villarejo que espiara sobre todo al exconseller de Economia Jaume Giró, que entonces era directivo en La Caixa. Por ahora, sin embargo, ninguna querella de políticos y de empresarios catalanes espiados y falsamente acusados por la Operación Catalunya ha prosperado en los juzgados. Este es el caso del expresidente del Barça Sandro Rosell y de Giró, entre otros.
Peones de la Operación Catalunya
En las notas informativas, Villarejo desvela que en Catalunya hay distintas personas que les ayudan a obtener información. Los peones citados son, entre otros: el entonces director de Método 3, Francisco Marco (detenido en 2013 por grabar la comida de La Camarga entre Sánchez Camacho y la ex de Pujol, caso archivado), y detectives de su agencia; así como el empresario Javier de la Rosa, del cual se dice que "siempre pide dinero"; el director de Antifraude, Daniel de Alfonso, y su mano derecha, y la expareja de Jordi Pujol Ferrusola, Vicky Álvarez, que también está a sueldo del Estado español, hasta que el PSOE lo corta en 2018, según se ha sabio recientemente.
Reproduce comentarios chulescos de todos ellos, algunos de ellos dicen que se han acercado al expresidente Pujol. La deslealtad con Catalunya de De Alfonso fue descubierta en un audio difundido en 2016, sobre una conversación que tuvo con el ministro Fernández Díaz, en octubre de 2014. Y a pesar del descrédito profesional, De Alfonso pudo reanudar su carrera como juez, en este caso en Cantabria, donde continúa. Villarejo fue detenido en noviembre de 2017 y tiene diferentes causas penales abiertas, pero ninguna por haber difamado a políticos y empresarios catalanes, como tampoco el exministro de Interior Jorge Fernández Díaz, y aún menos el expresidente Rajoy.