Los papeles secretos de la Operación Catalunya no se limitaban a las notas que quincenalmente hacía llegar la denominada policía patriótica al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y al mismo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Entre la documentación a la que ha tenido acceso ElNacional.cat figuran también informes con el encabezado de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía en los que se plantean "propuestas de investigación" a partir de lo que describen como "informaciones recibidas". Entre otros, se plantea abrir investigaciones contra el fiscal superior de Catalunya, Martín Rodríguez Sol, y empresarios como la presidenta de Coca-Cola European Partners, Sol Daurella, y su marido, Carles Vilarrubí. El objetivo de los agentes dirigidos por el comisario José Manuel Villarejo era conseguir cualquier información susceptible de utilizar contra los responsables del Procés. Se busca información por todas partes, de confidentes, de sumarios judiciales... incluso datos confidenciales del ministerio de Hacienda o, sencillamente, simples rumores extraídos de Internet.
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La documentación que explica el modus operandi de esta trama policial está contenida entre los papeles secretos y los audios a que ha tenido acceso ElNacional.cat, con los cuales se hace evidente que la implicación sobre la Operación Catalunya llegaba hasta al máximo responsable del gobierno, entonces Mariano Rajoy.
Pedro Sánchez
La publicación de esta documentación, parte de la cual también ha aparecido en La Vanguardia y elDiario.es, ha provocado la respuesta, entre otros, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En una entrevista a RNE, Sánchez subrayaba la necesidad de "llegar hasta las últimas consecuencias" en las comisiones de investigación que se tienen que celebrar en el Congreso de los Diputados para averiguar el intríngulis de esta persecución a un movimiento político. "Hay que aclarar uno de los hechos más lamentables y vergonzosos de la historia democrática de nuestro país", ha remachado. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha evitado referirse a este tema, pero sí han hablado otros dirigentes populares, como el presidente de Murcia, Fernando López Miras, que, a preguntas de El Nacional, ha asegurado que el expresidente español "puso toda la maquinaria del Estado al servicio de la defensa y la unidad de España y el interés general de todos los españoles".
La publicación de estas informaciones ha provocado la reacción del president Carles Puigdemont, que, a través de un tuit, ha advertido que los responsables de la trama tendrán que dar explicaciones; y del president Artur Mas, que en una entrevista en ElNacional.cat ha advertido que hay que llegar hasta el final "caiga quien caiga". Entre los políticos independentistas que se vieron afectados por la persecución de la Operación Catalunya, han salido también a valorar las informaciones publicadas el exalcalde de Barcelona Xavier Trias y el exconseller de Economía Jaume Giró.
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Tal como ha informado este lunes ElNacional.cat, el rastreo de la policía patriótica incluyó incluso a la Sagrada Familia, donde se intentó situar una trama de corrupción, en un abanico de objetivos tan amplio que incluso tropezó con información comprometida sobre el yerno de Juan Carlos I, Iñaki Urdangarin.
Los señalados
Entre los informes a los cuales ha tenido acceso ElNacional.cat, la mayoría sin encabezamiento y precedidos por el epígrafe Nota informativa (NI), aparece un documento que sí lleva el membrete del Ministerio del Interior y de la Dirección Adjunta Operativa de la Unidad de Asuntos Internos de la Dirección General de la Policía. En este texto se señalan "posibles líneas de investigación derivadas de la información recibida y analizada" por esta unidad.
A pesar del encabezamiento, al final del documento se advierte que la mayor parte de las informaciones recibidas provienen de Internet y no han podido ser contrastadas, pero eso no impide que se señale nombres muy concretos como el empresario Felip Massot y el grupo inmobiliario Vertix, a quien se investiga por "posibles irregularidades y posiciones no declaradas en cuanto al patrimonio". Lo mismo que se busca en el caso de Carles Vilarrubí y su esposa Sol Daurella, o en el caso del empresario Carles Sumarroca.
Como informaba ayer ElNacional.cat, entre los investigados en esta lista figura también el que fue fiscal superior de Catalunya, Martín Rodríguez Sol, que fue forzado a renunciar a su cargo a raíz de la polémica provocada por sus declaraciones en apoyo de una consulta de autodeterminación. El documento propone buscar vínculos entre el fiscal y Unió Democràtica de Catalunya, formación con la cual se presentaría a las elecciones del 2015, así como lo que describe como "las comisiones gestionadas por los abogados del citado partido". Rodríguez Sol, al volver a la fiscalía después de aquellos comicios en que no obtuvo escaño, se vio apartado de cualquier investigación relacionada con políticos.
De nuevo, sin embargo, los Pujol tienen el protagonismo de las investigaciones. En este caso, se busca la "posible existencia de posiciones financieras en nombre de Jordi Pujol en las entidades bancarias Lloyds y Royal Bank of Scotland en territorio suizo". También de posiciones financieras de la familia en la entidad bancaria Cantrade Lausanne en Suiza; y su posible relación con cajas de seguridad de Fèlix Millet. En la nota, incluso aparece un abogado de nacionalidad británica, Herbert Arthur Joseph Rainford Towning, aunque no se lo cita por su nombre, o dirigentes históricos de CDC como Jaume Camps o Macià Alavedra, así como el abogado Javier Menéndez.
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Implicación de Hacienda
La documentación demuestra hasta qué punto el comisario José Manuel Villarejo no perdía oportunidad de investigar a la familia Pujol Ferrusola y personas de su entorno. En una conversación grabada el 22 de agosto de 2014, Villarejo informa al secretario de Estado de Seguridad y mano derecha del ministro de Interior, Francisco Martínez, que se intentará acercar a Joan Anton Sànchez Carreté, que fue fiscalista del president Pujol, y también de su primogénito. El comisario sostiene que Sánchez Carreté "fue indultado por Zapatero cuando lo pidió Mas". Tres años después de esta conversación, Sànchez Carreté fue citado a declarar como testigo en la causa de la familia Pujol Ferrusola en la Audiencia Nacional y explicó que no sabía que la familia del expresident tenía dinero en Andorra. Aseguró que en el 2014, al descubrirse estas cuentas y confesarlo Pujol, la familia le pidió consejo y les recomendó regularizar el dinero con declaraciones complementarias, según fuentes judiciales.
Los documentos demuestran también la intervención del Ministerio de Hacienda, que encabezaba Cristóbal Montoro, en la investigación de los Pujol, dado que sus datos fiscales llegaban al grupo de la policía patriótica. Una nota de 30 de noviembre de 2012 resulta especialmente reveladora en este sentido. Se detalla que Josep Pujol Ferrusola "había regularizado su cuenta en Suiza". Fue en el marco de la ley de amnistía del ministro Montoro. El conocimiento de datos fiscales sin amparo legal muestran la gravedad de las actuaciones de la Operación Catalunya.