El Ministerio del interior, dirigido por Jorge Fernández Díaz (PP), no solo creó la llamada policía patriótica contra el independentismo catalán y otros rivales políticos, sino que en otoño de 2012 incluso permitió que un comisario de la policía española entregara al fiscal y al juez del caso Palau de la Música un informe falso, firmado por la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal), sobre supuestas cuentas en Suiza que implicaba al partido de Convergència y al entonces president Artur Mas. Así se desprende de una nota informativa dirigida a cargos de Interior el 29 de diciembre de 2012, a la que ha tenido acceso ElNacional.cat. El fiscal de Anticorrupción, Emilio Sánchez Ulled, y el juez Josep Maria Pijuan —que ya investigaban el cobro de comisiones de CDC por parte de Ferrovial a través del Palau de la Música, y que recibió una sentencia condenatoria en el 2018— no dieron credibilidad al informe, y la dirección de la UDEF —requerida por el juez— no lo validó. Diarios españolistas, sin embargo, cuestionaron al juez Pijuan —actualmente ejerce de juez en Andorra— y lo difamaron.
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"Poco se avanzará a erradicar el grave riesgo que supone el independentismo, si se realizan acciones de marcado carácter heterodoxo, desde el punto de vista judicial, y al mismo tiempo se permiten actuaciones sin una lógica explicación, abusando de la situación de privilegio que el BSCH (banco de Ginebra donde Hervé Falciani copió una lista de numerosos defraudadores fiscales en la Unión Europea) tiene en la A. Nacional", se afirma en la nota informativa de diciembre de 2012, que se encontró en la documentación del comisario jubilado José Manuel Villarejo, acusado en varios procesos judiciales por liderar un grupo policial a sueldo de empresarios y políticos del PP. La acción de la policía patriótica se enmarca en el contexto de hacer frente a la masiva manifestación de la Diada de 2012, que fue contestada con información falsa que afectó a las elecciones catalanas anticipadas más de dos años por Mas, en noviembre, y en las que CiU pasó de 62 a 50 diputados.
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Responsabilidad penal
En la nota informativa dirigida a cargos de Interior, se afirma que la actuación es conocida en el Ministerio. "Supone, por lo tanto, un error hacer las actividades que se están llevando a cabo en INTERIOR, que podrían comportar incluso responsabilidades penales, sin una adecuada cobertura, como sí que hace el CNI; mientras por parte de CNP se ordenó en octubre a dos altos mandos (jefes del CITCO y de A.INTERNOS), para forzar una actuación sobre CIU, la fundación Trias Fargas, el 3% y el caso Palau (MILLET) y entre otros; aunque "oficialmente" nada tenían que ver, ni con la UDEF, ni con las actuaciones que por orden judicial se llevan a cabo sobre la financiación ilegal, que afecta a los partidos que gobiernan la Generalitad", dice textualmente la nota. Y admite: "Los dos folios se han elaborado de una manera chapucera y tan poco creíble, como un supuesto empresario retirado, había decidido explicar lo que sabía, por tanta corrupción en un país en crisis. Actuaciones descoordinadas generan alertas que hacen dudar de toda la info publicitada."
Se refiere a un número de cuenta y al informe apócrifo y falso que el fiscal y el juez del caso Palau rechazaron, pero que el diario El Mundo difundió, y en el cual se decía que el presidente Mas cobraba comisiones y las tenía en una cuenta en Suiza. Incluso, el fiscal superior de Catalunya, Martín Rodríguez Sol, hizo abrir una investigación para aclararlo, pero las denuncias del líder de Convergència no prosperaron en ningún juzgado. Rodríguez Sol fue forzado a dimitir en marzo de 2013 cuando en una entrevista avaló la consulta soberanista como una muestra para saber la voluntad de los ciudadanos, siempre con respeto del marco legal. Madrid no quería ningún diálogo.
Artur Mas reacciona
El expresidente Artur Mas, en una entrevista este lunes a ElNacional.cat ha asegurado que se le quería "cazar" en diferentes investigaciones policiales ilegales y que nunca se probó nada. Y no ha rehuido que Convergència fue condenada a título lucrativo en el caso Palau.
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Dos registros en Convergència
El fiscal Sánchez Ulled – que en el 2017 fue nombrado consejero de Justicia en nombre de España en la UE, en Bruselas, al acabar el juicio del caso Palau y el del 9-N- acusó CDC de cobrar 6,6 millones de euros en comisiones ilegales de la constructora Ferrovial a través de los ladrones confesos del Palau de la Música de 1999 en el 2009. La Audiencia de Barcelona condenó a Fèlix Millet y su mano derecha, además del extesorero de CDC y el partido, de financiación ilegal en el 2018, sentencia ratificada por el Supremo en el 2020.
Paralelamente al caso Palau, un juez del Vendrell autorizó a la Guardia Civil el registro de la sede de Convergència y de sus fundaciones, dos veces, el verano y en octubre de 2015, reclamadas por el fiscal anticorrupción José Grinda. El caso se inició por una denuncia contra el entonces alcalde convergente de Torredembarra, que acabó en el caso 3% y elevado en la Audiencia Nacional, que está pendiente de juicio, con exdirigentes de CDC y empresarios procesados. Cuando se hizo el segundo registro, faltaban pocos días para la formación del nuevo Parlament, legislatura en la cual los partidos catalanes se comprometieron a implementar el mandato independentista.
Primera condena a la policía patriótica
La familia Pujol Ferrusola ya era investigada por blanqueo de capitales desde la confesión del president Pujol, en julio de 2014, caso que otro juez de la Audiencia Nacional asumió en diciembre de 2015. La causa también está pendiente de juicio. Hasta ahora, la única condena a la policía patriótica por difundir información falsa de políticos catalanes ha sido a Eugenio Pino -comisario jubilado y jefe de la Policía a quien se atribuye la creación de la brigada política en el gobierno de Rajoy- por el caso del pendrive de los Pujol. En mayo de 2022, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid revocó su absolución y condenó a Pino a un año de prisión y a pagar una multa de 7.200 euros, y una indemnización a la familia Pujol de 2.000 euros por haber entregado al juez que investigaba los Pujol Ferrusola un lápiz con información de sus cuentas obtenida de forma ilícita, que Fiscalía y juez rechazaron, y que habría contaminado toda la investigación y podría hacerla decaer, como también hubiera pasado en el caso Palau.
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Jueces por el derecho a decidir
Precisamente, en la nota informativa de diciembre de 2012, se pide a Interior "evitar acciones y enfrentamientos de estos tipos, que aumentan cada día, además de debilitar las actuaciones con el grave riesgo de ser descubrimientos, alertan a los objetivos (a no ser que eso sea lo pretendido) y propician que desde la Fiscalía sean aprovechados para publicar comunicados descalificadores, que tal como ha confirmado también CNI, algunos de los miembros significativos del ámbito judicial, mantienen hoy unas claras preferencias cabe al 'derecho a decidir'".
Afirmación que casi se adelantaba dos años a los hechos. En marzo de 2014, un grupo de 33 jueces y magistrados catalanes firmaron el manifiesto por el derecho a decidir, en un escrito muy ponderado y jurídico. No obstante, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abrió un expediente de información y el diario La Razón publicó su nombre y fotografía, algunas usando su DNI, es decir, que se habían usado fondos policiales, y bajo el título La conspiración de los 33 jueces soberanistes. Ningún tribunal español llevó a juicio la denuncia de estos jueces. El verano del 2022, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó al Estado español a indemnizar a 20 de estos jueces por haber vulnerado el derecho a su intimidad.