Las palabras se pueden convertir en armas subversivas en manos del Govern de la Generalitat hasta conseguir obsesionar al Estado. Así lo demuestra el oficio que hizo llegar el martes el Ministerio de Exteriores vetando el corredor 5G del Mediterráneo y donde reclama "adecuar el lenguaje" del acuerdo. La misma preocupación que se ha hecho evidente en otros requerimiento del gobierno de Pedro Sánchez, e incluso de manera verbal en reuniones de trabajo entre los dos ejecutivos.

El texto en que se considera inadecuado el acuerdo sobre 5G entre Catalunya y Occitania reclama "adecuar el lenguaje del texto a su naturaleza jurídica". En concreto, "incluir la referencia al Reino de España junto a la mención del signatario, todas las veces que se haga referencia a la Generalitat de Catalunya".

El oficio del Ministerio de Exteriores critica igualmente que en inglés, entre otras cuestiones, se hable de la conselleria como Ministry y del conseller como Minister. "Estos términos suelen utilizarse en relación con entidades estatales", advierte para reclamar que se sustituya por la denominación Office y Department.

No es sólo una preocupación del departamento de Josep Borrell. Una enmienda similar aparecía como uno de los argumentos de peso en el requerimiento de incompetencia que el Ministerio de Presidencia de Carmen Calvo hizo llegar a la Conselleria d’Exteriors, en relación al Plan estratégico de Acción Exterior aprobado por el Govern el mes de junio.

Catalunya y España

En este caso se reprochaba a la conselleria que hace un "uso orientativo del lenguaje" (página 10). "En ningún sitio se menciona que Catalunya es una Comunidad Autónoma o región de España", denuncia el ministerio, que especifica que en el documento recurrido se privilegia el término país o Gobierno para referirse al "gobierno autonómico". El ministerio incluso se molestó en contabilizar que en el texto "a Catalunya nunca se la califica de Comunidad Autónoma, ni de región, sino que en las aproximadamente 150 veces que el plan se refiere a ella, lo hace con otro nombre, como país o como Govern".

 

También en el caso del Plan de Acción Exterior la traducción inglesa que hace la Generalitat preocupa al ministerio, en concreto la traducción que se hace de actor reconocido en el mundo como "country recognised around the world" y la de conseller como "Minister".

La lista de reproches lingüísticos no sólo se alarga sino que se añade un segundo epígrafe sobre "falta de rigor en términos utilizados", donde se reporta el uso que se hace de palabras como acuerdos o convenios, que en el caso de un gobierno autonómico tendrían que añadir el epígrafe de no normativos o administrativos.

Según los argumentos del ministerio, la omisión que se hace en el Plan estratégico de Exteriores de las referencias a competencias del Estado produce confusión y "ofrece una proyección de Catalunya como Estado" y como "sujeto internacional". Todo ello, según se argumenta, provoca un "menoscabo de las competencias estatales".

No son casos aislados. La exigencia de citar al estado español tras las referencias al Govern se ha expresado también verbalmente en reuniones de trabajo entre los dos ejecutivos, según fuentes del Govern, que ya ironizan que "debe tratarse de una consigna".

La preocupación por el lenguaje utilizado por el Govern ya se convirtió en uno de los caballos de batalla del ejecutivo de Mariano Rajoy, que incluso recurrió contra la denominación de la Conselleria d'Afers Exteriors de Raül Romeva. En aquella ocasión, el Tribunal Constitucional dio la razón al gobierno español, pese a admitir que la denominación de Asuntos Exteriores ya había sido utilizada anteriormente en otras ocasiones y normas del Govern. El TC atribuyó su veto a que en este caso se había aplicado al nombre de una conselleria y a que, además, quedaba enmarcado "en el contexto de los pasos dados por el Parlament y la Generalitat para avanzar en el proceso secesionista".