Izquierda Unida (IU) no se ha querido conformar con las decisiones de la justicia española sobre el rey emérito Juan Carlos I y ha decidido recurrir al Tribunal de Estrasburgo la negativa de investigar los presuntos delitos del emérito ya que consideran que se vulneran dos derechos, tal como asegura este lunes El diario.es. La Fiscalía del Tribunal Supremo archivó a principios del pasado mes de marzo dos investigaciones que tenía abiertas contra el rey emérito por el cobro de 100 millones de dólares como supuesta comisión por la adjudicación a empresas españolas del tren de alta velocidad a la Meca y por el pago de gastos familiares por parte de un empresario mexicano y una fundación suiza. El ministerio público admitió que el ex jefe del Estado defraudó a Hacienda e incluso fue sobornado, pero los delitos estarían prescritos y además era inviolable, según establece la Constitución. Además, lo exculpaba de otros delitos fiscales cuando ya había abdicado porque regularizó la situación antes de conocer los motivos de la investigación del ministerio público.
El recurso que ha impuesto Izquierda Unida critica la naturaleza opaca de la investigación de la fiscalía ya que las diligencias de investigación se mantuvieron en secreto durante años. Al mismo tiempo, la formación política denuncia la interpretación de la inviolabilidad del emérito que hizo el Tribunal Supremo rehusando la querella presentada por Izquierda Unida, cuyo recurso ante el Tribunal Constitucional también fracasó. IU ha presentado el recurso junto con el Partido Comunista de España y el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda y consideran que no se ha respetado la tutela judicial efectiva mientras que las diligencias de investigación de la fiscalía son alienas al sistema judicial, corresponden a una institución jerárquica cuyo máximo responsable es nombrado por el Gobierno y su desarrollo está "vetado al público" y no permite personificación alguna, explica El diario.es.
Iviolabilitat cuestionada
De la misma manera, desde IU entienden que el archivo a las dos querellas presentadas ante el TS, tienen "una particular forma de entender el concepto constitucional de la inviolabilidad". "Se interpreta como una especie de inmunidad para ser impune ante la comisión de cualquier delito", añaden las fuentes consultadas por el citado digital. Además, apuntan que la decisión del juez del Reino Unido de descartar que la inviolabilidad del emérito lo proteja de la denuncia presentada por su examante Corinna todavía refuerza más sus argumentos.
¿Qué se investigaba?
El objeto de la primera investigación, abierta en junio del 2020 era un posible delito de corrupción en los negocios, derivado de la manera cómo se produjo la adjudicación, en octubre de 2011, de las obras de la fase 2 de la construcción de la línea de ferrocarril de alta velocidad que une las ciudades de Medina y La Meca (Arabia Saudí) al consorcio Al-Shoula, formado por 12 empresas españolas y dos saudíes, y la posible relación con el ingreso de 64.884.405 euros (100 millones de dólares), ordenado el 8 de agosto de 2008 por el entonces rey de Arabia Saudí a la cuenta de la Fundación Lucum, del Panamá, de la cual Juan Carlos de Borbón sería su titular real.
Las segundas diligencias de investigación se abrieron en noviembre del 2020 a raíz de la recepción de un informe de inteligencia financiera emitido por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) en que se informaba de unas transferencias ordenadas entre los años 2017 y 2018 por el empresario mexicano Allen de Jesús Sanginés Krause, residente en el Reino Unido, a favor de una cuenta titularidad de Nicolás Murga Mendoza, coronel del ejército español, que en el pasado fue ayudante del rey emérito. Buena parte de las cantidades recibidas fueron aplicadas a satisfacer gastos de familiares del emérito o de personas vinculadas.