Entre el 30 de agosto y el 2 de octubre pasados todos los ojos se concentraron en la Global Sumud Flotilla que desde Barcelona emprendió un viaje solidario hacia Gaza. Entre las figuras destacadas de la misión se encontraban la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la activista sueca Greta Thunberg. La iniciativa comenzó con la congregación de miles de personas en la capital catalana que se reunieron para animar a los activistas que zarpaban hacia Palestina en un viaje lleno de incertidumbres y con la esperada hostilidad del gobierno israelí, que no tardó en declarar a los activistas como terroristas. Y así también se advirtió que serían tratados una vez fueran interceptados durante su travesía.

El viaje llegó finalmente a su clímax con el abordaje de las fuerzas de seguridad israelíes en aguas internacionales que asaltaron los barcos y detuvieron a todos los activistas. Si hasta entonces los activistas habían estado documentando el viaje con múltiples publicaciones que colgaban en las redes sociales, en ese momento se produjo un apagón de unos días, hasta que se empezaron a distribuir imágenes por parte de Israel de todos los activistas detenidos en una prisión israelí donde habían sido concentrados para ser posteriormente deportados.

Antes del encontronazo en alta mar, se generó una polémica por el papel que los gobiernos debían desempeñar para proteger a los activistas. Tanto Italia como España movilizaron fuerzas navales, si bien no fue necesario que actuaran. Las autoridades señalaron en su momento que solo se trataba de desplegar recursos por si se tuviera que realizar un rescate. Este supuesto finalmente no se produjo. Algunos sectores políticos presionaron para que el buque militar español protegiera los flancos de la flotilla hasta llegar a puerto en Palestina. Pero esto tampoco se produjo.

La repatriación de los activistas

Una vez Israel comenzó a liberar y deportar a los activistas procedentes del Estado, el gobierno español se hizo cargo del gasto de los vuelos con los que regresaron a la península. Este gasto generó una querella de Vox contra el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y los ministros José Manuel Albares y Margarita Robles. El Tribunal Supremo ha rechazado la querella al considerar que no concurren los elementos típicos de los delitos de malversación de caudales públicos y de prevaricación, que Vox indicaba en su denuncia. Los magistrados han considerado que los hechos denunciados “se circunscriben a decisiones gubernamentales legítimas dentro de las competencias constitucionales en política exterior y defensa”. El alto tribunal cree que no se acreditan “indicios racionales de comisión de los delitos de malversación ni de prevaricación, evidenciándose que la querella responde a un propósito político sin base fáctica, penalmente relevante”.