Ocho días después y con multitud de investigaciones abiertas, el Gobierno sigue sin aclarar las causas del apagón general de la semana pasada. Así lo han reconocido este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros tanto su portavoz, Pilar Alegría, como el ministro de Transformación Digital, Óscar López. Este último, además, ha insistido en mantener viva la hipótesis del ciberataque como a causa del caos de aquel lunes. "No descartamos ninguna línea de investigación todavía", ha señalado. De momento, la única novedad que puede ofrecer el ejecutivo es la expuesta este lunes por la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen: 19 segundos antes del apagón histórico se produjo otro fallo. El ejecutivo se ha expresado así el día antes de que Pedro Sánchez comparezca en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre el apagón y también sobre su plan para disparar el gasto en Defensa. Fuentes de la sala de máquinas de la Moncloa explican que el presidente del Gobierno vinculará las dos cosas en un mismo discurso, y apuntan que España dio una imagen de "vulnerabilidad" la semana pasada.
De hecho, y en plena crisis por el apagón general, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes un paquete de actuaciones en ciberseguridad y ciberdefensa con una inversión de 1.157 millones de euros. El ministro López, en su comparecencia ante los medios, ha destacado que en 2024 se materializaron más de 100.000 ciberataques en el estado español. En los últimos diez años, este tipo de ofensivas han aumentado en un 300%. El plan prevé impulsar el Centro de Operaciones de Seguridad, que hace el seguimiento, control y supervisión de las normativas y regulaciones en materia de ciberseguridad 5G y hace tareas de apoyo|a las operadoras, fabricantes, administraciones y usuarios corporativos. También permitirá reforzar la seguridad de la administración y las plataformas para que haga auditorías automatizadas sobre servicios de las administraciones públicas expuestos en internet. Además, el plan servirá para integrar la inteligencia artificial en los sistemas de detección de ciberataques y en los centros de operaciones de ciberseguridad públicos y privados. El 60% de este paquete irá destinado al Ministerio de Defensa.
Reducción de la jornada laboral
Por otra parte, este martes el Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión el proyecto de ley de reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales. La intención del Gobierno era aprobar esta medida la semana pasada, pero lo aplazó a causa del apagón general del lunes. Ahora la norma estrella del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz de esta legislatura viajará hacia el Congreso de los Diputados. Los grupos parlamentarios tienen la posibilidad de presentar enmiendas a la totalidad al texto del Gobierno. Si nadie presentara, se pasaría automáticamente a la segunda fase, a la que se llegaría igualmente si la ley superara el debate de totalidad: las enmiendas al articulado.
De momento, Junts per Catalunya ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad a esta ley. El grupo parlamentario de Míriam Nogueras pide cambios en la norma aprobada por el Gobierno. La voluntad de los independentistas es obligar a Pedro Sánchez a negociar. Ahora bien, el ejecutivo de PSOE y Sumar puede alargar la votación en la cámara baja de las enmiendas a la totalidad sine die. La Moncloa está por ahora obligada a negociar con sus socios de investidura, porque el PP se opone de momento a votar a favor de una norma que no cuenta con un acuerdo entre patronal y sindicatos. Este lunes Yolanda Díaz se ha mostrado confiada con la posibilidad de acabar alcanzando un acuerdo con el partido de Carles Puigdemont.
PERTE de industrialización de la vivienda
Paralelamente, el Gobierno ha aprobado un PERTE (proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica) para industrializar la vivienda, con el objetivo de tener un mayor parque público y hacer más asequible la compra en el Estado. Pedro Sánchez anunció a finales de abril la voluntad de invertir 1.300 millones de euros en diez años para crear una demanda estable y un entorno regulador que fomente que las grandes empresas españolas apuesten por esta tecnología.
El plan pretende aumentar la capacidad de producción y reducir el tiempo de edificación, así como hacer que la construcción sea un empleo más atractivo para los jóvenes. Con este plan, el ejecutivo español calcula que se podrán construir unas 15.000 viviendas industrializadas al año, que se podrían convertir en 20.000 anuales en una década.