“El principio de ordinalidad forma parte del planteamiento de la Generalitat de Catalunya”. Así zanjan desde la sala de máquinas de la Moncloa el debate sobre el respeto de la ordinalidad en la nueva financiación singular de Catalunya que pactaron ayer, en términos genéricos, el Govern y el Gobierno. Con los micrófonos apagados, fuentes del ejecutivo español defienden que este es el motivo por el que la ordinalidad aparece solo mencionada en el preámbulo del acuerdo de la comisión bilateral y sostienen que es algo que se tiene que debatir en el “marco de la reforma del sistema de financiación”. Es decir, en los foros multilaterales, como el Consejo de Política Fiscal y Financera. “Ayer no era el sitio”, reiteran las mismas voces. Delante de las cámaras, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, se ha limitado a mencionar la “suficiencia financiera”, la “corresponsabilidad fiscal” y la “solidaridad” como principios rectores del acuerdo. Ni rastro de la ordinalidad. Concretamente, la única referencia que se hace a la ordinalidad en el acuerdo suscrito ayer en la comisión bilateral alude a la posición del gobierno catalán: la aportación de Catalunya a los gastos del Estado “tiene que ser calculada, de forma transparente, con criterios objetivos” y es “condición necesaria” que su aplicación “no puede desvirtuar la ordinalidad en el resultado final”.
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El relato que hace la Moncloa choca con las palabras del Govern. Minutos antes de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del gobierno catalán, Sílvia Paneque, ha asegurado que este principio es “fundamental” para el Govern y ha alegado que la ordinalidad queda “totalmente protegida y determinada” por la mención en el preámbulo. “Es fundamental para que podamos recibir proporcionalmente a la riqueza que se genera. No era adecuado ni razonable que recibiéramos menos recursos de los que genera la economía catalana. Se dan garantías de la ordinalidad”, ha argumentado. Y ha recalcado que el Govern está “completamente determinado” a hacer cumplir este punto. Por su lado, la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, ha reivindicado que es “imprescindible” que se respete el principio de ordinalidad. “Si el modelo que se presente en septiembre u octubre no respeta este principio, nosotros no estaremos”, ha avisado en una entrevista en El Matí de Catalunya Ràdio. Y ahora, desde Madrid, el Gobierno toma distancia.
“Es un acuerdo aplicable y extrapolable a todas las comunidades autónomas”
Y es que durante la rueda de prensa, Pilar Alegría ha evitado pronunciar la palabra ordinalidad. “El acuerdo recoge los principios que siempre hemos defendido”, ha reivindicado la portavoz del Gobierno. Y los ha enumerado: “Suficiencia financiera, que todas las comunidades autónomas reciban más recursos. Solidaridad, fundamental entre todos los españoles. Y corresponsabilidad fiscal, no solamente desde el punto de vista del gasto, sino también de los ingresos”. Tres conceptos y la sonora ausencia de la ordinalidad. “La bilateralidad, por supuesto, es absolutamente compatible con la multilateralidad que siempre hemos defendido”, ha añadido. Le han hecho una segunda pregunta y la respuesta ha sido la misma.
Asimismo, Pilar Alegría ha reiterado el mensaje de que el acuerdo con al Generalitat se puede exportar a otros territorios: “La fórmula, lógicamente, es aplicable a todas las comunidades autónomas”, ha alegado. “Es un acuerdo extrapolable a cualquier comunidad autónoma”, ha añadido más adelante. “Mientras haya un gobierno progresista al frente de este país, no va a haber ningún privilegio, como nunca lo ha habido, de ningún territorio sobre otro”, ha apostillado.