El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, tiene sobre la mesa la citación de la jueza de la DANA para que vaya a declarar como investigado y de forma voluntaria para aclarar su actuación durante el temporal del 29 de octubre pasado, que causó 228 muertos en el País Valencià. El juzgado de Instrucción 3 de Catarroja, que dirige la investigación sobre la catástrofe, ha informado este viernes, a las partes personadas, que el presidente valenciano del PP ya ha recibido la notificación que le envió el 11 de septiembre pasado. En concreto, la recibió el 19 de septiembre pasado, según indica la diligencia de ordenación realizada por la letrada de la Administración del juzgado.
Por su cargo, Mazón es aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) y por eso la magistrada le ofrece que declare de forma voluntaria y asistido por abogado. Si Mazón no lo hace, el próximo paso es que la magistrada de la DANA haga una exposición razonada con los indicios delictivos contra Mazón y los eleve al TSJCV para que, si lo considera, lo impute y lo cite a declarar como investigado.
En el auto del pasado día 11, la instructora reiteró el ofrecimiento al president de la Generalitat para que prestase declaración en calidad de investigado y citó como testigo a la vicepresidenta primera del gobierno valenciano y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero.
La carta de Vilaplana, incorporada
Además, la instructora acordó unir al procedimiento la carta abierta por la periodista Maribel Vilaplana, que comió con Mazón el día de la DANA, y que se hizo pública unos días antes. En este escrito, la periodista asegura que Mazón no estaba preocupado por el temporal, que afectó gravemente distintas poblaciones.
Dos excargos investigados
Actualmente, hay dos excargos del gobierno de Mazón investigados en la causa judicial de la DANA. La exconsellera de Justicia e Interior durante el temporal, Salomé Pradas, y su segundo, el jefe de Emergencias de la Generalitat, Emilio Argüeso. Pradas, entre llantos, afirmó que no tenía experiencia y culpó a los técnicos de la falta de alertas en la población y al Gobierno, mientras protegió a Mazón, a pesar de que los destituyó cuatro semanas después del temporal.
En cuanto al desbordamiento del barranco del Poyo, detonando de la catástrofe, la exconsellera declaró que nadie le habló del peligro de esta instalación. La Fiscalía de València pidió la imputación de Pradas porque, según la norma valenciana, correspondía a su departamento determinar las medidas de protección a la población que se debían de adoptar.