Movimiento clave. El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha acordado dividir en dos piezas la investigación que tiene abierta contra excargos del Gobierno de Pedro Sánchez. Así, en una pieza recoge la investigación contra el exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán; el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su asesor, Koldo García, además de empresarios, sobre la adjudicación de obras públicas a cambio, supuestamente, de comisiones. Y la segunda pieza, con las imputaciones de Ábalos, el intermediario Víctor de Aldama (también imputado en la primera pieza) y Koldo García por el cobro de comisiones en la compraventa de mascarillas por la covid-19 por parte de la administración, favoreciendo empresas, como Solución de Gestión. ¿Por qué lo hace ahora? Pues, porque sostiene que la investigación del caso de las mascarillas, "está muy avanzada", y por lo tanto puede enviarla a juicio bien pronto, mientras que la de las obras, está "en fase incipiente". El vínculo de las dos piezas es Ábalos, que al mantener el escaño de diputado, es aforado en el alto tribunal español.
El magistrado, en la resolución comunicada este martes, argumenta que, tal como permite la ley, separa la causa en dos, al considerar que es formada por "dos organizaciones" diferentes, que se pueden escindir, y para no provocar dilaciones indebidas. La causa inicial contra Ábalos se abrió el noviembre pasado, al ser derivada de la Audiencia Nacional por el caso Koldo. La causa de las obras, con la imputación de Cerdán, se acordó el junio pasado, con la aparición de unos audios incriminatorios del exdirigente del PSOE en la casa de Koldo y aportados por la Guardia Civil. "Fue un salto cualitativo de la investigación", en palabras del juez.
Más de 250.000 fotografías
Precisamente, el juez Puente, en el auto manifiesta que "la información contenida en los diferentes dispositivos informáticos intervenidos solo en la vivienda de Koldo García Izaguirre se alberga a lo largo de más de diez terabytes. Importa comprender que cada uno de ellos permite conservar, aproximadamente, 250.000 fotografías, 250 películas o seis millones y medio de páginas escritas". Y añade que con "esta digresión pretende explicar el motivo por el cual la mencionada información, que ha de ser tratada además con las
precauciones debidas para evitar su pérdida o destrucción, determina que su contenido se vaya revelando a los investigadores de manera secuenciada o progresiva".
En la pieza de Cerdán, también se incluyen como investigados los empresarios José Ruz Martínez, Antonio Fernández Menéndez, Daniel Fernández Menéndez, Fernando Agustín Merino Vera y Joseba Antxon Alonso Egurrola. En este grupo de conductas aparentemente delictivas quedarán incluidas todas las que se vinculan con la indebida adjudicación de obra pública a cambio de precio, señala el juez en el auto. El juez añade que dentro del mismo “es necesario diferenciar entre aquellas que se promovieron, en beneficio de la mercantil ACCIONA CONSTRUCCIÓN, en UTE con otras de menor envergadura, bajo la indiciaria dirección y supervisión de Cerdán".
Nueva petición de libertad
Paralelamente, los abogados de Cerdán, los penalistas Benet Salellas y Jacabo Teijelo, han vuelto a pedir al instructor del Supremo -con quien mantienen un duro diálogo jurídico- la puesta en libertad del excargo del PSOE, después de que el Tribunal Constitucional haya rechazado su recurso amparo. "Seguimos nuevamente cautivos de una especulación policial, de un relato mediático, de una ensoñación de los investigadores", declaran los defensores de Cerdán en el escrito. Además, los abogados cuestionan la validez de los audios y sostienen que la Guardia Civil, en la pericial, admite que han sido "manipulados", todo y defender su "autenticidad".