Junts per Catalunya busca las cosquillas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y le reclama saber qué vínculo existe entre el coronel Diego Pérez de Los Cobos y la Operación Kitchen. Por eso el grupo parlamentario de Míriam Nogueras ha registrado dos preguntas que el gobierno tendrá que responder por escrito para aclarar las dudas que hay sobre la mesa.
A raíz de una pregunta parlamentaria en la sesión de control del 29 de marzo en que le pedían explicaciones por la "pérdida de confianza" que originó el cese del coronel de la Comandancia de Madrid en el 2020, Grande-Marlaska justificó la orden haciendo responsable en De los Cobos de la gestión de los fondos reservados con los cuales se financió la llamada Operación Kitchen. "Usted tendría confianza en aquellas personas que gestionaban los fondos reservados sin el control debido y que permitieron con el no control de los fondos reservados que se utilizaran para destruir pruebas para que el PP pudiera ocultar sus responsabilidades", lanzó el ministro del Interior.
"En este tipo de personas está al menos en las que este ministro no tiene, ni ha tenido y no tendrá confianza". Con estas justificaciones, Junts interpreta que el coronel está relacionado con el uso de recursos públicos para "destruir pruebas" y tapar las responsabilidades del PP. Por eso ha registrado dos preguntas por escrito al ministro para averiguar si el gobierno "tiene conocimiento sobre la responsabilidad sobre el uso de recursos y medios públicos para finalidades que son ajenas al interés público". En una segunda pregunta registrada, Míriam Nogueras y Josep Pagès preguntan a Grande-Marlaska "qué actuaciones procesales tiene previsto el gobierno realizar en relación a Pérez de los Cobos y otros responsables de esta conducta".
La disputa entre Marlaska i De los Cobos
El origen de la disputa entre el ministro y el coronel arranca el momento en el que Marlaska destituyó a Pérez de los Cobos en 2020 cuando descubrió que la justicia estaba investigando el gobierno de Pedro Sánchez por las manifestaciones del 8M. Después de un recurso del policía, el Tribunal Supremo anuló hace dos semanas el cese con el argumento que la orden que dio el Ministerio del Interior al coronel de informar sobre las investigaciones relacionadas con el 8M del 2020 fue "confusa" y "contraria a la función de la Policía Judicial". Además, la calificó de "interferencia gubernativa inadmisible".
En la sentencia, el Supremo defendió que la Guardia Civil no podía informar al gobierno de la investigación. Los magistrados, encabezados por el poniente José Luis Requero, argumentaron que la orden para cesarlo fue "confusa" además de "redundante". De esta manera apoyaban a la decisión tomada por Pérez de los Cobos, a quien salvaron el cuello y constataron que no podía informar al gobierno de la causa del 8M porque la jueza que instruía la investigación había dado órdenes de mantener las reservas en los agentes.
"[El coronel] estaba a las órdenes de la magistrada que dirigía la instrucción sin que sea admisible interferencia gubernativa y menos si la magistrada había ordenado absoluta reserva y que solo se lo informara a ella", aludió el Supremo, que añadió que informar de las diligencias es "contraria a la función de la Policía Judicial".