La salida del conflicto catalán será política, no judicial y todavía menos penal. Así lo ha advertido este jueves el expresidente de la ANC Jordi Sànchez, en su declaración ante el Tribunal Supremo, en la que también ha replicado al rey Felipe VI que "no puede ser que la ley ahogue la democracia".
"La ciudadanía en Catalunya está convencida de que la solución no pasa por las soluciones que pueda dar este tribunal, sino por el diálogo y el acuerdo", ha defendido el líder civil delante de la sala segunda.
A preguntas de su abogado, Jordi Pina, sobre su papel el 1-O, Sànchez ha defendido que "ejerció, en nombre de la Assemblea, unos derechos legítimos", como el de expresión y participación en una movilización política. Lo hizo "con la voluntad de que representara un avance en la conquista del derecho a la autodeterminación".
En esta línea, el presidente de la ANC ha desmentido que haya fractura en Catalunya, y ha sostenido que "el derecho a decidir forma parte hoy de un patrimonio colectivo que va mucho más allá de la gente independentista". Y ha advertido: "No puede ser que la ley ahogue la democracia para no permitir la evolución de los derechos", en clara respuesta a la advertencia que realizó el día anterior el rey de España, Felipe VI, que se interpretó como una interferencia en el juicio.
Sànchez ha recordado que el derecho a la autodeterminación forma parte de los tratados internacionales, y que el hecho de no estar recogido en la Constitución "no lo convierte en anticonstitucional".
Por otra parte, ante las preguntas que han hecho las acusaciones a otros procesados, Sànchez ha dejado claro que él no convocó el referéndum del 1-O, y que no fue requerido nunca ni por el Tribunal Constitucional ni por la fiscalía.