Más cerca del banco de los acusados. La jueza Inmaculada Iglesias ha desestimado el recurso que presentó Alberto González Amador para intentar evitar ir a juicio por la presunta comisión de dos delitos fiscales y uno de falsedad documental. La pareja de Isabel Díaz Ayuso recurrió el auto de procesamiento de finales de mayo, pero la misma magistrada que ha estado instruyendo la causa durante más de un año deniega la petición y confirma su decisión de procesarlo, según confirman fuentes jurídicas a ElNacional.cat. Ahora, al empresario le queda la vía del recurso en la Audiencia Provincial de Madrid. El último paso será que se dicte el auto de apertura de juicio oral. La Fiscalía pide para él tres años y nueve meses de cárcel.
La jueza argumenta que no ha habido “ninguna indefensión” por haber rechazado diligencias que solicitó su defensa: a su juicio, eran “innecesarias” e “inútiles” en la fase de instrucción y habrían supuesto una “dilación indebida del procedimiento”, dado que ya existen “indicios suficientes” de la participación de los investigados en los hechos. El auto, al que han tenido acceso Europa Press y EFE, pone de manifiesto que hay “casi 1.500 elementos que obran en el expediente administrativo” que “se tuvieron en cuenta” y que la investigación, hecha por “peritos imparciales”, ha sido “extensa y pormenorizada”. Según la jueza, de la instrucción se desprende la “concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos de los tipos penales al existir claros indicios de que se dedujo gastos ficticios al amparo de facturas falsas al no haberse producido las operaciones referidas en los conceptos facturados”.
Concretamente, Alberto González Amador está investigado por un fraude a Hacienda de 350.951 euros en dos ejercicios fiscales a través del falseamiento de dieciséis facturas. La causa se centra en los indicios delictivos sobre hechos relativos al Impuesto de Sociedades correspondientes a los ejercicios de los años 2020 y 2021. Además, la jueza también procesó al presunto testaferro del empresario, el mexicano Maximiliano Niederer, y a tres vecinos de un pueblo de Sevilla. En cambio, archivó la causa para el fiscalista que representó a González Amador ante Hacienda, Javier Fidalgo. En paralelo, González Amador sigue investigado por corrupción en los negocios y administración desleal en otra pieza separada relativa a sus negocios con Quirón.
“Unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades”
La denuncia de la Fiscalía que dio pie a la causa se basaba en un informe de la Agencia Tributaria que exponía que se detectaron unos “gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades”, unos gastos que “no se corresponden con servicios realmente prestados”. “Todo ello con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía”, argüía la denuncia del fiscal.