La Fiscalía ha pedido tres años y nueve meses de prisión para Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, por dos delitos de fraude fiscal y falsedad documental, según adelantan OKDiario y La Sexta. El Ministerio Público pide aplicar sobre González Amador la atenuante de reparación del daño porque ya consignó el dinero supuestamente defraudado.

El caso de González Amador estalló en marzo del 2024, y solo unos días después, su abogado envió un correo a la Fiscalía admitiendo los delitos fiscales —en nombre de su cliente. En concreto, en el mensaje afirmaba "ciertamente se han cometido dos delitos", un movimiento para intentar buscar un pacto con la Fiscalía. Precisamente, la filtración de este correo electrónico está en el centro de otro proceso judicial contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos.

La pareja de Ayuso se ha desvinculado de este correo. Según ha detallado su abogado lo había enviado “por su cuenta” y sin que lo supiera ni lo autorizara. Aun así, recientemente transcendió que, durante su declaración, admitió que pidió a su abogado proteger a Ayuso. La Sexta reveló que González Amador aseguró que "nunca" tuvo conocimiento de que su letrado había confesado en su nombre y que "no me preguntó si me parecía bien o mal". Con todo, reconoció: "Lo que no quiero es que haya ruido mediático". Y añadió: "Soy una persona anónima, incluso siendo pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, no he ido nunca a actos oficiales, es decir, he mantenido siempre mi anonimato". Admitió ante el juez que "le decía que no quería exponerme ni que hubiera ruido mediático y lo más importante, que esto no la salpicara a ella". 

Arma en el debat político

Este caso es el que ha originado otro procedimiento judicial, en ese caso contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, imputado por una presunta revelación de secretos. Se le acusa de haber informado a los medios de comunicación de que el abogado de la pareja de Ayuso había enviado el correo proponiendo el pacto de conformidad donde reconocía haber cometido los delitos. Este caso es utilizado políticamente por el PP de Ayuso y el PSOE, particularmente Pedro Sánchez, como arma arrojadiza en el debate político. Ayuso ha acusado en múltiples ocasiones al presidente del gobierno español de perseguirla e instrumentalizar la justicia para ir en su contra, hasta el punto de cuestionar el Estado de derecho, comparando España con Venezuela.