Paso importante. Una magistrada de Barcelona investiga por primera vez a la Guardia Civil, además del CNI, por haber espiado independentistas catalanes con el software Pegasus y Candiru, tal como se denunció en el Catalan Gate hace tres años. La titular del juzgado de instrucción 2 de Barcelona ha admitido la querella presentada por cinco empresarios -a través de Sentinel Alliance, asociación de víctimas del espionaje- contra los exdirectores generales de la Guardia Civil Félix Vicente Azón Vilas y María Gámez Gámez; la exdirectora del CNI Paz Esteban López, así como los principales ejecutivos de las dos empresas desarrolladoras de software espía, NSO Group (Shalev Hulio y Yuval Somekh, responsables de Pegasus) y Saito Tech Ltd. (Isaac Zack, responsable de Candiru), según la resolución en la cual ha tenido acceso ElNacional.cat este lunes. La Fiscalía aprobó que esta investigación se hiciera por juzgados de Barcelona, después de ser descartada por la Audiencia Nacional, y ahora se tendrá que pronunciar sobre las diligencias de investigación y las imputaciones.
Los querellantes son Joan Arús San Segundo (presidente y portavoz de Sentinel), Jordi Baylina Mele, Pau Escrich Garcia, Joan Matalama i Alzina, y Xavier Vives Riba. Todos ellos son expertos en el sector telemático, desarrolladores y emprendedores en el sector blockchain y de gobernanza digital. En la querella, registrada el 30 de abril pasado, se acusa a los cargos públicos y los directivos de NSO y Saito de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos informáticos y de acceso ilegal a sistemas informáticos. Las investigaciones judiciales del caso Volhov y de Tsunami Democrático, finalmente archivadas, hicieron seguimientos a políticos y activistas para intentar averiguar si había un apoyo económico, a través de criptomonedas, al president en el exilio, Carles Puigdemont, sin encontrar nada, y para frenar cualquier acción independentista.
Investigaciones en peligro
La admisión a trámite de la querella, implicará, ahora, el inicio de una investigación y la citación como investigados de los excargos públicos y privados. Esta acción parará la prescripción que pueden sufrir todas las investigaciones judiciales de Pegasus, si no hay personas físicas y jurídicas imputadas. La mayoría de infecciones se produjeron entre los años 2019 y 2020 y el delito de revelación de secretos prescribe cinco años después de producirse, si no hay una imputación formal que pare este contador.
Un software no reconocido
En un comunicado, Sentinel Alliance manifiesta que esta investigación también es "la primera que pide explícitamente a la justicia que investigue el uso de Candiru, un software espía de alto impacto del cual el Gobierno no ha admitido la adquisición o el uso hasta ahora". Añade que el uso de Candiru "fue descubierto con una infección activa a uno de los querellantes (Joan Matamala), que permitió a Microsoft lanzar una actualización de seguridad crítica que protegió más de 1.300 millones de dispositivos en todo el mundo".