El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sostiene que Santos Cerdán, cuando era secretario de Organización del PSOE, puso en marcha una “trama criminal” el abril de 2024 para “obstaculizar sistemáticamente” las investigaciones que asediaban al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez, según la resolución comunicada este miércoles, con la reclamación de información en la sede del PSOE. Añade que Cerdán contrató a Leire Díez con 4.000 euros al mes, pagados por el PSOE, para torpedear investigaciones y supuestamente comprar fiscales y policías. Además, el magistrado sostiene que esta “estructura criminal” se habría puesto en marcha cuando Pedro Sánchez inició el periodo de reflexión, con la carta Abierta a la Ciudadanía, entre el 24 y el 29 de abril de 2024, a raíz de la imputación de su mujer, Begoña Gómez, ahora a un paso de ser juzgada.
En el auto, de 50 páginas y al que ha tenido acceso ElNacional.cat, el juez Pedraz detalla “tres hitos” para activar esta estructura: el inicio del caso Koldo, en febrero de 2024, y en abril la imputación de su mujer y la de su hermano, David, que será juzgado este mes. El magistrado, que inició esta investigación el 18 de diciembre pasado, también justifica la entrada y registro de la sede del PSOE, en la calle Ferraz (que ha creado gran expectación y críticas del PP), para clonar ordenadores y poder obtener información de los pagos a esta supuesta estructura delictiva.
Los imputados
Cerdán, imputado en esta nueva trama, es actualmente investigado en la Audiencia Nacional por liderar un grupo con el exministro José Luis Ábalos de cobro de comisiones ilegales a constructoras. El juez Pedraz también sitúa en esta supuesta organización criminal, con “plurales delitos de cohecho”, a Leire Díez, exmilitante socialista y ya investigada por un juzgado de Madrid por lo mismo: intentar influir a fiscales y policials. También al empresario Javier Pérez Dolset, que trabajaba con Díez y afectado por varias investigaciones de Anticorrupción. Además, incluye en la investigación al dirigente histórico Gaspar Zarrías —exvicepresidente de la Junta de Andalucía— y al abogado Ismael Oliver Romero.
Además de los cinco principales acusados, el juez considera que la actuación del abogado Jacobo Teijelo, defensor de Cerdán y que cobró unos 125.000 euros del PSOE, y del capitán de la Guàrdia Civil Juan Sánchez Yepes, se podría encuadrar en los delitos de revelación de secretos, soborno y contra las instituciones del Estado. En cuanto a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, se afirma que puede ser “cómplice” para hacer facturas falsas para pagar a Díez.
Las seis acciones delictivas
En la resolución, el titular del juzgado central de instrucción 5 de la Audiencia Nacional cita cinco acciones sospechosas de los investigados. La primera de Leire Díez para intentar sobornar el fiscal Josè Grinda para que aportara información de su superior Alejandro Luzón, jefe de la Fiscalía Anticorrupción, tal como denunció el mismo Grinda al juzgado. La oferta, de cobrar unos 300.000 euros o un nuevo destino, la recibió del periodista Pere Rusiñol, también investigado en el juzgado de Madrid. La segunda acción se atribuye a Díez y Pérez Dolset de ofrecer alguna remuneración al fiscal Ignacio Stampa, castigado y apartado de Anticorrupción por la exfiscal general del Estado Dolores Delgado. Se reunieron con él el 7 de mayo de 2025 y Stampa les grabó. También precisa que Díez intentó obtener información del exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, ahora juzgado por el caso Kitchen, para obtener información contra los anteriores dirigentes del PP y la policía patriótica.
La tercera actuación fue contactar con el mando de la Guardia Civil Rubén Villalba Carnero para que les diera información comprometida de agentes de la Guardia Civil que investigaban causas contra dirigentes del PSOE, como por ejemplo dirigidas por Balas y Bonilas. La cuarta es el ofrecimiento de 50.000 a la empresaria Carmen Pano para que se desdijera de lo que había afirmado sobre que llevaba bolsas de dinero al PSOE.
En la quinta acción, llamada línea “hidrocarburos”, el juez Pedraz expone que el capitán de la Guardia Civil Sánchez Yepes habría ofrecido información sobre la estructura de la UCO en una reunión, donde habría participado Tejeilo. Finalmente, se indica que el grupo habría querido “inquietar” a la UCO de la Guardia Civil, presentando denuncias a la Fiscalía General del Estado, tildándolos de “UCO patriótica” y recogiendo información privada y secreta de mandos.
Reclamo de documentación
Para avanzar en la investigación, el juez Pedraz ha autorizado a la Guardia Civil que fuera a la sede del PSOE para requerirles información y clonar ordenadores. En concreto, les ha reclamado todas las comunicaciones electrónicas con Santos Cerdán del 2021 a la actualidad; y de Ana María Fuentes, Covadonga San Pedro, Celia Rodríguez, Ion Antolín y direcciones asociadas a la gerencia socialista de 2024 a la actualidad. También de los gastos de desplazamiento y dietas, como los vehículos, abonados a Cerdán, Díez y Pérez Dolset por parte del PSOE.
El magistrado de la Audiencia Nacional también ha exigido información sobre la financiación de la última campaña electoral del PSC en el Parlament de 2024.
El grupo Hirurok (Nosostros tres)
En la providencia, el juez Pedraz explica el origen de los vínculos entre Santos Cerdán y Leire Díez, la cual se autodefinió como periodista que investigaba casos de corrupción. Precisa que el juez Antonio Piña, titular del juzgado de instrucción 6 de la Audiencia Nacional, en una resolución del diciembre pasado, detalló que Leire Díez, Vicente Fernández Fernández, expresidente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), y Antxon Alonso, amigo de Cerdán, formaban un grupo que se denominaba Hirurok (Nosotros tres en vasco). Añade que el grupo se constituyó por tal “de influir” en determinados expedientes de la Administración pública en beneficio propio o de terceros y “actuando siempre con una finalidad lucrativa”.
El juez sostiene que, de esta investigación, “se ha puesto de manifiesto de forma indiciaria la participación de Santos Cerdán en la actividad criminal del grupo Hirurok, participando de sus beneficios, y haciéndolo en un plan de jerarquía superior». Y que en abril de 2024 habría encargado a Díez, que quería colocar en la SEPI y fue a Correos, la acción de frenar investigaciones contra el PSOE y el entorno de Pedro Sánchez.