Las fuerzas de ocupación de Israel han llevado a cabo un operativo esta madrugada que ha tenido como objetivo un total de seis organizaciones no gubernamentales palestinas. El ejército ha irrumpido en sus sedes, ubicadas todas en la ciudad de Ramala, y ha registrado los locales, confiscado artículos y documentación, y clausurado completamente para hacer imposible el acceso de los activistas. Ramala está en la llamada 'Área A' de la Cisjordania ocupada, de manera que se encuentra bajo control civil y militar de la Autoridad Nacional Palestina. Eso significa que las tropas israelíes solo tendrían que actuar en coordinación con esta.

Las organizaciones afectadas son Al-Haq, que supervisa el cumplimiento de los derechos humanos en los territorios palestinos; el Centro de Investigación y Desarrollo Bisan, que actúa para dar apoyo a las mujeres palestinas y lucha contra la violencia doméstica; la Unión de Comités de Mujeres Palestinas, que trabaja por la igualdad real entre hombres y mujeres; la Defensa Internacional de la Infancia, que aboga por los derechos humanos de niños palestinos viviendo en los territorios ocupados; la Unión de Comités de Trabajo Agrícola, que ayuda pequeños agricultores y comunidades rurales vulnerables; y Addameer, que ofrece apoyo legal a presos políticos palestinos para visibilizarlos internacionalmente.

Estas mismas ONG han denunciado los hechos rápidamente en las redes sociales. Al-Haq ha compartido una imagen en que se ve como la puerta de la sede ha sido sellada, acompañada de una nota que la declaraba "ilegal". Bisan, Defensa Internacional de la Infancia y Addameer han compartido imágenes similares. Por su parte, la Unión de Comités de Mujeres Palestinas ha denunciado que el ejército israelí "ha confiscado su propiedad, equipamiento y documentos, y cerrado la oficina de manera brutal", añadiendo que no es la primera vez que las tropas irrumpen en la oficina. La Unión de Comités de Trabajo Agrícola incluso ha compartido un vídeo en que se ve como han actuado los militares dentro de la oficina durante el operativo. "Han destruido equipamiento de oficina, confiscado material y dejado una orden de cierre".

¿Qué hay detrás de este operativo?

La estrategia de Israel para clausurar estas organizaciones viene de lejos. En octubre del año pasado, el ministro de Defensa, Benny Gantz, tachó a estas seis ONG de "organizaciones terroristas", acusándolas de cooperar con el Frente Popular para la Liberación de Palestina, que Israel también considera terrorista. Las autoridades israelíes no han hecho públicas las pruebas que den apoyo a estas afirmaciones. Ayer mismo, Gantz ratificaba la designación de estas organizaciones como terroristas después de rechazar su apelación.

La decisión de 2021 ya fue rechazada por Human Rights Watch y Amnistía Internacional, que condenaron la decisión como "pésima e injusta". "Esta decisión es una escalada alarmante que amenaza con cerrar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil más importantes en Palestina", decían en un comunicado conjunto. La isrealiana B'Tselem también aseguraba que Israel pretendía silenciar la oposición. "Es una actuación característica de regímenes totalitarios, con el objetivo muy evidente de cerrar estas organizaciones".

Y es que estas seis organizaciones también recibieron el apoyo de los ministerios de Asuntos Exteriores de España, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Países Bajos y Suecia, ya que durante años han recibido financiación de sus gobiernos. Después de analizar las acusaciones que vinculan a las ONG con terrorismo, los países confirmaron no haber recibido "información sustantiva" de Israel que justificara la necesidad de revisar la colaboración con ellas, decían en un comunicado conjunto este julio.