Lo niega todo. Isabel Pardo de Vera, presidenta de Adif entre junio de 2018 (cuándo Pedro Sánchez llegó a la Moncloa) y julio de 2021, está investigada por la Audiencia Nacional por haber favorecido presuntamente la adjudicación irregular de obras públicas a determinadas constructoras a cambio de mordidas que cobraban José Luis Ábalos y Koldo García. Este lunes ha declarado ante el juez Ismael Moreno que la investiga por tres posibles delitos: pertenencia a organización criminal, cohecho y tráfico de influencias (caen los delitos de prevaricación y malversación, que sí que estaban encima de la mesa cuando el magistrado autorizó registrar su casa). Ante el juez, se ha desvinculado por completo de los hechos, lo ha atribuido a una gestión administrativa normal y ha afirmado que ella no tenía funciones de adjudicación, según explican a ElNacional.cat fuentes presentes en la declaración. Hoy también ha declarado el exdirector general de Carreteras Javier Herrero. El juez ha accedido a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones populares, lideradas por el PP, y les ha retirado el pasaporte, les prohíbe salir del estado y les obliga a comparecer a la Audiencia Nacional siempre que sean citados. Considera que, en los dos casos, hay “motivos suficientes” para considerarlos responsables “criminalmente” de los hechos.
Asimismo, Isabel Pardo de Vera ha relatado que se quejó a José Luis Ábalos de las “formas inapropiadas” de Koldo García, que era su asesor al Ministerio de Transportes y ha enmarcado en la normalidad el hecho que un ministro se interesara por las obras públicas. Además, Pardo de Vera está investigada por tráfico de influencias y malversación en una segunda pieza vinculada al caso Koldo relativa a la contratación de Jéssica Rodríguez, la expareja de José Luis Ábalos, en dos empresas públicas (Ineco y Tragsatec). “Si hubiera sabido que no trabajaba, no lo habría consentido”, ha expresado ante el juez, según relatan fuentes jurídicas a este medio. “Es una falta de respeto y un abuso respecto al resto de los trabajadores y a los ciudadanos”, ha añadido. Durante la declaración, que se ha alargado aproximadamente una hora, solo ha contestado las preguntas de su abogado y del fiscal.
La retirada de pasaporte es la misma medida cautelar que tienen otros investigados por el caso Koldo tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo. Tampoco pueden salir de España José Luis Ábalos, a quien se le retiró el pasaporte hace cinco meses, Koldo García, que tiene medidas cautelares desde febrero del 2024, y Víctor de Aldama, que tiene prohibido abandonar el Estado desde noviembre del 2024, cuando salió de la prisión. De hecho, hace un mes, el juez le denegó por tercera vez un permiso para ir al extranjero por motivos profesionales. Además, los cinco empresarios investigados al Supremo para beneficiarse presuntamente de las adjudicaciones irregulares (como José Ruz o Antxon Alonso) también tienen medidas cautelares. El único que está en prisión preventiva es Santos Cerdán, que desde hace tres semanas está en Soto del Real.
“Bingo!”
Por su parte, Javier Herrero ha quitado importancia a una expresión que utilizó en dos conversaciones de WhatsApp con Koldo García en abril de 2019. “Bingo!!! En Logroño”, le dijo el 20 de abril de 2019, en alusión a una adjudicación a la UTE de Acciona y Aquaterra por 92,4 millones de euros. “Parece que hecho bingo a la obra de Asturias”, le escribió diez días más tarde, el 30 de abril. Hoy, ante el juez, ha replicado que era una forma de decir que lo habían conseguido y que habían resuelto el problema al haber cerrado una adjudicación antes de las elecciones autonómicas de mayo del 2019.
Una participación “determinante” en la presunta adjudicación irregular de licitaciones públicas
La Guardia Civil cree que su “participación en la presunta adjudicación irregular de licitaciones públicas habría estado determinante” y que Koldo García se valía de ellos dos para la “manipulación” de procesos de contratación. El magistrado está investigando si Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero ayudaron a José Luis Ábalos a través de Koldo García, que era su asesor en el Ministerio de Transportes, para que las adjudicaciones proyectadas por ellos “pudieran llegar a buen término”. Según la investigación, Pardo de Vera habría favorecido de “forma recurrente” a las constructoras Acciona, Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) y Obras Públicas y Regadíos (OPR). Entre las adjudicaciones que están en el punto de mira, está la integración del ferrocarril en Sant Feliu de Llobregat por unos 71,5 millones de euros: recayó en Acciona, que era la novena oferta más barata.
“Santos Cerdán, sin ostentar ningún cargo en el Gobierno, insistió en promocionarlos”
En julio del 2021, Isabel Pardo de Vera fue destituida como presidenta de Adif y se convirtió en secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, un cargo que ocupó hasta febrero de 2023, cuando dimitió después del error en la compra de trenes que no entraban en los túneles de Cantabria y Asturias. ¿Y qué relación tiene con Santos Cerdán? El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que hizo estallar el caso Cerdán esgrimía que es “reseñable” el hecho de que “Santos, sin ostentar ningún cargo en el Gobierno, insistiera en promocionar a las dos personas que habían estado al frente de los dos estamentos encargados de adjudicar los contratos que están siendo objeto de estudio, otorgándoles una mayor capacidad de decisión”. Se refieren a ADIF y a la Dirección General de Carreteras.
“Incluso queriendo deponer a quien había presentado trabas en la licitación del Puente del Centenario”, añadía, en alusión a Pedro Saura, que fue su predecesor como secretario de Estado de Transportes. Además, en un mensaje de WhatsApp de enero de 2020, Koldo García preguntaba a Santos Cerdán si quería que maniobrara para destituir a Pedro Saura y ascendiera a Pardo de Vera y Herrero.