¿Qué hizo Pedro Sánchez tan sólo unas pocas horas después de fracasar las negociaciones con Pablo Iglesias y perder la investidura de forma estrepitosa? Volver a mirar hacia su derecha, hacia el PP y Ciudadanos. "Volver al punto de arranque y explorar otros caminos", lo justificaba en una entrevista aquella misma noche en Telecinco. Al día siguiente, desde la sala de prensa del Palacio de la Moncloa, la vicepresidenta Carmen Calvo acababa el trabajo cerrando la puerta a una nueva oferta de coalición a Unidas Podemos: "Se ha explorado y no ha funcionado". El gobierno de las izquierdas españolas no ha sido más que un espejismo que ha durado menos de una semana, desde la renuncia inesperada de Iglesias, que el PSOE no esperaba, hasta el naufragio en el Congreso de los Diputados. La incógnita es si realmente fue una posibilidad real.

Mes hacia allá de filtraciones que sabotearon cualquier esperanza –que salieron del ordenador del equipo de Carmen Calvo la noche del miércoles–, y más allá de la precaria relación entre los dos espacios políticos y sus líderes, las negociaciones no han sido nada fáciles. En primer lugar, por el tiempo. Sánchez ha intentado resolver en pocos días lo que no ha querido hacer en tres meses. El resultado ha sido que sólo ha conseguido un : el del diputado de Miguel Ángel Revilla. En segundo lugar, por las carteras que había en juego, como la de Trabajo, que exigía Podemos para revertir la reforma laboral. "Nos han llegado a decir que no podemos tener la cartera Trabajo porque 'somos incómodos para la CEOE'", revelaban fuentes del equipo negociador de Unidas Podemos.

Así, tras atravesar una montaña rusa de emociones, el miércoles por la tarde se llegó con Carmen Calvo levantándose de la mesa de negociación. Podemos quería creer que era un receso para comer, pero la dirigente socialista ya no volvería a sentarse. Horas después, en una llamada telefónica, Pedro Sánchez trasladaba el ultimátum a Pablo Iglesias: o aceptas o rechazas. Y, acto seguido, la guerra sucia, con filtraciones a la prensa de las supuestas "exigencias" del otro lado. En medio hubo mediadores inesperados, como el republicano Gabriel Rufián que llamó a Pablo Iglesias y José Luis Ábalos la noche antes de la segunda votación. Y volvió a hacerlo el jueves por la mañana, aunque el secretario general de Podemos no le cogió el teléfono (según el entorno de Iglesias estaba molesto porque había hecho pública la primera llamada). También intervino el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que sugirió a Iglesias la oferta de ultimísima hora que lanzó desde el mismo atril. Pero nada de todo esto funcionó. Sánchez ya había decidido que no sería investido. No se sabe cuándo lo decidió.

En cambio, hay dos personas más, según con quién hables, que más que de mediadores hicieron de obstáculo para las negociaciones, que lo han contaminado todo. Desde de Unidas Podemos señalan al vasco Iván Redondo, jefe de gabinete de Pedro Sánchez y su principal estratega desde que recuperó la secretaría general del PSOE. Desde el otro lado sitúan en la diana al argentino Pablo Gentili, jefe de gabinete y gurú de Pablo Iglesias. Son los dos adversarios en la famosa "batalla por el relato". Ha habido más batalla a través de los medios de comunicación que reuniones de trabajo. Los gobiernos de comunicación normalmente no se negocian en platós de televisión.

Sea como fuere, ahora el PSOE ha decidido volver a la casilla de salida (si es que nunca la abandonó): gobierno en solitario y abstención de los partidos de derechas. Unidas Podemos también ha vuelto al punto de arranque, cociéndose en sus propias contradicciones. Este mismo viernes por la tarde, la dirección de Izquierda Unida apostaba por negociar un acuerdo programático con los socialistas, aunque no pasara por un gobierno de coalición, con el objetivo de evitar una repetición electoral el 10-N. Ya durante la reunión del Grupo Confederal, previa a la segunda votación de investidura, algunas personas presentes explican que hubo diputados que se decantaban por el , como los comunes. Finalmente llegaron al punto medio de la abstención. Habrá que ver cómo el espacio político acaba de resolver a partir de ahora su debate interno, pero en Ferraz ya empiezan a fregarse las manos pensando en un gobierno a la portuguesa.

Ya lo anunció el mismo Pedro Sánchez en la misma entrevista en la que pidió la cabeza de Pablo Iglesias: que la oferta tenía el jueves como fecha de caducidad. Y así ha sido.

¿Y ahora qué?

Este martes, con la primera votación en el Congreso de los Diputados, quedó inaugurada la cuenta atrás. Tienen hasta el 23 de septiembre para ponerse de acuerdo e intentar una nueva investidura. Por ahora, Pedro Sánchez quiere tomarse unos días de descanso, y no está previsto que se reactive hasta finales de agosto. El rey tampoco abrirá todavía una nueva ronda de consultas. Pero, como ha advertido en varias ocasiones Rufián a lo largo de estos días, "septiembre complica la vida a todos". Para empezar, las abstenciones republicanas pueden subir de precio por la presión ambiental, con una nueva Diada reivindicativa y a las puertas de la sentencia del Tribunal Supremo sobre los presos políticos. Este será un factor muy determinante. En caso de que no se invistiera a ningún presidente, el Gobierno estaría en funciones cuando llegara el veredicto de Manuel Marchena.

De hecho, la cuestión catalana ha estado en el centro del debate desde el 28-A, y ha sido uno de los principales obstáculos. Desde el principio, Sánchez se escudó en los posicionamientos de Iglesias sobre el derecho a la autodeterminación y los presos políticos para recelar de un gobierno compartido.

La vía complicada de la derecha

Ahora con todavía más insistencia, Pedro Sánchez ha vuelto a situar el foco de la responsabilidad sobre Pablo Casado y Albert Rivera para que se abstengan como hizo el PSOE en el 2016 con Mariano Rajoy. Pero este es un escenario muy complejo. En primer lugar, porque para salir bien requeriría o la abstención de los dos partidos, o la abstención de uno de ellos y la de Unidas Podemos. Son situaciones que, hoy por hoy, parecen improbables. En segundo lugar, porque, incluso consiguiendo ser investido, tendría un problema de gobernabilidad para sacar adelante cualquier iniciativa, incluidos los presupuestos del Estado que ya fueron tumbados el pasado febrero. Harán falta muchos editoriales de El País y muchas presiones del Ibex35 para que esta sea una buena opción.

¿Sánchez quiere elecciones?

Esta es una preguntado recurrente esta semana en Madrid, especialmente después del primer discurso de investidura que hizo Pedro Sánchez, donde obvió a sus posibles aliados aunque todavía no tenía su apoyo garantizado: Unidas Podemos y los independentistas. Un sector nada despreciable de los barones defiende, con las encuestas en la mano, que la mejor opción es ir a las urnas el 10 de noviembre y ampliar el grupo parlamentario socialista. Pero también hay otros dirigentes del partido, especialmente los de la periferia —como Francina Armengol o Ximo Puig, que gobiernan en coalición—, que advierten de los riesgos de una desmovilización de los votantes de izquierdas que acaben pagando con un auge de la derecha y la extrema derecha. Hay poco menos de dos meses para salir de dudas.

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