Partidos políticos, entidades independentistas y en defensa de la lengua y sindicatos de educación han cerrado filas contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), anunciada este miércoles, que anula varios artículos clave del decreto lingüístico educativo -impulsado el Govern de Pere Aragonès en el 2024 con el apoyo del PSC, Junts, ERC y Comuns- que blindaba el catalán en las escuelas y da parcialmente la razón a la Asamblea per una Escola Bilingüe (AEB). La sentencia, que puede ser recurrida, anula disposiciones como las que fijaban el catalán como lengua vehicular y de aprendizaje, así como de idioma habitual en la actividad docente y administrativa. No se han hecho esperar las reacciones a este nuevo "ataque" de la ley contra la lengua catalana y varios sectores -desde el educativo hasta político- han alzado la voz contra la sentencia y han asegurado que plantarán batalla legal para que la sentencia no se haga efectiva.

El independentismo cierra filas: "es un ataque político"

El independentismo ha cargado con dureza contra la sentencia y lo ha tildado de "ataque" a la lengua catalana. La portavoz parlamentaria de Junts, Mònica Sales, lo ha calificado de "injerencia" contra el catalán y ha exigido al Govern de Salvador Illa que "actúe con contundencia". Sales ha recordado que no firmaron el Pacte Nacional per la Llengua porque querían esperar a la resolución de este caso y a la del Tribunal Constitucional y, en las puertas de la Diada nacional de Catalunya, ha reivindicado la "movilización ante una situación tan grave para garantizar que el catalán siga siendo la lengua vehicular a la escuela".

En la misma línea, la secretaria general de Esquerra Republicana, Elisenda Alamany, ha asegurado que esta decisión del TSJC es uno "amenaza para el país" y en un contexto de emergencia lingüística muy grave, tal como demuestran los datos de uso social del catalán en el país, hechas públicas en los últimos meses. También la CUP, a través de la diputada en el Parlament Laure Vega, ha catalogado la sentencia de "ataque político" contra la lengua y ha instado en Illa a "menos Pactes Nacionals per la Llengua y más uñas y dientes en defensa de la inmersión lingüística".

La sociedad civil independentista sale en tromba

Más allá de la esfera política, la sociedad civil independentista ha salido en tromba a expresar su rechazo ante la sentencia del TSJC. Desde la ANC han expresado, en un tuit, que "siglos de persecución lingüística no son suficientes. Hoy vivimos un nuevo golpe de Estado contra la lengua" y han instado los suyos a salir a "defender" la lengua este Onze de Setembre en las calles, en la manifestación que han convocado con motivo de la Diada. Su presidente, Lluís Llach, ha denunciado que la resolución del tribunal representa "el ataque más grave contra el catalán desde el franquismo".

Desde Òmnium Cultural han denunciado que -precisamente, el día de antes de la Diada- el TSJC "vuelve a hacer política contra Catalunya y su modelo de escuela", remarcando que "no podemos permitir que desmonten un consenso parlamentario y social avalado durante décadas a nuestro país". Su presidente, Xavier Antich, ha recordado que el catalán es "la columna vertebral de la nación y la escuela" y la herramienta principal, dice, para que todo el mundo, independientemente de su origen, pueda aprender el idioma y "hacérselo suyo".

Por su parte, la directora de Plataforma per la Llengua, Rut Carandell ha denunciado que los tribunales "van en contra" de todo lo que tiene que ver con el catalán en la escuela y ha criticado que esta nueva sentencia "se carga y no con bisturí los artículos" que hacen mención del catalán y el aranés alegando que de esta manera no se garantiza el aprendizaje del castellano. Junto con la ANC, han anunciado que recurrirán la sentencia.

El Govern de la Generalitat recurrirá la sentencia

Quien también recurrirá la sentencia será el Govern de la Generalitat. Lo ha anunciado el presidente Salvador Illa para defender que el catalán siga siendo la lengua "inclusiva, propia y transversal" de Catalunya y las escuelas. Illa se ha comprometido a defender el modelo lingüístico de la escuela catalana "con toda contundencia", porque el catalán "tiene que seguir siendo la lengua inclusiva, propia y transversal del país y también, claro está, de la escuela". "No permitiremos que nadie haga un uso político de la lengua porque es lo peor que se puede hacer por la convivencia", ha advertido. También la consellera de Educació, Esther Niubó, ha asegurado que el Govern defenderá "con firmeza" el modelo lingüístico en las escuelas y ha reivindicado el catalán como "lengua inclusiva, propia y transversal del país, también en la escuela."

El mundo educativo atribuye la decisión a un tribunal "anticatalanista"

Una de las reacciones que tampoco se ha hecho esperar ha sido desde el sindicato mayoritario de maestros y profesores en Catalunya, la USTEC-STEs, que ha denunciado la sentencia como "un nuevo ataque frontal contra el modelo de escuela catalana y contra la inmersión lingüística, pilar fundamental para la cohesión social y la igualdad de oportunidades". El colectivo atribuye el fallo judicial a un tribunal "anticatalanista y con unas intenciones claramente políticas", que ha emitido una sentencia "en contra del consenso social de todo un pueblo". En este sentido, los profesores reclaman al Ejecutivo de Salvador Illa que "defienda con firmeza" el modelo de escuela catalana y la inmersión lingüística y que adopte "medidas valientes para blindar" el uso del catalán y el aranés a todos los ámbitos educativos.