Plataforma per la Llengua y la ANC han anunciado que recurrirán contra la sentencia reciente del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que menosprecia el catalán en las aulas. En una rueda de prensa en su sede, la presidenta de la entidad, Rut Carandell, y la vicepresidenta, Mireia Plana, han calificado el fallo judicial de "contrario a la normativa vigente" y han hecho un llamamiento a defender la lengua. Además, Plana ha constatado que el fallo judicial demuestra que el Pacte Nacional per la Llengua es "insuficiente", a pesar de ser "muy necesario" para garantizar la plena protección. Por su parte, el presidente de la ANC, Lluís Llach, ha denunciado que la resolución del tribunal representa "el ataque más grave contra el catalán desde el franquismo" y ha criticado la actitud del president de la Generalitat, Salvador Illa: "Su actitud con la lengua será la de lavarse la cara, como otras veces", ha lanzado.

 

La reacción de Plataforma per la Llengua se ha producido pocas horas después de que el TSJC anulara varios artículos fundamentales del decreto lingüístico aprobado por la Generalitat en el 2024, dando parcialmente la razón a la Assemblea per una Escola Bilingüe (AEB). Los puntos anulados fijaban el catalán y el aranés como lenguas principales de docencia, de uso administrativo y de comunicación con las familias, así como en los materiales y las pruebas escolares. La resolución judicial, que todavía puede ser recurrida, también deja sin efecto los apartados que establecían el catalán como lengua preferente para impartir idiomas extranjeros o como lengua de acogida única para el alumnado recién llegado. Además, queda eliminada la exigencia de que todos los docentes y el personal no docente dominaran el catalán y se adecuaran de manera estricta al proyecto lingüístico del centro educativo.

El TSJC ha recordado que el decreto lingüístico de la Generalitat se aprobó como respuesta a resoluciones judiciales previas que imponían un mínimo del 25% de docencia en castellano. En su sentencia, los magistrados argumentan que declarar una lengua como "normal" no puede implicar su prevalencia sobre la otra y que el sistema educativo tiene que garantizar un equilibrio real entre el catalán y el castellano. El objetivo, subrayan, es asegurar que todos los alumnos finalicen la enseñanza obligatoria con un dominio pleno de las dos lenguas oficiales. Al mismo tiempo, el tribunal ha rechazado las impugnaciones referidas a cuestiones internas de los centros, como la rotulación o el uso del catalán en trámites administrativos, porque entiende que no inciden directamente en el derecho fundamental a la educación. De esta manera, el fallo judicial centra el foco en la necesidad de mantener una enseñanza bilingüe equilibrada y efectiva.