El Govern de la Generalitat recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) conocida este miércoles, que ha anulado varios artículos clave del decreto para blindar la inmersión lingüística con el catalán como lengua vehicular en las escuelas que impulsó el Govern de Pere Aragonès en el 2024 —con el apoyo del PSC, Junts, ERC y Comuns—. Así lo ha anunciado el president Salvador Illa esta mañana con una "referencia obligada", en los términos en los cuales se ha expresado desde una reunión con los alcaldes de las Terres de l'Ebre. "No permitiremos que nadie haga un uso político de la lengua porque es lo peor que se puede hacer por la convivencia", ha aseverado Illa.

El president de la Generalitat ha prometido que su Govern defenderá el modelo lingüístico de la escuela catalana "con toda contundencia" y ha avisado que tomarán todas las medidas que consideren oportunas para hacerlo. Asimismo, Salvador Illa ha subrayado desde su comparecencia en las Terres de l'Ebre que el catalán es y tiene que ser la lengua inclusiva, propia y transversal de Catalunya, "también en la escuela".

Todo ello remite a la sentencia conocida este miércoles con la cual el TSJC ha anulado varios artículos clave del decreto de régimen lingüístico educativo de la Generalitat del 2024 y ha amado parcialmente el recurso contencioso-administrativo presentado por la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Catalunya. El alto tribunal catalán declara nulos de pleno derecho los artículos, o partes de ellos, 2, 4, 6, 7.2, 9.3b, 10, 18.a, 19, 24, 33 y 34.1 que, entre otras cosas fijaban el catalán y el aranés en la Vall d'Aran como lenguas normalmente vehiculares y de aprendizaje y como lenguas habituales en la actividad docente y administrativa escolar, de relaciones con las familias, a los materiales didácticos y a las evaluaciones. Entre los artículos anulados también hay que establecen la garantía de la "presencia adecuada del castellano para garantizar la competencia lingüística del alumnado al finalizar la etapa educativa obligatoria", siguiendo los proyectos educativos, y otros artículos que equiparon la lengua de signos catalana al catalán o el aranés en el caso de los alumnos sordos.

Terremoto político

La sentencia también ha levantado otras respuestas críticas desde la órbita política, en este caso desde la oposición. La portavoz en el Parlament de Catalunya y vicepresidenta de los juntaires Monica Sales ha cargado contra la sentencia del TSJC asegurando que es un "ataque frontal" y una "injerencia" contra el catalán. Ante esta situación, los juntaires piden "contundencia" al Govern de la Generalitat presidido por Salvador Illa. "¿Qué hará el Gobierno del PSC? Pedimos que actúe con contundencia", ha dicho Salas en un vídeo.

Por su parte, la CUP también ha criticado el nuevo "ataque" a la lengua catalana. "Es un ataque a la cohesión social y territorial de nuestro país y al futuro de la lengua", han valorado los cupaires en un tuit a la red social X, desde donde también ha cargado contra el Pacte Nacional per la Llengua que impulsó el Govern de Illa, con el apoyo de ERC, Comuns y otras entidades, pero sin el apoyo de Junts, los cupaires y la ANC. "Menos Pactes Nacionals per la Llengua y más uñas y dientes en defensa de la inmersión lingüística", han reclamado desde la CUP.

Parte de la sociedad civil estalla: "Un nuevo ataque frontal contra el modelo de escuela catalana"

Desde la sociedad civil, el fallo judicial ha levantado a las críticas del independentismo: el Assemblea Nacional Catalana, de Òmnium Cultural, Plataforma per la Llengua y la Intersindical. "Siglos de persecución lingüística no son suficientes. Hoy vivimos un nuevo golpe de Estado contra la lengua", han expresado desde la ANC en un tuit, en el cual han instado los suyos a salir a "defender" la lengua este Onze de Setembre en las calles. Desde Òmnium Cultural han denunciado que el día de antes de la Diada, el TSJC "vuelve a hacer política contra Catalunya y su modelo de escuela". "No podemos permitir que un tribunal politizado y anticatalanista desmonte un consenso parlamentario y social avalado durante décadas en nuestro país", aseveran. Asimismo, exigen a las instituciones que la obsesión de un juez no dinamite la inmersión lingüística y ya adelantan que no se quedarán de brazos juntos, por lo que preparan una respuesta judicial y una movilización.

El sindicato mayoritario de maestros y profesores en Catalunya, la USTEC-STEs, también ha cargado contra una sentencia que consideran "un nuevo ataque frontal contra el modelo de escuela catalana y contra la inmersión lingüística, pilar fundamental para la cohesión social y la igualdad de oportunidades". El colectivo docente atribuye el fallo judicial a un tribunal "anticatalanista y con unas intenciones claramente políticas", que ha emitido una sentencia "en contra del consenso social de todo un pueblo". "La lengua y la educación de Catalunya no se tocan", ha aseverado a la portavoz de la USTEC, Iolanda Segura.

Por su parte, la consellera de Educación, Esther Niubó, ha asegurado que el Govern defenderá "con firmeza" el modelo lingüístico en las escuelas y ha reivindicado el catalán como "lengua inclusiva, propia y transversal del país, también en la escuela". Después de que Salvador Illa anunciara que recurrirán la sentencia del TSJC sobre el catalán, Niubó ha reafirmado, a través de X, que el ejecutivo tomará "todas las medidas que consideramos oportunas" para defender el modelo lingüístico en las escuelas. "La educación trabaja por la convivencia y la cohesión de la sociedad y no vamos a permitir que nadie haga un uso político de la lengua", ha indicado.