El segundo año del Govern de Salvador Illa ha multiplicado los frentes abiertos. El ejecutivo se puede apuntar en el balance positivo el hecho de haber conseguido finalmente aprobar los presupuestos, después de tres años en que Catalunya ha vivido con las cuentas prorrogadas. Esta es, sin duda, una meta clave para garantizar la legislatura. No obstante, este año el déficit de inversión en infraestructuras del Estado en Catalunya —que se mantiene implacable con el PSOE en la Moncloa, con un 8,6 % en 2025— ha estallado en las manos del Govern con toda su contundencia. El ejecutivo de Illa ha tenido que encajar desde el mes de enero un nuevo y largo descalabro de Rodalies. El rosario de incidencias de las infraestructuras no se ha detenido y ha registrado el mes de julio el derrumbe del Putxet y una grúa engullida por las obras de Montcada i Reixach. No obstante, el frente más caliente de este final de curso de Illa es Educació, que tras unos meses de alta tensión por la guerra abierta con los docentes ha cerrado el curso con un fiasco con las pruebas PISA, que ha dejado Catalunya fuera de la evaluación de la OCDE. Todo ello en un contexto de grave crisis del PSOE y del Gobierno de Pedro Sánchez, sometido a un acoso judicial dentro del cual la oposición ha intentado repetidamente incluir a Illa.
En este contexto, la aprobación de los presupuestos de este año ha representado para el Govern mucho más que un simple balón de oxígeno. Así lo reconoce tanto el PSC como la oposición. Unos y otros admiten que la no aprobación de las cuentas habría dejado tocado al Govern; y que el hecho de conseguir sacarlos adelante le da el empuje para resistir el resto de la legislatura. Esta era, además, la última oportunidad para aprobarlos, dado que el año que viene, en medio de un contexto electoral, se da ya por prácticamente imposible sacar adelante un nuevo proyecto.
Presupuestos
Con todo, no ha sido fácil aprobar las cuentas de este año, que se han votado en el Parlament con seis meses de retraso. Illa ha tenido que negociar a fondo. Los Comuns han querido marcar territorio en política de vivienda y han obligado al Govern a una larga negociación. Pero el auténtico obstáculo fue la negativa de ERC a ni siquiera negociar el proyecto, sin un compromiso con relación a la cesión del IRPF a Catalunya. Ante este enrocamiento, Illa planteó a los republicanos un pulso y presentó a finales de febrero un proyecto en el Parlament, sin acuerdo previo, que se vio obligado a retirar en marzo para evitar que el pleno los tumbara. Nunca hasta ahora el Govern había retirado su proyecto presupuestario del Parlament. Pero, finalmente, esto sirvió para desencallar las negociaciones con ERC, sin necesidad de ninguna concesión en relación con el IRPF, hasta el punto de que en la rueda de prensa de balance de curso, Illa aseguró que esta cuestión, que según el acuerdo de investidura se debería haber materializado este año, no figura en el foco de atención. El presidente dejó claro que la prioridad es la nueva financiación.
Salvador Illa en Sacramento con la vicegobernadora de California / Arnau Carbonell
En la cuenta de resultados, Illa insiste en señalar la "normalización" política de Catalunya, a pesar de que todavía no se ha conseguido la aplicación de la amnistía a los líderes del referéndum independentista. En este punto, subraya el retorno de empresas que se habían marchado a raíz del procés y los buenos datos macroeconómicos en Catalunya. El problema de la vivienda se ha convertido en uno de los objetivos prioritarios del ejecutivo, como también la proyección exterior de la economía catalana. Tras las visitas que protagonizó el año pasado a China, Japón y Corea, ha cerrado el curso con un viaje a Vietnam y Singapur, que se añade al que hizo en primavera a California.
Bajas en el Govern
Sin duda, sin embargo, uno de los rasgos diferenciales de estos meses ha sido la baja del president de la Generalitat. Illa fue ingresado de urgencias el pasado 17 de enero en el Hospital de la Vall d'Hebron, a raíz de un dolor muscular intenso. Después de tres días se le diagnosticó osteomielitis púbica, que le obligó a mantenerse hospitalizado durante dos semanas y continuar la hospitalización domiciliaria dos semanas más en su casa antes de reincorporarse al trabajo.
El president todavía estaba de baja cuando el 1 de febrero la consellera de Educació, Esther Niubó, comunicó que se tenía que someter a una operación de urgencia, que más tarde se supo que se debía a un tumor de timo y que la obligó a estar más de dos meses de baja. La tercera incidencia fue la de la consellera de Salut, Olga Pané, que sufrió un accidente doméstico el 12 de abril que le provocó una fractura en el peroné y tres meses y medio de baja. Precisamente, en las semanas previas al accidente, la propuesta de condicionar los fondos públicos para los CAP a la reducción de las bajas médicas había provocado una intensa polémica. Salut explicó que el objetivo era evitar que las bajas se prolongaran por retrasos burocráticos, pero finalmente la propuesta tuvo que retirarse.
Las tres bajas de los miembros del Govern fueron cubiertas por el conseller de Presidència, Albert Dalmau, que se encargó de asumir el encargo de despacho de los tres, especialmente espinoso en el caso de Educació, cosa que también le ha pasado factura.
Enseñanza
Con Dalmau como responsable del Departament d'Educació, el mes de marzo el Govern firmó un acuerdo con UGT y CCOO, dejando de lado a los sindicatos mayoritarios del sector, sobre las condiciones laborales de los docentes. Aquel pacto desencadenó el enfado de maestros y una tanda de 17 jornadas de huelgas y protestas que obligaron al ejecutivo a moverse y reabrir las negociaciones para intentar apaciguar los ánimos con un nuevo preacuerdo a finales de mayo. No obstante, después de meses de movilizaciones e irritados por la imagen de que todas sus exigencias se reducían a reivindicaciones salariales, los docentes lo rechazaron el 4 de junio cuando se sometió a consulta, y anunciaron nuevas movilizaciones para el inicio del próximo curso.
Educació se ha convertido, además, en protagonista también de la última gran crisis que sacude el Govern, por el descalabro con las pruebas de PISA. La conselleria comunicó que Catalunya ha quedado fuera de la evaluación de estas pruebas de la OCDE después de que el 23,2 % de alumnos seleccionados para participar quedaron exentos del examen, cuando el límite máximo de exentos que se aceptan para mantener la validez del resultado es del 5 %. A pesar de conocer esta circunstancia desde el mes de marzo, el Govern no comunicó estos hechos hasta el 24 de julio, cuando ya se había celebrado el último pleno del Parlament, cosa que irritó a la oposición, que obligó a Niubó a comparecer. El voto de ERC y Comuns evitó que también lo tuviera que hacer Illa. El president ha reiterado en todo momento la confianza en la consellera, pero ha dejado también claro que la voluntad del ejecutivo es llegar hasta el fondo en este tema y depurar las responsabilidades que correspondan.
Rodalies
El gran agujero negro del Govern sigue en las infraestructuras y, en particular, en Rodalies. El martes, 20 de enero, tras un episodio de lluvia y viento provocado por la borrasca Harry, un convoy de la R4 en dirección a l'Hospitalet de Llobregat chocó en Gelida contra un segmento de hormigón de un muro de contención que se había desprendido. Era de noche y llovía, lo que impidió frenar a tiempo y la colisión provocó la muerte de un joven maquinista en prácticas.
Adif suspendió la circulación de trenes para revisar las vías. Y Catalunya amaneció sin servicio de Rodalies. Los problemas se fueron multiplicando por la falta de trenes y de medios alternativos. Para colmo, la AP7, que pasa por aquel punto, se cerró por una posible inestabilidad, agravando la situación. El miércoles por la tarde, 24 horas después del accidente, el Govern anunció la reanudación del servicio ferroviario, pero al día siguiente solo 6 de los 140 maquinistas se presentaron a trabajar. El ejecutivo, desautorizado y desconcertado, consiguió un acuerdo con los sindicatos para revisar las vías de nuevo, las conocidas marchas blancas. Cuando el viernes, finalmente, se recuperó la circulación de trenes, las incidencias fueron constantes, con un nuevo deslizamiento y tensión entre el Govern, Adif y Renfe. En todo este tiempo, en ningún momento compareció en Catalunya el ministro de Fomento, Óscar Puente, a pesar de que el secretario de Estado de Transportes y Movilidad, José Antonio Santano, se tuvo que instalar en Barcelona. El desconcierto y la falta de respuesta provocaron la reprobación de Paneque en el Parlament.
Putxet
Después de aquel episodio, las incidencias se han mantenido constantes, causadas por la falta de inversión o por las obras con las que se intenta subsanar las deficiencias. El último susto se produjo a principios de este mes de julio cuando las obras de la línea 9 del metro provocaron un socavón en el barrio del Putxet de Barcelona, de ocho metros de diámetro y 4 de profundidad. El fantasma del Carmel recorrió la espalda del Govern. Ocho edificios fueron desalojados mientras se comprobaba la estabilidad de la zona. Algunos vecinos no podrán volver a sus hogares antes de septiembre. La guinda del curso se produjo el 20 de julio en Montcada i Reixach, donde un agujero en las obras de soterramiento de la línea R2 engulló una grúa entera.
El Govern insiste en señalar a los ejecutivos anteriores como responsables de las deficiencias en las infraestructuras. Pero los datos de ejecución de presupuestos hechos públicos este año por el Ministerio de Hacienda evidencian la desinversión que sufre Catalunya, que el año pasado solo consiguió un 8,2 % del total de obra ejecutada en el Estado.
Interior
Interior ha sido otro de los departamentos repetidamente situados en el ojo del huracán a raíz del incremento de los delitos provocados por armas de fuego. Aunque desde la conselleria de Núria Parlon se argumenta que los datos demuestran un descenso del 9,9 % de la criminalidad el primer trimestre de este año, los siete asesinatos a tiros registrados hasta el mes de julio han disparado las alarmas, teniendo en cuenta que en todo el 2025 se habían registrado 8 muertos en estas circunstancias. En esta escalada provocó especial preocupación el hombre muerto de un tiro en la cabeza en la calle Balmes en el mes de junio, en plena visita del papa León XIV, y el asesinato a tiros de un menor en el Parc de la Pegaso a principios de julio.
Con todo, la polémica que provocó la reprobación de la consellera y del director de los Mossos, Josep Lluís Trapero, fue el plan piloto en el que se proponía situar agentes de los Mossos de paisano en los centros educativos para realizar tareas de prevención y mediación. El rechazo de la oposición, socios y de la comunidad educativa desató una tormenta que obligó a retirar el plan.
Peste porcina
La conselleria de Agricultura ha sido, también, uno de los departamentos que ha tenido que hacer frente a más crisis. El conseller, Òscar Ordeig, ha encadenado desde octubre del año pasado, entre otras alertas sanitarias, la dermatosis nodular, que no se había detectado nunca en Catalunya; la gripe aviar, que mantiene el sector permanentemente en alerta, y la peste porcina africana, una epidemia que el Govern todavía no ha conseguido contener. En noviembre del año pasado aparecieron los primeros jabalíes infectados por el virus, después de 30 años sin detectar ningún positivo, cosa que ha obligado a adoptar numerosas medidas para evitar los movimientos de los animales y ha mantenido restringido el acceso al parque natural de la Serra de Collserola. En estos meses, ha provocado la caída del precio de la carne de cerdo, cierre parcial del mercado exterior y pérdidas millonarias en el sector. Más allá de los conflictos provocados por la atribución del origen de la epidemia de peste porcina, Ordeig ha conseguido gestionar unas situaciones extremadamente complejas sin recibir el castigo de la oposición.
Derechos Sociales
La conselleria de Drets Socials i Inclusió, que hasta este mes de julio encabezaba Mònica Martínez Bravo, ha tenido que gestionar la crisis en torno al desbarajuste con las ayudas a jóvenes extutelados de la Dirección General de Ayuda a la Infancia y la Adolescencia. Precisamente, esta semana la Fiscalía Anticorrupción ha anunciado que investiga las ayudas. La Sindicatura de Comptes cifró en 167 millones de euros los pagos indebidos de diferentes prestaciones subjetivas de la Generalitat entre 2016 y 2022, de los cuales 4 millones correspondían a ayudas a jóvenes extutelados. La titular de Drets, que mantenía su residencia en Madrid, cosa que la dejaba ausente de Catalunya todos los fines de semana, se convirtió en uno de los objetivos de la oposición. Finalmente, Martínez Bravo ha sido sustituida por Raúl Moreno, que hasta ahora ocupaba la secretaría general.
A pesar de la intensidad de todos estos casos, la responsable del Govern que ha protagonizado uno de los encontronazos más tensos en el Parlament ha sido la titular de Recerca i Universitats, Núria Montserrat. La razón fueron las acusaciones de Junts, que la acusa de utilizar la conselleria en beneficio de su carrera personal. El de Montserrat es uno de los nombres que permanentemente aparece en las quinielas de posibles cambios de Govern, aunque Illa asegura estar satisfecho con todos los miembros de su ejecutivo.
El Govern cierra, finalmente, un curso que no ha sido sencillo. Pero, además, se prepara para un mes de septiembre en el que deberá encarar todas las asignaturas que le han quedado pendientes, desde las Rodalies hasta los conflictos en Educació; con el añadido de un calendario electoral que no le facilitará las cosas, como tampoco lo hará el calendario judicial que persigue al PSOE y Pedro Sánchez. Eso sí, el Govern Illa podrá contar, finalmente, con sus presupuestos, la auténtica inyección de kriptonita para lo que le resta de legislatura.