El descontrol en la gestión por parte de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), admitido por el Govern con una auditoría, es investigado por la Fiscalía Anticorrupción, que pidió a la Oficina Antifrau de Catalunya colaborar juntos para dirimir si hay indicios delictivos en la concesión de prestaciones económicas a jóvenes extutelados. La Sindicatura de Cuentas cifró en 167 millones de euros los pagos indebidos de las diferentes prestaciones subjetivas de la Generalitat durante los años 2016 a 2022, de los cuales unos 4 millones en ayudas a jóvenes extutelados. Antifrau abrió dos investigaciones: una relacionada con la gestión de las ayudas a jóvenes extutelados en Girona, gestionada por UTE formada por Fontanilles-Resilis, y la segunda con la gestión de los pisos para menores no acompañados, llamados pisos fantasma porque supuestamente la entidad gestora cobraba de la Generalitat, pero no eran ocupados. El caso fue destapado por un trabajador, al que Antifrau dio la categoría de alertador para protegerlo.
En las diligencias de investigación, Anticorrupción examina ahora un primer informe finalizado por parte de Antifrau, según han explicado a ElNacional.cat fuentes cercanas a la investigación. Se trata de la externalización de la gestión de las ayudas a la emancipación de los jóvenes extutelados, que se puso en marcha en septiembre de 2022 y fue concedido por concurso a la UTE formada por Fontanilles-Resilis en la demarcación de Girona. En este caso, Antifrau concluye que no hay indicios de delito. Es decir, no ve fraude, pero invita a Anticorrupción a que examine y valore los incumplimientos contractuales que habría cometido la fundación Resilis en la gestión de estos recursos, tal como fijaba la administración. Se descubrió que algunos jóvenes cobraban la ayuda pública (entre 6.800 y 36.400 euros de golpe) de forma indebida porque tenían trabajo o estaban en el extranjero, situaciones atribuidas a la falta de control y retrasos en la tramitación por parte de la entidad gestora.
La concesión de los pisos, pendiente
Paralelamente, Antifrau, que dirige Josep Tomàs Salàs, mantiene abierta una segunda investigación sobre la gestión de los pisos tutelados, también por parte de Resilis. En este caso, el organismo ha pedido bastante información al Departament de Drets Socials y a la entidad gestora para aclarar si hay irregularidades administrativas o de responsabilidad penal. En un informe, la Sindicatura de Greuges alertaba que el servicio de vivienda solo es usado por el 20,6% de los chicos extutelados. También que se había rechazado dar una plaza de vivienda a unos 750 jóvenes entre los años 2021 y 2023. Paradójicamente, también se indicaba que el porcentaje de plazas no ocupadas es del 7%.
Paralelamente a la investigación de Anticorrupción, el Tribunal de Cuentas también inició un análisis preliminar, pedido por la Fiscalía de este órgano, para determinar si hay una responsabilidad contable en la gestión del dinero público e imputable a algún responsable del Govern. El Parlament, por su parte, cerró la comisión de investigación sobre la DGAIA la semana pasada sin imputar responsabilidades a ningún exconseller de Drets Socials ni a su equipo, y con la constatación de que los servicios se desbordaron con la llegada de menores no acompañados.
Contrato prorrogado
Actualmente, la UTE formada por Fontanilles-Resilis continúa la gestión de la prestación a jóvenes extutelados hasta este diciembre. El Departament de Drets Socials i Inclusió confirmó que lo prorrogaba para no dejar a los menores no acompañados sin atención, y que después sería asumido por la sustituta de la DGAIA, la Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l'Adolescència (DGPPIA). El servicio tiene un coste de 556.916 euros.
La Generalitat externalizó el servicio del SEVAP ante el desbordamiento de casos, en 2022, pero el control de los expedientes tampoco fue efectivo. La auditoría, encargada por la Generalitat, confirmó que "la contratación de este equipo de seguimiento intensivo no habría sido suficiente para evitar los pagos indebidos y apuntan a la existencia de deficiencias en la gestión de la prestación de extutelados y copago de los servicios de vivienda". El documento también apunta a la falta de personal, herramientas de gestión insuficientes o déficits en la interoperabilidad como carencias en la gestión de la prestación.
En la auditoría se expone que, en el caso del servicio de Resilis en Girona, "en 29 de los 32 expedientes de la muestra revisada que se encontraban transferidos, no constan las actuaciones de seguimiento y verificación que requiere la normativa. Este hecho provocó que 16 de estos expedientes, en el momento de ser transferidos, los jóvenes incumplieran los requisitos para ser beneficiarios de la prestación económica, la cual debería haber sido suspendida o extinguida con anterioridad".
La Sindicatura de Greuges también exigió que se ordenen y agilicen los servicios para que no se repitan las irregularidades administrativas con el retraso en la concesión de las ayudas y en su retirada. Aseguraba que la cobertura de los programas de emancipación era "insuficiente": solo cubre la mitad de los jóvenes al cumplir 18 años y quedan excluidos "perfiles vulnerables".
De las últimas cifras conocidas, se indica que en el año 2024 hubo 2.774 beneficiarios de prestaciones económicas, que recibieron unos 23 millones en ayudas, que representan 392 jóvenes más que en 2023 y unos 5 millones más de presupuesto. Y, hasta junio de 2025, había 2.354 extutelados con ayudas y un presupuesto de 7,8 millones de euros, y 1.236 en viviendas asistidas.