La consellera de Educació y Formación Profesional, Esther Niubó, comparece este lunes para dar explicaciones sobre el error detectado en la muestra catalana del informe PISA, que hace que los resultados de los alumnos catalanes no puedan ser comparados con los del resto de participantes. La incidencia, que el Govern atribuye a razones "técnicas", ha dejado un 23,2% del alumnado excluido, cifra muy superior al límite del 5% que fija la OCDE, el impulsor de estas pruebas. Sin embargo, fuentes conocedoras del funcionamiento del mecanismo de PISA rechazan en declaraciones a ElNacional.cat los argumentos del ejecutivo y atribuyen la incidencia a una cadena de errores que evidenciaría la mala praxis del Departamento. "La culpa es de la conselleria", aseguran.
El primer paso del proceso para obtener los informes PISA lo da la OCDE, que es quien envía a la Generalitat una lista con los centros que ha elegido para realizar las pruebas. Esta selección debe "representar el conjunto de Catalunya" y corresponde a la conselleria comprobar que la muestra sea realmente representativa del sistema educativo catalán. Según las fuentes consultadas, uno de los posibles errores sería que esta revisión no se hiciera correctamente y que la selección incluyera un porcentaje superior al que correspondía de centros de alta complejidad. En este caso, explican, el Departamento debía detectarlo, contrastarlo con los datos de que dispone sobre el conjunto de centros del país y, si era necesario, "negociar con la OCDE" una modificación de la muestra antes de validarla. "Era responsabilidad suya mirar si esta muestra era adecuada o no", sostienen. Es decir, antes del inicio de las pruebas, el Departamento ya dispondría de un filtro para evitar que se produjera esta situación. "Quien debía saber si este 5% se cumplía era la conselleria", aseguran.
Una vez que la lista de centros queda consensuada entre la OCDE y la Generalitat, los centros reciben las instrucciones para organizar las pruebas y aplicar los criterios de exclusión previstos. Después de hacer los exámenes, envían los resultados de sus alumnos al Departamento, que es el encargado de verificar que la muestra cumple los requisitos antes de remitirla al organismo internacional. Es en este punto donde, según las fuentes consultadas, se produciría el segundo error. "Si tú das por válida la muestra y tienes que llegar a 2.500 alumnos, pero solo te envían 1.909 resultados, tienes que preguntarte dónde están los otros alumnos", explican. A pesar de ello, aseguran que la Generalitat habría dado la documentación por buena y la habría enviado a la OCDE. El problema solo se habría detectado cuando el organismo internacional analizó los datos y comprobó que el número de alumnos examinados era muy inferior al previsto. "Cuando se empezaron a mirar los resultados vieron que había menos alumnos de los que tocaban en aquella muestra. Es entonces cuando detectan que ha habido unas excepciones exageradas", concluyen.
El momento de la revelación
Fuentes de la oposición consultadas por ElNacional.cat cuestionan la manera como el Departamento ha gestionado la comunicación de la incidencia. Recuerdan que la OCDE prevé publicar los resultados de las pruebas PISA el 8 de septiembre, coincidiendo con el inicio del curso, pero remarcan que la Generalitat ya conocía el problema desde el mes de marzo, coincidiendo con la visión de USTEC. "Lo han tenido que decir ahora, cuando ya lo sabían desde el mes de marzo", afirman. A su parecer, el calendario del anuncio no es casual, ya que antes del verano el Departamento afrontaba las negociaciones con los sindicatos y varias jornadas de huelga docente. "Con todas las huelgas que había, ¿quién lo explica?", se preguntan. Por eso sostienen que "ha habido una estrategia comunicativa" detrás de la decisión de hacer pública la incidencia a finales de julio, con el Parlament a las puertas del periodo de vacaciones y buena parte de la comunidad educativa sin actividad, una gestión que, aseguran, "todavía hace más daño" porque "se huele la intencionalidad".
La enésima polémica que salpica al Departament d’Educació llega, además, en un momento de debilidad política para Niubó. El pasado 21 de mayo, el Parlament reprobó a la consellera al aprobar una moción impulsada por Junts que instaba al Govern a llegar a un acuerdo inmediato con los sindicatos mayoritarios de la enseñanza y advertía que, si no era posible, había que cesarla "por su incapacidad de abordar el conflicto abierto con los docentes desde hace meses y plantear las medidas necesarias para dar estabilidad a la comunidad educativa". La invalidación de los resultados de las pruebas PISA se suma así a una legislatura marcada por el pulso permanente entre Educació y el colectivo docente.