Por primera vez, parece que se puede empezar a fijar un calendario realista del retorno del president Carles Puigdemont a Catalunya. Aunque los jueces no hablan en público, ni hacen declaraciones, parecen haber encontrado la manera para decir la suya cuando a mediodía de este jueves todos los medios de comunicación catalanes y españoles publicaban, con los matices de cada uno, una información propia sobre cuál era la posición del Tribunal Supremo y del juez Pablo Llarena sobre la orden de detención, que pesa sobre Puigdemont desde 2017, si cruza la frontera con Francia y llega a Catalunya. En síntesis, el mensaje es claro: Hemos leído a fondo la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUC) y es contundente sobre la amnistía y su pronunciamiento favorable. Segundo: Ahora falta que el Tribunal Constitucional remarque la doctrina en el recurso de amparo de Jordi Turull y despeje cualquier incertidumbre sobre la malversación. Y, tercero: una vez eso suceda y marque doctrina, el magistrado Pablo Llarena tiene la intención de aplicar inmediatamente la amnistía a todos ellos, sin necesidad de que el president Puigdemont espere a la resolución de su recurso de amparo ante el TC.
Aunque algunos habíamos venido escribiendo, desde hacía tiempo, que después de la sentencia del TJUE el problema estaba en que el Constitucional hiciera bien sus deberes, con un cierto sarcasmo del mundo socialista español, ahora el Tribunal Supremo ha aportado luz oficial a su posición. Se le acaban así, por lo tanto, las excusas a Cándido Conde-Pumpido para manejar a su antojo el calendario, como ha hecho durante el último año para tratar de maniatar a Junts, y también el Supremo le dibuja el camino a seguir si quiere que todo llegue a buen puerto. Muchas son las lecturas que se pueden hacer de este súbito movimiento público de ajedrez de la cúpula judicial, que, obviamente, no es fruto de la improvisación, sino más bien de la sentencia del TJUE y de la situación política en España, que poco o mucho siempre tiene su importancia, por más que los jueces se escuden en que ellos no hacen política y solo hacen sentencias. Diez años después de la primera orden de detención de Pablo Llarena, el carril que ha dibujado el TJUE es tan estrecho que el Supremo no está dispuesto a seguir manteniéndose inflexible en sus posiciones y tampoco a plantear una nueva prejudicial a Europa.
Por primera vez, parece que se puede empezar a fijar un calendario realista del retorno del president Carles Puigdemont a Catalunya
Al contrario, acatar al Constitucional —por eso le reclama contundencia— y dar la partida por acabada. Algo que ellos pueden explicar perfectamente: hemos planteado durante diez años una batalla judicial a fondo y sin cuartel, pero el TJUE lo cambia todo con su sentencia del mes de julio y ahora el TC lo ratifica. Pasemos página, que ya no hay nada más que hacer y ahora la carpeta judicial es la de Pedro Sánchez y sus diferentes ramificaciones familiares, políticas y del gobierno. Nunca se reconocerá así, pero es obvio que alguna reflexión de que, llegados a este punto, el marrón (para ellos) de aplicar la amnistía tenía más sentido con un gobierno socialista que poner palos a la rueda a un futurible gobierno del PP y Vox en España con esta patata caliente en sus primeros meses de gobierno. Además, escucharon perfectamente el mensaje de Alberto Núñez Feijóo el pasado mes de junio en el congreso del PP catalán, cuando afirmó que, como la mayoría de los catalanes, nosotros [el PP] también queremos pasar página.
¿Y cuál es el nuevo y probable calendario? El 22 de septiembre el pleno del TC estudia el recurso de Jordi Turull. El ponente es José María Macías, del sector conservador y crítico con la amnistía, lo que hace, en principio, improbable que ese día haya sentencia definitiva. Si la propuesta de Macías es rechazada por la mayoría, habrá que nombrar un nuevo ponente y se señalará un nuevo pleno para el 6 de octubre. Las fechas siempre son, cuando menos, curiosas: ese día de 1934, el president de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys, proclamó el Estado Catalán dentro de la República Federal Española. Pues bien, el 6 de octubre de 2026 pasa a ser una fecha potencialmente decisiva para Puigdemont, aunque no se puede asegurar aún que la sentencia se apruebe necesariamente ese día o en los siguientes. A partir de la sentencia del Constitucional, habría que esperar unas dos semanas a la publicación de la misma y sería entonces cuando el Supremo movería ficha. Estamos hablando de finales de octubre o en aquellos días. Este es el calendario con el que se trabaja para el levantamiento de la orden de detención de Puigdemont. Y, a diferencia de otras veces, el calendario es el del Supremo.