El juzgado de Barcelona encargado de investigar el caso Pegasus ha recibido este jueves las resoluciones judiciales del Tribunal Supremo que autorizaron el espionaje al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). El Gobierno ha rectificado la comunicación de esta semana, en la cual informaba al juez de la desclasificación de las comunicaciones, pero no le había entregado las tres resoluciones del Supremo que permitía al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) intervenir el móvil de Aragonès, cuando era vicepresidente del Govern. Precisamente, la entrega de los documentos se ha producido 24 horas antes de que la exdirectora del CNI, Paz Esteban, declare como investigada por el caso por videoconferencia desde Madrid.

Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha admitido este jueves durante una comparecencia en el Congreso que su ejecutivo ha enviado al juez la documentación "absolutamente esencial" y "sin ningún tipo de tacañería" para que la exdirectora del CNI pueda declarar y ser interrogada este viernes por el espionaje a Aragonés. Según Robles, en esta documentación "queda claro" que "todo lo que se hizo fue con autorización judicial" y, por lo tanto, "con respeto absoluto a la ley".

Desclasificación de documentos 

El pasado 16 de enero, el Gobierno desclasificó los documentos con información relativa al espionaje a través del software Pegasus a Pere Aragonès. En concreto, son tres resoluciones: resolución del magistrado del Supremo, Pablo Lucas, que autorizaba la intervención del móvil de Aragonès, el julio de 2019, con un plazo de tres meses, que habría permitido grabar llamadas de algunas personas implicadas en las protestas postsentencia del 1-O; la segunda es una prórroga de octubre, y la tercera es de enero del 2020, por un plazo de 3 meses más. Con todo, lo más importante es determinar cuáles son los argumentos del CNI para investigar a Aragonés, y el motivo por el cual contó con la autorización del magistrado Pablo Lucas. A petición de la defensa de Aragonés, Andreu Van den Eyde, el magistrado también ha reclamado que se lo informe de la compra del software Pegasus y su uso.

Después de la desclasificación, Aragonés afirmó que espera que sirva para “conocer toda la verdad” sobre el caso. A parecer suyo, la decisión de desclasificar la documentación se tendría que haber tomado “mucho antes”, pero ahora espera que el nuevo panorama permita saber “por qué desde el CNI se dedicaron a espiar responsables políticos del país, líderes políticos y sociales por la simple razón de defender la independencia de Catalunya”.