Sin prisas. El Gobierno ha enviado un oficio al juez de Barcelona que investiga el espionaje del president Pere Aragonès con el software Pegasus, en el cual le informa de que ha desclasificado los autos del Tribunal Supremo que dieron permiso al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para intervenir el móvil del líder de ERC, pero no los ha adjuntado. Ahora tendrá que reclamar los autos al CNI, hecho que atrasa la instrucción. La comunicación oficial del Consejo de Ministros es de esta semana y ha sorprendido incluso al titular del juzgado de instrucción 29 de Barcelona, Santiago García, ya que esperaba tener también las resoluciones del Supremo para avanzar en la investigación.

Además, el juez retrasó la declaración de la exdirectora del CNI, Paz Esteban, como investigada, para este viernes para tener tiempo de recibir esta información. Sin las resoluciones del Supremo, seguramente, Esteban, que declarará por videoconferencia desde Madrid, se acogerá a su derecho a no declarar, tal como tienen derecho todos los investigados.

Tres resoluciones del Supremo

El Consejo de Ministros aprobó el 16 de enero pasado la desclasificación de este espionaje a Aragonès cuando era vicepresidente del Govern. Son tres resoluciones: la primera en que se acuerda intervenir el teléfono móvil de Aragonès es de julio de 2019, con un plazo de tres meses; la segunda es una prórroga de octubre, y la tercera es de enero 2020, por un tiempo de tres meses más, según han confirmado este miércoles a ElNacional.cat fuentes jurídicas.

Aparte de las fechas, lo más importante a saber son los argumentos dados por el CNI para investigar Aragonés y que lo validara el magistrado Pablo Lucas, el cual ya denegó al juez de Barcelona la entrega de las resoluciones porque son secretas.

El magistrado también ha reclamado, a petición del abogado de Aragonès, el penalista Andreu Van den Eyde, que se le informe de la compra del software Pegasus y su uso. El gobierno del PSOE, por ahora, lo ha denegado por cuestiones de seguridad nacional. El juez lo volverá a reclamar, según fuentes jurídicas.

Obligación ética y moral

El president de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), declaró el diciembre pasado ante el titular del juzgado de instrucción 29 de Barcelona que fue espiado por el Gobierno, a través del CNI, con la infección de su móvil con el software Pegasus entre julio de 2018 en marzo de 2020, según una pericial aportada. Inicialmente, la querella fijaba los días 4, 5 y 13 de enero de 2020, cuando les alertó al grupo de investigación canadiense Citizen Lab en el 2021, de que descubrió a 65 afectados del independentismo catalán. 

"Es una obligación ética y moral del Gobierno levantar el secreto de este espionaje político tan grave", afirmó Aragonès al salir de la declaración. La querella también se dirige contra la empresa israelí NSO, propietaria de Pegasus.

Abogacía del Estado

La Abogacía del Estado, que lleva la defensa de la exdirectora del CNI, presentó un recurso al juez en que pedía que archivara la causa y que anulara todos los requerimientos para aclarar si el CNI usa Pegasus, desde cuando y qué control se realiza.

El Gobierno ya bloqueó estas respuestas en la causa por el espionaje con Pegasus a la eurodiputada de ERC Diana Riba y a Josep Maria Jové, que dirige a la titular del juzgado de instrucción 20 de Barcelona. El gobierno de Pedro Sánchez respondió a la magistrada Eva Moltó que los dos republicanos no fueron espiados y que no se puede desclasificar la documentación, ya que esta podría poner en riesgo la actividad del CNI. No obstante, una reciente pericial de los Mossos ha ratificado que los móviles de los diputados fueron intervenidos.

Secretaria apartada

Paralelamente, la letrada de la Administración de Justicia, Montserrat del Toro, ha sido apartada del procedimiento de Pegasus, porque el TSJC tiene que resolver ahora si acepta la recusación presentada contra ella por Aragonés, al asegurar que tiene una ideología opuesta al independentismo porque actuó como testigo contra los líderes catalanes en el Supremo.