La Fiscalía considera que la Audiencia Nacional es competente para investigar la entrada masiva de migrantes en Ceuta de los días 30 y 31 de julio. En un informe remitido a la jueza María Tardón, el fiscal jefe, Jesús Alonso, sostiene que "los efectos más relevantes" de los hechos se produjeron en territorio español y defiende que este órgano judicial está capacitado para abordar "fenómenos criminales complejos y organizados". Según ha explicado el ministerio público en una nota de prensa, el principal resultado objeto de la investigación fue "la entrada masiva e irregular de personas" en la ciudad autónoma española, un elemento que, a su parecer, refuerza la competencia de la Audiencia Nacional para asumir la causa.
La Fiscalía sitúa en Marruecos una parte esencial de la arquitectura de la operación que desembocó en las entradas masivas en Ceuta. Según el texto, "una parte sustancial de la fase de planificación, movilización, coordinación logística, difusión digital y eventual dirección estratégica" se habría desarrollado en territorio marroquí, mientras que "la ejecución material de la acción, el resultado perseguido y los efectos más relevantes" se produjeron en España. Precisamente, sobre esta "dirección estratégica", el informe de la Policía Nacional también apunta hacia Rabat. El documento atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos un papel central en un proceso que perseguía "colapsar el sistema de gestión fronteriza" y "eliminar la capacidad de respuesta por parte de España". "Nos encontramos ante un proceso planificado y ejecutado por medio de la coordinación de actores de relevancia", señala el informe.
Sea como fuere, la Fiscalía aprecia, en esta fase inicial de la causa, indicios de posibles delitos de favorecimiento de la inmigración irregular, homicidio y lesiones por imprudencia grave, así como de organización o grupo criminal. El ministerio público considera que el eventual delito de favorecimiento de la inmigración irregular podría estar agravado tanto por una posible actuación en el seno de una organización como por el riesgo generado para la vida o la integridad física de las personas afectadas. Estos hechos podrían concurrir, según su tesis, con delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave. La investigación deberá aclarar, además, si el conjunto de los acontecimientos puede llegar a encajar en delitos que afecten el orden público o bienes jurídicos de carácter colectivo, entre los que "la paz o la independencia del Estado".
Secreto parcial de las actuaciones
La Fiscalía ha pedido también a la magistrada que decrete el secreto parcial de las actuaciones ante la concurrencia de "razones excepcionales". María Tardón ya dispone tanto del informe de la Fiscalía como de los documentos que había solicitado a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, y deberá decidir ahora si abre una causa para investigar los hechos ocurridos en Ceuta a partir de la denuncia presentada por Iustitia Europa. La posible investigación judicial se centraría así en una crisis que dejó alrededor de 140 personas muertas.