El accidente de Urda (Toledo) permanecerá en el imaginario de los electores del 29N, pero la etapa más amarga de la tragedia ya se ha superado. Ha pasado más de una semana desde que 69 víctimas mortales se sumaban a las 46 de Adamuz en menos de un año y este pasado martes Óscar Puente asumía sus responsabilidades como ministro de Transportes dimitiendo del cargo. ¿Hora para que Pedro Sánchez levante la cabeza y encarrile lo que resta de carrera electoral? No del todo. La corrupción ha vuelto a bajar al PSOE y al PP al barro. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha decidido, en plena precampaña, ordenar a la UCO detener a seis personas y llevar a cabo unos registros que no hacen más que dar munición a los populares para disparar contra los socialistas. Pero también con un cierto tiro por la culata: el exasesor de José Luis Ábalos salpica ahora al partido de Alberto Núñez Feijóo; asegura que le ofrecieron un millón de euros a cambio de dar información contra Pedro Sánchez, aunque esto incluyera decir mentiras.
La dimisión de Puente ha permitido a Sánchez —aunque a la desesperada— dar la vuelta al mensaje de la campaña. Ante el señalamiento al fracaso del sistema ferroviario español, ahora Sánchez puede defender que, como mínimo, su ya exministro "ha dado la cara", ha gestionado la parte más urgente de la catástrofe y después ha dimitido. "No todos somos iguales", ya publicaba el líder socialista en Twitter (X) el día de la dimisión. Y esta forma de actuar contrasta con uno de los episodios más negros del último ciclo político: la gestión de la DANA del popular Carlos Mazón, que tardó un año en dimitir.
Cuando solo hacía unos minutos que Puente había dimitido, la sala de máquinas de la Moncloa ya ponía manos a la obra al nuevo eje sobre el que debe girar la campaña, que había arrancado con la crisis de la vivienda en el centro: no todos los políticos son iguales y el PSOE no tiene una concepción tan patrimonialista del poder como el PP. Después de una parada de más de una semana para respetar el luto de Urda, el presidente del Gobierno ha reanudado los mítines de campaña.
Pero ni la tragedia de Toledo ni la dimisión de Puente pueden enterrar uno de los lodazales más importantes que ha erosionado Sánchez esta legislatura. Mientras se mantienen vivos frentes como el de Ceuta, ahora con mandos marroquíes localizados en la frontera el día de la entrada masiva, los casos de corrupción se engordan y vuelve a aparecer la tormenta judicial. Esta semana el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha abierto una nueva pieza separada y secreta del caso Koldo a raíz de un informe de la UCO, con la participación de la Fiscalía Anticorrupción. Por orden del magistrado, la Guardia Civil ha detenido a seis personas en Madrid, Córdoba, València y Sevilla, que quedaron en libertad la misma tarde. Entre ellas se encuentran Andrea de la Torre, pareja de José Luis Ábalos, y Cristian Corvillo, militante del PSOE a quien se señala como chófer de Pedro Sánchez en las primarias de 2017. Los agentes también registraron la casa del exministro de Transportes en València y requirieron información a Adif. La nueva pieza sale de la rama que investiga presuntas comisiones en obra pública de Transportes durante la etapa de Ábalos, y en ella aparecen delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y fraude fiscal.
Sánchez se ha desvinculado de todo ello. "Ninguna de estas personas tiene nada que ver conmigo", aseguraba el jueves en rueda de prensa. La Moncloa, por su parte, niega que Corvillo fuera nunca su conductor. El PP dispara toda la munición que la ofensiva judicial pone a su alcance: Miguel Tellado hablaba estos días de "traca final del sanchismo decadente". Con la tragedia de Toledo todavía reciente, el secretario general de los populares sentenciaba, además, que "la corrupción cuesta vidas". La catedral de Toledo acogerá el funeral por las víctimas, con la presencia de los Reyes, esta semana.
Las tramas sobre irregularidades han sido esta legislatura el terreno de mayor desgaste que ha aprovechado el PP. De hecho, al día siguiente de que Sánchez anunciara el adelanto electoral, los populares pidieron a la Audiencia Nacional imputar al PSOE en el caso Leire Díez, las llamadas cloacas de Ferraz. El magistrado lo rechazó, pero solo por ahora, con el argumento de que todavía hay que profundizar en la investigación.
Ahora bien, ¿podría el caso Koldo convertirse para el PP en un tiro por la culata? Justo esta misma semana el exasesor de Ábalos aseguraba, en unos audios enviados desde la prisión de Soto del Real a la Cadena SER, que el abogado del PP Alberto Durán le ofreció un millón de euros a cambio de una campaña de desgaste hacia Pedro Sánchez y Begoña Gómez. Según su relato, ambos se reunieron en dos ocasiones en mayo de 2025, cuando Durán dirigía la acusación popular del PP en el caso Mascarillas. La oferta, siempre según la versión de Koldo, incluía también una rebaja de pena para no entrar en prisión, sacar a su familia del proceso y pagarle la defensa. "Eduardo Inda (el director de OKdiario) era el pagador del PP", afirma. El millón se tenía que repartir en dos pagos: 300.000 euros por una entrevista en este medio de comunicación en la que tenía que señalar a Sánchez, Gómez y José Luis Rodríguez Zapatero "incluso mintiendo", y 700.000 euros más por los derechos de un libro.
Durán y el PP niegan los hechos y aseguran que las acusaciones son falsas. Sin embargo, la editora de OKdiario pagó dos facturas a la defensa de Koldo por un total de 242.000 euros, en noviembre de 2025 y en enero de 2026; el digital de Inda sostiene que correspondían a un libro y una serie. La SER afirma que tres fuentes corroboran la existencia de la oferta, pero no consta que el millón se llegara a pagar. Los socialistas ponen el grito en el cielo. Sánchez y el ministro Félix Bolaños también han exigido explicaciones a Alberto Núñez Feijóo. Además, el PSOE estudia querellarse por la supuesta oferta, según señaló este jueves la secretaria de Organización del partido, Rebeca Torró, en una entrevista en TVE. Queda aún mucha campaña.