Sorpresa. La fiscal ha anunciado este lunes, en el juicio en la Audiencia de Barcelona por el caso vacunas, que retira la acusación contra los exconsellers de Salut Alba Vergés y Josep Maria Argimon y otros tres excargos de Salut por supuestamente haber retrasado la vacunación de la covid-19 a policías españoles y de la Guardia Civil destinados en Catalunya, en marzo de 2021. Inicialmente, la Fiscalía solicitaba 12 años de inhabilitación a cargo público para Vergés, Argimon y también para el exsecretario general de Salud, Marc Ramentol y al exdirector del Servei Català de la Salut, Adrià Comella. El presidente del tribunal, el magistrado José Manel del Amo, ha pedido a la fiscal que presentara su informe, y esta solo ha manifestado: "Se ratifica la retirada de la acusación". Nada más.
Por su parte, los abogados de las acusaciones populares han mantenido la acusación del delito de prevaricación administrativa, con la petición de 12 años de inhabilitación a cargo público, haciendo suyo el escrito de acusación inicial del Ministerio Público. Han asegurado que los excargos de Salut pararon la vacunación de los agentes, a pesar de que estaba acordada y programada. "Fue una decisión injusta y arbitraria", han asegurado los letrados. También se han quejado de que el tribunal, en la primera sesión, "expulsara" el delito contra los derechos de los trabajadores, por el cual pedían 3 años de prisión a los cuatro excàrrecs de Salud.
La polémica de la causa es que la consellera Vergés ordenó, tal como dijo el ministerio de Salud, "reprogramar" la vacunación con AstraZeneca y priorizar a los mayores de 60 años por delante de los grupos esenciales, donde estaban los policías españoles y también los Mossos, de los cuales, sí tenían esta edad, fueron vacunados.
Los sindicatos policiales mantienen la acusación
En este sentido, la mayoría de los sindicatos también ha retirado la acusación a Francesc Xavier Rodríguez, entonces director de servicios del Departament de Salut, que ya no lo acusaba la fiscal. El sindicato JUPOL, de la policía española le ha mantenido la acusación. Las otras acusaciones son: la JUCIL, de la Guardia Civil y el Sindicato Profesional de Policía (SPP) y la Unión Oficial de la Guardia Civil Profesional (UOGCP).
La JUPOL y la JUCIL denunciaron el retraso de la vacunación en una demanda a la sala del contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que ordenó como medida cautelar que se vacunara a los agentes españoles, que entonces solo estaban inmunizados en un 3%, en el porcentaje que tenían los Mossos d'Esquadra, en un 70%, el marzo de 2021. En la sentencia, el TSJC abrió la puerta que se denunciara a los responsables de Salut por la vía penal, como hicieron los sindicatos policiales y también la Fiscalía.
"Una vacunación a medida"
El abogado de Vergés, el penalista Mariano Bergés, ha pedido que se condene en costas a las acusaciones populares, que representan los sindicatos policiales, y se han adherido todas las defensas. En su informe final, Bergés ha asegurado que el retraso parcial de la vacunación fue por "causas objetivas" y "sin que tuviera responsabilidad la consellera Vergés ni el Departament de Salut" y por ello ha solicitado su absolución.
El penalista ha explicado que se hizo "una vacunación a medida" de los agentes españoles y de la Guardia Civil, que pidieron ser vacunados en espacios propios y que los cuerpos policiales debían entregar las listas de los agentes que se tenían que vacunar y que, a veces, se modificaban. "No hubo ninguna discriminación y se actuó en defensa del interés público", ha concluido Bergés, recordando que era un periodo excepcional, con "escasez de dosis de vacunas", y que, al final, se vacunó a todos los agentes, con el impulso del TSJC.
Ninguna vulneración a la igualdad
Carles Martínez, abogado de Marc Ramentol, también ha pedido su absolución porque la reprogramación de la vacunación "no era un capricho, sino con un criterio de salud pública". El penalista también ha manifestado que la causa tendría que haber quedado cerrada con la resolución del TSJC porque los agentes fueron vacunados.
Por su parte, Olga Tubau, abogada de Josep Maria Argimon, ha asegurado que la sala de lo contencioso del TSJC "no habría estimado que se hubiera producido una vulneración al derecho fundamental a la igualdad si hubiera tenido el testimonio de los coordinadores policiales". Los dos explicaron en el juicio que los responsables de Salut, especialmente Rodríguez, estuvieron a su disposición para poner las dosis a los agentes. La penalista también ha indicado que no existe prevaricación porque "el delito requiere una resolución, y no se hizo ninguna". También ha recordado que Argimon defendió continuar vacunando a los policías por un tema "logístico", pero que el acuerdo de vacunar a mayores de 60 años era correcto de forma "clínica, ética y epistemológica", a parecer del responsable de Salut.
Josep Riba, abogado de Adrià Comella, también ha pedido su absolución y ha insistido que "como director general de CatSalut no tenía competencias, ni podía decidir nada" en la decisión de la vacunación de los agentes. También ha criticado las acusaciones de los sindicatos policiales por "criminalizar decisiones públicas durante una pandemia sin precedentes". "Me ha provocado tristeza ver a estas personas que lo dieron todo durante la pandemia sentadas al banquillo de los acusados", ha confesado Riba.
Finalmente, Miriam Company, abogada de Xavier Rodríguez, ha destacado la "maravillosa actuación de coordinación y gestión" que tuvo durante la pandemia, tal como aseguraron los responsables de la policía española y de la Guardia Civil en el juicio. Ha recordado que Rodríguez era "un cargo técnico que ha trabajado durante 14 años y con diferentes gobiernos, y que no tenía responsabilidades" y que "estar en copia en los correos electrónicos de Salut no significa que decidiera nada, como dicen las acusaciones".