La exdirectora de la Agencia Estatal de Administración Tributaria Soledad Fernández Doctor ha negado este lunes haber recibido nunca presión política alguna por parte del Gobierno y ha rechazado cualquier vínculo entre su reciente cese y la investigación fiscal abierta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. En su comparecencia ante la comisión de investigación del Senado sobre la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Fernández Doctor ha insistido en que llevaba tiempo queriendo dejar el cargo por "cansancio" y por la necesidad de descargar trabajo antes de su próxima jubilación. Según ha relatado, así se lo comunicó al actual ministro de Hacienda, Arcadi España, cuando este tomó el relevo de María Jesús Montero en marzo; él le pidió esperar hasta el cierre de la campaña de la renta, algo que ella aceptó sin reparos, de modo que su salida se hizo efectiva el 30 de junio, coincidiendo con el final de esa campaña.
Preguntada de forma insistente por el PP sobre las pesquisas fiscales que afectan a Zapatero, a su entorno familiar y a su presunto testaferro, el empresario Julio Martínez, la exdirectora ha optado por no pronunciarse, amparándose en su deber de confidencialidad. Pese a ello, sí ha confirmado que la Agencia ya ha abierto un procedimiento de inspección sobre el entramado societario de Martínez y ha reconocido no entender cómo sus mecanismos de control no detectaron antes que este no presentó declaración de la renta entre 2020 y 2023, pese a que —según sostiene el PP— cobraba como consultor unas retribuciones de 50.200 euros y afrontaba un alquiler de 60.000 euros mensuales por un inmueble en la calle Diego de León. "Si eso es así es un lamentable error y lo lamento profundamente", ha admitido, añadiendo que el área de gestión ya ha realizado alguna actuación al respecto, aunque ha evitado dar más detalles.
El PP ha acusado directamente a la Agencia de haber propiciado la prescripción de parte del entramado investigado y de haberse visto forzada a actuar solo tras el hallazgo judicial de joyas en la caja fuerte de Zapatero. Fernández Doctor ha rechazado esa versión, ha negado haber dejado prescribir nada y ha defendido que el organismo "ha hecho su trabajo", actuando siempre que dispuso de indicios suficientes. Sobre su personación como posible perjudicada en la pieza separada del caso Plus Ultra, instruida por el juez José Luis Calama a raíz de las joyas halladas en la caja fuerte de Zapatero, ha explicado que tuvo que reclamar ella misma al juzgado la notificación correspondiente, ya que no le había llegado, y que dos días después de recibirla encargó a la Abogacía del Estado que asumiera su representación en la causa. También ha señalado que existen dudas, trasladadas por la responsable de Aduanas, sobre un posible delito de contrabando vinculado a esas joyas, extremo que —ha dicho— deberá esclarecerse en el propio procedimiento judicial.
La exdirectora ha descartado además cualquier implicación de la Agencia Tributaria en el préstamo concedido por la SEPI a Plus Ultra y ha precisado que, en sus cuatro años al frente del organismo, solo se reunió una vez con la exministra Montero, encuentro que —según ha explicado— tuvo como único objeto cuestiones de personal. Preguntada por la investigación por presunto cohecho que afecta a José Antonio Marco Sanjuán, expresidente del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) y exalto cargo de Hacienda, y por su relación con Julio Martínez, Fernández Doctor ha respondido que Sanjuán se encuentra actualmente de baja, que desconoce el vínculo entre ambos y que no correspondería a la Agencia Tributaria instruirle un expediente disciplinario.
Durante la sesión se ha producido además un choque entre la compareciente y el letrado de la comisión: mientras ella invocaba el artículo 95.3 de la ley de la Agencia Tributaria para no responder sobre asuntos relacionados con Zapatero, el letrado ha replicado que dicha reserva no sería aplicable tratándose de altos cargos y de una comisión de investigación. Fernández Doctor ha mantenido su negativa, alegando el riesgo de incurrir en un delito de revelación de secretos si abordaba cuestiones que forman parte de una causa penal en curso.