La entrada masiva de migrantes este jueves en Ceuta no es un fenómeno nuevo en la historia entre España y Marruecos. Lo que sí marca un precedente es la magnitud del episodio, con más de 60.000 personas desplazadas, una cifra récord que ha coincidido con una relajación casi total de los controles migratorios en el lado marroquí de la frontera. Varios testimonios recogidos por The New York Times refuerzan las sospechas sobre la pasividad de los agentes aduaneros. Youssef Aloui asegura que, cuando su grupo se acercó a la frontera, los policías no les intentaron detener, sino que les indicaban el camino: "No paraban de decirnos: 'Id en esta dirección, en esta dirección'". Escenas como esta se han repetido en diferentes momentos desde principios de los años noventa y responden a una dinámica conocida en las relaciones internacionales como "coacción migratoria" o "estrategia en zona gris". Es decir, utilizar la apertura o el cierre de los flujos migratorios como una herramienta de presión política sobre España y, por extensión, sobre la Unión Europea.
Es una práctica extendida. Decenas de gobiernos han sido acusados a lo largo del último siglo de facilitar o modular los movimientos de migrantes para obtener beneficios políticos. Se ha visto en Turquía en años anteriores. También en Bielorrusia. Pero el caso de Marruecos es especialmente relevante en clave española. Varios testimonios e imágenes han evidenciado que el régimen de Mohamed VI, que concentra amplios poderes ejecutivos dentro de una monarquía absolutista, ha abierto los accesos hacia los enclaves españoles sin intervenir, generando una ola migratoria inabarcable en un primer momento para la Guardia Civil, los agentes aduaneros e incluso el ejército.
Rabat es consciente de que la inmigración es una de las cuestiones más sensibles del debate político español y europeo. La relajación de los controles fronterizos tiene un impacto inmediato y a menudo se ha interpretado como una palanca para obtener concesiones diplomáticas, como el giro del Gobierno de Pedro Sánchez sobre el Sáhara Occidental en 2022. El episodio más reciente ha vuelto a evidenciar esta dimensión geopolítica, con una crisis que ha tensado las relaciones entre España y varios estados del espacio Schengen y ha llevado a Italia a reforzar los controles fronterizos. Al mismo tiempo, el coste humano sigue siendo enorme: decenas de miles de personas se han lanzado a cruzar la frontera buscando una vida mejor y, en esta ocasión, al menos 67 han muerto en el intento.
Thousands of migrants continue crossing from Morocco into Spain's Ceuta enclave. Local officials are urging Madrid to declare a national emergency. pic.twitter.com/MnHgV2Ez30
— Open Source Intel (@Osint613) July 30, 2026
El incidente en el yate real, agosto de 2014
Uno de los casos más citados para ejemplificar esta dinámica se remonta a agosto de 2014. Una patrullera de la Guardia Civil que navegaba frente a Ceuta ordenó detener una embarcación para una inspección rutinaria, sin saber inicialmente que formaba parte de la comitiva real marroquí y que a bordo viajaba el mismo Mohamed VI. El monarca interpretó la actuación como una humillación personal y trasladó inmediatamente sus quejas tanto al rey Felipe VI como al Gobierno. El Ministerio del Interior, liderado entonces por Jorge Fernández Díaz, y varios mandos policiales pidieron disculpas formales a Marruecos, pero el episodio no se cerró aquí. Poco después del incidente, los controles fronterizos en el lado marroquí se relajaron de forma repentina y, en los días siguientes, más de 1.200 migrantes llegaron a las costas de Andalucía.
El caso Brahim Ghali, mayo de 2021
Dejando de lado los hechos de 2014, el caso más paradigmático antes de la actual crisis de Ceuta se produjo en mayo de 2021, a raíz de la decisión del Gobierno de acoger de forma discreta y por "razones humanitarias" al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, para que fuera tratado de la covid-19 en un hospital de Logroño. Ghali es el secretario general del movimiento que reclama la autodeterminación del pueblo saharaui en el Sáhara Occidental, un territorio que Marruecos considera parte integrante de su país y sobre el que mantiene una disputa abierta desde hace décadas. Su entrada en España fue interpretada por Rabat como un gesto hostil. El gobierno marroquí mostró su enfado y, en un comunicado, su ministerio de Asuntos Exteriores aseguró "deplorar" la ayuda brindada a Ghali. Además, convocó al embajador español en Rabat, Ricardo Díez-Hochleitner, "para exigirle las explicaciones necesarias", tal como recogía el texto oficial.
Este conflicto diplomático tuvo consecuencias pocas semanas después, cuando las autoridades marroquíes redujeron drásticamente —de nuevo— la vigilancia en los accesos fronterizos del Tarajal, en Ceuta, hecho que facilitó la entrada de entre 8.000 y 10.000 personas, entre las que había numerosos menores. Muchas llegaron nadando o caminando hasta la ciudad autónoma ante la pasividad de los controles en el lado marroquí, desencadenando una crisis entonces sin precedentes en la historia de las relaciones entre los dos países. La magnitud de la avalancha obligó al Gobierno a desplegar el ejército, con vehículos blindados en la playa del Tarajal, mientras las calles y los recursos de acogida de Ceuta quedaban desbordados por la llegada repentina de miles de personas.
Concesiones políticas
La crisis de 2021 marcó un punto de inflexión en la política exterior española. Después de meses de tensión con Rabat, en marzo de 2022, Sánchez envió una carta a Mohamed VI en la que avalaba el plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental como la base "más realista" para resolver el conflicto. El Gabinete Real marroquí difundió públicamente la misiva, que escenificó el giro respecto a la tradicional posición de neutralidad que España había mantenido hasta entonces en el marco de las resoluciones de las Naciones Unidas. El cambio contribuyó a restablecer las relaciones bilaterales y, durante un tiempo, las llegadas irregulares se redujeron de manera significativa, pero también provocó una fuerte controversia interna. La decisión, adoptada por el ala socialista del Gobierno español, fue duramente criticada por buena parte de los grupos políticos y por los socios del ejecutivo. También provocó una ruptura temporal de las relaciones diplomáticas entre España y Argelia.
Hasta ahora, la crisis del islote de Perejil de 2002 sigue siendo el único episodio en que un Gobierno, presidido entonces por José María Aznar, optó por una demostración de fuerza militar ante Marruecos, una escalada que situó temporalmente a ambos países en alta tensión. El resto de crisis se han resuelto por la vía diplomática, a menudo después de periodos de fuerte tensión en la frontera. Este patrón ha alimentado la percepción, compartida por numerosos analistas, de que el control de los flujos migratorios se ha convertido en uno de los principales activos de Rabat ante España, ya que le otorga una capacidad de presión que condiciona buena parte de las negociaciones entre ambos países.